La Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA) cumple cincuenta años. Desafortunadamente, su larga historia ha estado marcada por los fiascos y los abusos, tanto al interior de Estados Unidos como en las decenas de países donde opera (actualmente cuenta con oficinas en 67 naciones). La DEA no sólo ha sido la principal promotora global de la fallida estrategia punitiva de combate a las drogas, sino que también se le identifica como una institución corrupta e incompetente, frecuentemente ligada a escándalos. Por citar sólo un ejemplo, en 2022, el director regional en México de la agencia antidrogas, Nicholas Palmeri, fue removido del cargo a sólo 14 meses de haber sido designado. Lo anterior, después de que se descubriera que Palmeri había vacacionado en Miami con un grupo de abogados que representan a algunos de los más connotados narcotraficantes y operadores financieros del crimen organizado. Aunque la DEA intentó inicialmente manejar la destitución de manera discreta, el escándalo se filtró a principios de este año.
Hasta hace algunos años, esta mala reputación, sumada a la progresiva legalización o despenalización de algunas sustancias –y al auge de una nueva narrativa hacia las drogas, enfocada en la salud pública–, hacían pensar que la DEA perdería gradualmente protagonismo y recursos, al interior del aparato de seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, en los últimos tiempos, la agencia antidrogas parece tener una renovada presencia en los medios y en el debate público al norte de la frontera.
Parte de este resurgimiento refleja el nombramiento, en 2021, de Anne Milgram como titular de la agencia antidrogas. Milgram, una abogada que había hecho carrera en el sistema de procuración de justicia, ha recurrido a un discurso agresivo y, en ocasiones, simplista, pero sumamente eficaz, en el que los cárteles mexicanos figuran como el gran enemigo público de la salud de los norteamericanos. Gracias a su particular estilo, Milgram obtuvo una confirmación unánime del Senado a los dos meses de haber sido nominada para el cargo por el presidente Biden (desde tiempos de Obama ningún director había sido confirmado, y la DEA se había acostumbrado a ser dirigida por encargados de despacho).
El comeback de la DEA no sólo se explica por la hábil estrategia de comunicación de Anne Milgram. También va aparejado a una crisis real de salud pública: el explosivo aumento del consumo de fentanilo y de las muertes por sobredosis que éste ocasiona. De acuerdo con cifras del National Institute on Drug Abuse, de 2015 a 2021 las muertes asociadas a los opioides sintéticos, categoría que incluye al fentanilo, se multiplicaron siete veces, hasta rebasar las 70 mil.
En este contexto, la semana pasada la DEA anunció una importante actualización en su lista de los diez criminales más buscados. Salieron de la lista algunos de los capos mexicanos más relevantes, de forma destacada Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, así como el Mayo Zambada. En su lugar se integraron personajes vinculados a la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, que se especializa precisamente en el trasiego de fentanilo hacia Estados Unidos. Entre los nuevos nombres que aparecen como los más buscados por la DEA está Iván Archivaldo Guzmán, hijo mayor del Chapo.
El renovado protagonismo de la DEA –una agencia con prácticas bastante cuestionables y que sigue enarbolando la vieja estrategia de persecución de capos– es, en términos generales, una mala noticia para México. La DEA presiona y seguirá presionando a las autoridades mexicanas para que enfoquen sus recursos en el combate a las redes de tráfico trasnacional de drogas. Lo anterior irá en detrimento del combate a otras actividades más violentas y más nocivas para la sociedad y las instituciones mexicanas, como la extorsión generalizada. Que Los Chapitos sustituyan al CJNG como blanco prioritario ilustra este cambio.
Sin embargo, en la coyuntura actual, tal vez haya un aspecto rescatable del involucramiento de la DEA. Anne Milgram ha enfatizado que, además de los capos, buscará promover juicios y extradiciones contra las autoridades que los protejan. De forma emblemática, en 2022, el Departamento de Justicia concretó la extradición del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, ocasión que Milgram aprovechó para mandar una advertencia a todos los políticos que reciban ayuda o financiamiento del narcotráfico para sus campañas. A la luz de estas declaraciones, así como de la intromisión descarada del Cártel de Sinaloa en las elecciones de 2021, es altamente probable que, durante las campañas del próximo año, la DEA busque exhibir cualquier vínculo de Los Chapitos con candidatos o apoyos que los primeros brinden a los segundos.