Durante los últimos días se han difundido ampliamente los resultados de una investigación académica que se propuso estimar, entre otras cosas, la población total del crimen organizado en México. El artículo con los resultados de este trabajo fue publicado en el último número de la revista Science (vol. 381, no. 6664, 22 de septiembre de 2023, pp. 1312-1316). Sus autores son Rafael Prieto-Curiel, Gian Maria Campedelli y Alejandro Hope. Los dos primeros adscritos al Complexity Science Hub Vienna, en Austria, y al Departamento de Sociología de la Universidad de Trento, en Italia, respectivamente. Alejandro Hope, por otra parte, fue un eminente investigador independiente de la seguridad pública, el crimen organizado y la violencia en México, que falleció prematuramente el pasado 28 de abril.
El texto de Science tiene dos propósitos: primero, obtener estimaciones de la población de los ‘cárteles’, incluido el número de sus miembros y su capacidad de reclutamiento. En este artículo, por cierto, la palabra ‘cártel’ alude a cada una de las 150 organizaciones criminales que figuran en la base de datos que recolectó en fuentes abiertas el Programa de Política de Drogas (PPD) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El segundo propósito de la investigación es simular un par de escenarios de política pública: uno en el que prevalece una política intensiva en arrestos de presuntos criminales, y otro en el que las autoridades tienen como estrategia dominante la prevención del reclutamiento criminal. Lo anterior, nos dicen Prieto-Curiel, Campedelli y Hope, para desentrañar los efectos de las distintas estrategias para frenar el poder de los cárteles y, a su vez, la violencia en el país. En lo que resta de este artículo me centraré únicamente en mostrar los resultados que la investigación nos ofrece en lo que atañe al primer propósito, pues me interesa contrastarlos con los resultados que obtuvimos recientemente en Lantia Intelligence en un ejercicio menos complejo y sofisticado, pero con el mismo propósito.
Para estimar la cifra total de miembros del crimen organizado, la pieza de Science construye un modelo que incluye los datos sobre los 150 ‘cárteles’ activos en 2020, con información sobre sus alianzas y rivalidades, así como datos relativos a homicidios, desapariciones y encarcelamientos. De acuerdo con Prieto-Curiel, Campedelli y Hope, los cuatro mecanismos que determinan el tamaño de un ‘cártel’ son los siguientes: reclutamiento, incapacitación (i.e., encarcelamiento), saturación (i.e., inestabilidad interna y escisiones) y conflicto (i.e., confrontación entre ‘cárteles’). Los resultados indican que, para 2022, los cárteles contaron con entre 160 mil y 185 mil unidades, “convirtiéndose en uno de los principales empleadores en el país”. Ahora bien, sin entrar en las fascinantes vertientes del trabajo publicado en Science, me interesa mencionar cuáles fueron los resultados de una investigación que realizamos en Lantia Intelligence hace apenas unas cuantas semanas, en la que nos propusimos exclusivamente arribar a una primera estimación sobre cuántas personas trabajan de modo regular para las organizaciones criminales de México. A pesar de que nuestra investigación utilizó otros datos y una metodología distinta, el resultado final es asombrosamente parecido al del texto de Science.
Como lo mencioné en mi columna del pasado 7 de agosto, para cuantificar el personal que labora para las dos grandes coaliciones criminales del país (los llamados ‘cárteles’ de Jalisco y Sinaloa), utilizamos en Lantia la información sobre la presencia nacional de ambos cárteles a nivel municipal, a la que aplicamos parámetros derivados de nuestra experiencia (contrastada con la valoración de mandos policiales, estatales y municipales) en el seguimiento de células criminales a nivel local. Aunque los parámetros varían de acuerdo con el tipo de actividad que se realice, acordamos que, ahí donde tienen presencia, los cárteles típicamente tienen alrededor de 20 integrantes por cada 100 mil habitantes. Esta cifra se elevó a 40 integrantes para el caso de las 64 organizaciones clasificadas como ‘mafias’ (presencia regional), y baja de nuevo a 20 integrantes cuando se trata de las 374 ‘bandas delictivas’ (presencia local).
Ahora bien, los resultados que arrojaron nuestros cálculos fueron los siguientes: los ‘cárteles’ emplean aproximadamente a 23 mil 600 personas (cifra que publiqué en este diario), las ‘mafias’ emplean a 75 mil 200 personas y las ‘bandas’, a 76 mil 300 –estas dos últimas cifras fueron publicadas en nuestros briefings de mediados de agosto pasado–, lo cual nos da una cifra total de 175 mil 100. Esta cifra, por último, está casi en el centro del rango calculado por Prieto-Curiel, Campedelli y Hope, lo cual me parece que robustece sus resultados. Dos rutas muy diferentes que condujeron al mismo resultado. Sorprendente.