A puerta cerrada. Así se llevó a cabo el miércoles pasado una importantísima comparecencia de los miembros del gabinete de seguridad ante la –va un nombre largo y rimbombante– Comisión Bicamaral para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Seguridad Pública, que encabeza el senador Ricardo Monreal. Del lado del gobierno estuvieron presentes los titulares de Gobernación, Adán Augusto López; de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez; de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y de Marina, Rafael Ojeda. De esta comparecencia, que fue por momentos ríspida, trascendieron varios temas, en particular gracias a algunas intervenciones en medios de uno de los legisladores que asistieron, el senador independiente Emilio Álvarez Icaza.
Es justo reconocer que la celebración misma de la comparecencia es positiva (sobre todo considerando el hermetismo que tradicionalmente ha caracterizado al Ejército mexicano). Sin embargo, también quedó de manifiesto la cerrazón que todavía impera en algunos temas. Por ejemplo, la Secretaria de Seguridad se negó a que siquiera se discutiera uno de los asuntos de mayor preocupación en la coyuntura actual: el uso por parte del Ejército del software Pegasus para espiar a periodistas. Cuando Álvarez Icaza preguntó al respecto, la secretaria reviró que “no ha lugar” a la pregunta.
Lo más significativo de la comparecencia es que exhibió la magnitud de la fractura que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha generado, no sólo entre el gobierno y la oposición, sino también entre poderes; el Ejecutivo, evidentemente a favor, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en contra.
En el gobierno y en el Ejército parecen decididos a cobrar caro a los ministros el atrevimiento de invalidar el traslado de la Guardia Nacional a la Sedena. El mismo día de la comparecencia, en la mañanera, el subsecretario de Seguridad Pública, el general Luis Rodríguez Bucio, reveló una peculiar lista de jueces “que defienden a delincuentes”. No sólo llama la atención que una lista así se ventile en una conferencia de prensa, sino también que entre los jueces solapadores de criminales apareciera el nombre, nada más y nada menos, de la ministra presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña.
También es elocuente que, en su intervención durante la comparecencia del miércoles pasado, el secretario de Gobernación señalara que el Poder Judicial es “un profundo lastre” que “deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo”. Se trata de una declaración bastante desafortunada. Por supuesto, hay enormes rezagos en las instituciones de impartición de justicia (y no faltarán los jueces corruptos). Sin embargo, las más de las veces la impunidad se debe a la actuación deficiente de las fiscalías. Algunos jueces de control incluso se han visto en la penosa necesidad de corregirle la plana a agentes del Ministerio Público que, de manera poco sutil, presentan investigaciones llenas de deficiencias y omisiones deliberadas (que son las que generalmente facilitan que criminales de alta peligrosidad salgan en libertad).
No estoy entre quienes automáticamente se desgarran las vestiduras ante cualquier participación del Ejército en labores de seguridad pública. Me parece que descalificar a las Fuerzas Armadas por la simple razón de que no son “civiles” es un razonamiento profundamente simplista (que omite la realidad de que nuestras policías simplemente no tienen una institucionalidad, que es imposible construir de la noche a la mañana, que sí tiene el Ejército). Sin embargo, la dramática concentración de recursos en manos militares inevitablemente ha generado intereses, excesos y corruptelas que serán cada vez más difíciles de ocultar. Al Poder Judicial le corresponde la difícil tarea de fungir como contrapeso ante esta concentración de poder.
En el contexto político actual –es decir, con la oposición en la lona– esta abierta confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial es la mayor amenaza al orden institucional del país. Lo deseable sería que el próximo gobierno buscara que las aguas vuelvan a su cauce, y que se restablezca una relación de respeto mutuo (no de sumisión como se quisiera en Palacio Nacional). Por lo mismo, los temas que se discutieron en la comparecencia del gabinete de seguridad son justamente aquéllos sobre los que es prioritario conocer la posición de corcholatas y aspirantes. Serán también temas en los que vendría muy bien que, una vez que inicien las campañas, la candidata o el candidato de Morena, busque marcar una distancia respecto de su actual jefe.