“Haremos el México más seguro de la historia”. En las últimas semanas, Marcelo Ebrard ha centrado su campaña en ese mensaje, un acierto desde mi punto de vista. México enfrenta numerosos desafíos, pero la inseguridad es probablemente aquel en el que hemos tenido, a lo largo de lo que va de este siglo, un retroceso evidente. Ebrard también anunció el llamado Plan ANGEL, que consiste en utilizar masivamente una serie de tecnologías para el combate al delito: reconocimiento facial, detectores de armas, identificadores del lugar exacto donde se realizó un disparo, reconocimiento morfológico de delincuentes (es decir, analizar patrones de comportamiento de los sospechosos), extender el uso de drones para perseguir a grupos de la delincuencia, dar a cada guardia nacional una cámara que transmita en tiempo real, y crear una base de datos generada por inteligencia artificial.
Por supuesto, las campañas, o como sea que se llamen las actividades que realizan los aspirantes, no son un espacio que propicie el análisis y discusión de alto nivel de programas de gobierno. Los políticos en campaña inevitablemente privilegian los mensajes sencillos y con mayor impacto mediático. Claramente la propuesta de Ebrard buscaba ese impacto. Me parece que lo logró (a lo que contribuyó, sin duda, la ausencia de propuestas alternativas), pero también recibió una buena dosis de críticas burlonas.
Sin embargo, el Plan ANGEL no me parece una mera ocurrencia. De entrada, es positivo que Ebrard no se limite a repetir el lugar común de la última década, el “fortalecimiento” de la policía. Si bien dicha labor sigue siendo indispensable dentro de la política de seguridad de largo plazo, no puede ser la única apuesta para la solución de la actual crisis. Las tecnologías, como las que Ebrard propone, funcionan porque reducen una serie de ventajas clave de los criminales: el anonimato, la sorpresa y la posibilidad de darse a la fuga. La videovigilancia y el análisis de información ya son una herramienta fundamental en las ciudades donde se ha logrado disminuir la incidencia delictiva, como ha sido el caso de la capital (donde el gobierno de Sheinbaum también logró avances importantes). Ahora bien, la tecnología de punta, por sí sola, tampoco es la solución. A continuación, me permito plantear tres consideraciones para Ebrard, y cualquier otro aspirante que en verdad esté interesado en impulsar el uso de tecnología como un nuevo pilar de la política de seguridad.
La primera es la vigilancia y evaluación del gasto. A los mandos del sector seguridad, de los tres órdenes de gobierno, les fascinan las compras de equipamiento, pues ofrecen una excelente oportunidad para el enriquecimiento. En el sector abundan los proveedores sin escrúpulos, dedicados a vender cámaras y otros gadgets –a menudo inoperantes– a precios de oro. Hace unos años ya tuvimos una fiebre de los C4 y C5. Instalaciones millonarias, supuestamente con tecnología de última generación. Sobra decir que, en muchos casos, no se obtuvieron los resultados esperados. Antes de comprar cámaras y drones a diestra y siniestra sería prioritario establecer procedimientos especiales, tanto para transparentar el gasto, como para vigilar que el nuevo equipamiento se mantenga funcional. Incluso sería buena idea considerar un mecanismo de compras consolidadas de equipamiento para la seguridad.
La segunda es buscar soluciones tecnológicas que se adapten a la situación excepcional de México. Los problemas más graves del país no son de delincuencia común, sino que derivan de la operación de grupos armados ilegales, que cuentan con armamento militar y que en algunas regiones tienen control territorial. De manera recurrente, estos grupos han atacado instalaciones estratégicas de las autoridades (en el sur del Estado de México, por ejemplo, el crimen organizado ha destruido en repetidas ocasiones los postes de videovigilancia del C5 estatal). En este sentido, el uso de drones para identificar de forma oportuna el desplazamiento de comandos armados podría ser una adaptación interesante de la tecnología propuesta por Ebrard.
Tercera y última. La tecnología no sólo debe ser adoptada por las policías, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas. Igualmente importante es que las fiscalías la incorporen dentro de su estrategia de persecución penal (algo que Ebrard ya menciona), y que ésta genere evidencia que cuente con validez probatoria plena ante el Poder Judicial. De esta manera, la tecnología también podría ser la clave para superar el primitivo esquema actual de arrestos en flagrancia y en operativos “rastrillo”, generalmente por portación de armas o drogas. La tecnología nos podría acercar a un escenario mucho más prometedor, en el que nos enfoquemos en investigar, localizar, capturar, llevar a juicio y sentenciar delincuentes de alta peligrosidad.