A lo largo de la semana pasada se celebró en la Ciudad de México una serie de reuniones –algunas públicas, otras privadas– entre funcionarios mexicanos y estadounidenses de las áreas de seguridad y procuración de justicia. Los funcionarios que participaron pertenecen al gabinete presidencial o forman parte del círculo compacto de asesores de cada uno de los presidentes.
Dadas las complejas coyunturas por las que atraviesan ambas naciones en materia de seguridad (México), salud pública (EU) y migración (México y EU), y la alta jerarquía oficial de quienes participaron en dichas reuniones, este “diálogo de alto nivel” (como se le viene llamando) generó también ‘altas’ expectativas, al menos en México. Y no era para menos: nuestro país acumula crecientes crisis en materia de seguridad, para las que deseamos ver respuestas pertinentes y eficaces. Por un lado, los incrementos de homicidios, desapariciones y ‘levantamientos’ en varias zonas de México y, por el otro, la penetración del crimen ya no solo en los gobiernos municipales de los estados más rezagados, sino también en las áreas de seguridad de grandes empresas privadas, han encendido las alarmas no sólo en México sino también en la comunidad internacional de negocios.
Por lo que atañe a Estados Unidos, el aumento exponencial de muertes por sobredosis de fentanilo, y el arribo crónico a su frontera sur de caravanas de miles de migrantes del centro y sur de América, también supondrían la concertación y el anuncio de nuevas medidas –más ambiciosas y eficaces– con sus contrapartes mexicanas para atender estos problemas.
Sin embargo, ante estos escenarios críticos en ambos países que parecerían requerir urgentemente de acciones preventivas y disuasivas, sólo se reiteraron en medios las fórmulas retóricas a las que estamos acostumbrados (tales como “colaboraremos o nos coordinaremos cercana o estrechamente para”, “uniremos nuestros esfuerzos para”, “nos comprometemos mutuamente para”). Sólo fue anunciada una acción concreta de la Sedena y dos propuestas específicas (una de AMLO y otra de la Semar) para atender algunas dimensiones de las crisis.
Por lo que respecta a las propuestas, la del presidente de la República fue convocar a 11 países de la región a una reunión sobre migración. Sólo eso, convocar a una reunión. Por su parte, la Semar, propuso la creación de una Coalición Internacional para el Seguimiento y la Trazabilidad de Precursores Químicos. Una buena idea, sin duda, pero hasta ahora sólo eso, una idea. Finalmente, la Sedena anunció una inversión de 15 mil millones de pesos para proyectos de modernización de infraestructura de seguridad en la frontera. OK, qué bueno que se ‘modernice’ nuestra inadecuada infraestructura, la cual, entre otras tragedias, cobró, el pasado 28 de marzo, 40 víctimas cuando las autoridades abandonaron una estación migratoria que se incendiaba en Ciudad Juárez.
Aunque en las reuniones se abordaron temas relevantes como el combate a las drogas sintéticas o al tráfico de armas, no se exhibieron cifras sobre las acciones que se han implementado ni sobre el impacto registrado. Por lo que toca al compromiso, ya adquirido por México, de combatir el tráfico de fentanilo, tampoco se difundieron detalles. Ante estas omisiones y silencios, lo lógico es pensar que no hay avances.
AMLO ha manifestado repetidamente que deben combatirse las causas estructurales del crimen y la violencia, con una estrategia de corte humanista. Sin embargo, ningún miembro de su gabinete formuló en estas reuniones, ni siquiera de modo incipiente, un conjunto de propuestas dirigidas a combatir tales causas estructurales. La impresión que queda, entonces, después de ver lo minúsculo de las propuestas vertidas en la mesa de “alto nivel” es que la serie de medidas anticrimen que la actual administración ha implementado desde 2018 han fracasado rotundamente.
Primero, los programas sociales con que arrancó la estrategia de seguridad federal no tuvieron impacto alguno en el reclutamiento criminal de los jóvenes. Segundo, el plan anticorrupción y contra el lavado de dinero impulsado durante el segundo año tampoco rindió frutos. La colusión de funcionarios locales con el crimen está hoy en niveles altísimos, y el reciente ingreso de la mafia china ha reducido drásticamente los costos para lavar las exorbitantes ganancias de las mafias mexicanas. En tercer lugar, la iniciativa para combatir el tráfico de armas, en la que se invirtió un gran esfuerzo en su momento, ha perdido pertinencia dada la inmensidad del desafío. Finalmente, la convicción presidencial de no confrontar directamente, y a través de la fuerza, a las organizaciones criminales propició su expansión y enquistamiento territorial durante la primera mitad del sexenio.
Esperemos que el próximo “diálogo de alto nivel” en 2024 se celebre con una agenda renovada, en la que figuren los temas que en esta ocasión fueron “los elefantes en la habitación”. Esta agenda debe contemplar, como mínimo, la depuración y profesionalización de las policías locales, creación de fuerzas especiales regionales mixtas (policiales y militares) para el combate a las cúpulas de las organizaciones más violentas, combate a los centros de reclutamiento criminal, y el diseño de la ruta crítica para avanzar en la construcción de un futuro Tratado de Seguridad para América del Norte.