En el ya lejano mayo de 2008 los homicidios dolosos comenzaron a crecer a tasas nunca antes vistas en el México contemporáneo. La detención de un capo, Alfredo Beltrán Leyva (a) El Mochomo, el 21 de enero de 2008, fue el evento clave que desencadenó la escisión de la organización de los hermanos Beltrán Leyva (OHBL) del Cártel de Sinaloa (CDS). Durante aquel mayo los enfrentamientos entre la OHBL y el CDS, sus anteriores jefes, se multiplicaron en varios puntos del país (Tijuana, Mazatlán, Acapulco, La Laguna, Guadalajara), pero Ciudad Juárez fue el epicentro de esta guerra.
En diciembre de 2010, un año y medio después de que ocurriera esta primera partición del CDS, ocurriría una más que expandiría la crisis de violencia del poniente al este del país (a Monterrey, Reynosa, el puerto de Veracruz y Coatzacoalcos): Los Zetas, el brazo armado del Cártel del Golfo, tomó su propia senda para erigirse velozmente en una organización autónoma, muy agresiva y con presencia nacional. Ambas escisiones (la de la OHBL y la de Los Zetas) serían un factor fundamental para que México experimentara, por primera vez, una epidemia de violencia a gran escala que triplicó su tasa de homicidios dolosos en apenas cuatro años, cuando pasamos de una de ocho por cada 100 mil habitantes, en 2007, a otra de 24, en 2011. Este abrupto aumento de los homicidios fue un fenómeno inusitado para un país de gran tamaño, que venía experimentado una baja progresiva de los homicidios desde la década de los 90, y que no albergaba una guerra civil o sostenía un conflicto bélico con un ente externo. Esta fue nuestra primera ola de violencia.
La segunda ola o epidemia de violencia a escala nacional arrancó en septiembre de 2014, mostró su cresta en octubre de 2020 (año en el que, de acuerdo con el monitoreo que coordino en Lantia Intelligence, hubo 24 mil 807 víctimas letales del crimen organizado –VLCO– en territorio nacional), y aún no concluye, pues, aunque la disminución de las VLCO durante 2021 y 2022 fue significativa (de -5.2 por ciento y de -15.4 por ciento, respectivamente), el número de víctimas por mes continúa siendo muy alto (de mil 588 en abril pasado). El motor de la violencia durante esta segunda ola ha sido el expansionismo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el cual creó, entre 2014 y 2018, un mercado muy redituable de robo de combustible, especialmente en la región centro del país. Además, en ese mismo lapso, el CJNG registró una notable expansión territorial, la cual ha sido, en algunos casos (e.g., Colima y Zacatecas), extraordinariamente violenta.
Desde hace casi una década, Guanajuato se convirtió en el estado más violento de México, con 231 VLCO mensuales, en promedio, durante el último año (lo cual representa 14 por ciento de las víctimas a nivel nacional). Ahí el CJNG contiende con el Cártel Santa Rosa de Lima (un conglomerado de células locales, varias de ellas de carácter familiar) por el control criminal de una treintena de municipios. Asimismo, el CJNG está involucrado en varias confrontaciones con el CDS en varios estados donde, a pesar de registrar bajas en sus niveles de violencia durante el último año (como en los casos de Baja California, Chihuahua, Michoacán y Zacatecas), la violencia no cede o se dispara episódicamente. En el caso de Colima la violencia está ahora fuera de control: policías y agentes de la Fiscalía del estado han sido repetidamente víctimas de ataques en el contexto de las disputas entre el CJNG, CDS y una banda local, el Cártel Independiente de Colima.
En Baja California, Tijuana se mantiene como la ciudad más violenta del país, con 154 VLCO al mes, en promedio, durante el último año. Ahí pelean, además del CJNG y el CDS, varias organizaciones locales como el Cártel de los Arellano Félix, Los Pilotos y el Cártel de Ensenada. Durante el último lustro, las autoridades municipales de Tijuana mantienen pugnas con las autoridades estatales, lo cual se ha convertido en un obstáculo infranqueable para que mejore la seguridad pública en esta importante metrópoli fronteriza.
Finalmente, en lo que va de 2023 observamos un notable deterioro de la seguridad en Tamaulipas (donde la consolidación de César Morfin (a), El Primito, como líder criminal hegemónico en Reynosa, ha permitido el resurgimiento de Los Metros como principal aliado del CJNG a nivel nacional), en Jalisco (donde CJNG sigue expandiéndose y defiende celosamente zonas bajo su control como Los Altos), Guerrero (cuyas autoridades han sido incapaces de detener la violencia en Acapulco, Chilpancingo e Iguala, y la incursión de grupos violentos como La Nueva Familia Michoacana), Quintana Roo (especialmente en Cancún y Tulum, por enfrentamientos entre bandas vinculadas con el CDS y mafias locales), y Sonora (cuya violencia se concentra al sur de la entidad por la intensa contienda de grupos criminales por el control de Guaymas y Cajeme).