El miércoles de la semana pasada (22 de noviembre), un comando armado emboscó y asesinó a cinco personas, entre autoridades y pobladores, que se encontraban en un polígono en disputa entre los municipios de San Miguel el Grande y Tlaxiaco, enclavados en la Sierra Mixteca del oriente de Oaxaca, una de las regiones más pobres y marginadas del país. De acuerdo con Jesús Romero, secretario de Gobierno del estado, entre ambos municipios hay un añejo conflicto, de más de un siglo, por un predio de alrededor de 2 mil 300 hectáreas de bosque. Este conflicto había sido atendido en varias mesas de diálogo, con compromisos pactados de no agresión y de no realizar obras en los terrenos en disputa. Al momento del ataque, en la zona se encontraban dos elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, para resguardar la salida de autoridades y comuneros de San Miguel el Grande (quienes, al parecer, habían realizado una construcción irregular).
La emboscada, y la pérdida de cinco vidas, probablemente hubiera pasado desapercibida entre los hechos de violencia que inundan a diario los medios. Sin embargo, adquirió notoriedad debido a que la cineasta Ángeles Cruz, hermana de una de las víctimas, denunció públicamente los hechos, y pidió la renuncia del gobernador Salvador Jara. El ataque ocurrió la víspera de la gira que el presidente López Obrador tenía programada por Oaxaca, lo que también aumentó su visibilidad.
El sábado se perpetró una segunda emboscada, esta vez en el municipio de Magdalena Jaltepec, también en la región mixteca con saldo de nueve muertos. La información preliminar que se ha dado a conocer sugiere que esta segunda emboscada también podría estar relacionada con un conflicto territorial, esta vez entre las comunidades de Santiago Mitlatongo y Santa Cruz Mitlatongo.
Más allá de la dimensión política que han cobrado los hechos, me parece que no se trata de incidentes aislados de violencia. Llaman la atención ataques así de cruentos, con armas de alto calibre, en el contexto de conflictos agrarios. La sangrienta emboscada del miércoles resulta difícil de explicar sobre todo porque, de acuerdo con el secretario de Gobierno, la presencia de las autoridades estatales en la zona era precisamente para vigilar el retiro de los comuneros de San Miguel el Grande que habían roto el acuerdo de no construir.
No podemos descartar que los ataques hayan sido represalias desmedidas por parte de grupos comunitarios. Sin embargo, me inclino a pensar que, aprovechando la atención mediática por la visita del Presidente, hubo una intención deliberada de un mismo actor por mandar un mensaje a la población y al gobierno estatal. Si éste es el caso, entonces en la zona opera un grupo paramilitar, que con toda seguridad tiene intereses que van mucho más allá del predio de 2 mil 300 hectáreas en disputa entre San Miguel el Grande y Tlaxiaco. Se podría tratar de una mafia de talamontes, pero no me extrañaría que fuera un grupo delictivo más complejo, posiblemente vinculado con alguno de los principales grupos delictivos del país.
Hasta ahora, Oaxaca ha sido relativamente inmune a las epidemias de violencia que se viven en muchos otros estados (el año pasado, la tasa de homicidios en el estado fue 25 por ciento inferior al promedio nacional). El arraigo comunitario de la población y la ausencia en la mayor parte del territorio de actividades económicas de alta rentabilidad, que son las que atraen a las mafias dedicadas a la extorsión, ha contribuido a esta relativa paz.
Sin embargo, las emboscadas de la semana pasada sugieren que Oaxaca, o al menos la región mixteca, se enfila a ser colonizada por paramilitares con alto poder de fuego, muy probablemente financiados por un grupo criminal externo. Estos grupos inevitablemente buscarán extender y consolidar su presencia territorial, como ya ocurrió en Chiapas, donde el grado de deterioro es mucho más avanzado.
La proliferación de estos grupos paramilitares sería desastrosa en Oaxaca que, históricamente, ha sido la entidad en la que se observa una mayor conflictividad social. Al movimiento magisterial del estado (la temible Sección 22 de la CNTE) hay que sumar un sinnúmero de actores en conflicto, muchos de ellos de comunidades que sostienen conflictos agrarios con sus vecinas. En este escenario de alta conflictividad, la irrupción de paramilitares podría detonar un escalamiento de la violencia armada que se saldría de control, pues cada comunidad buscaría defenderse de posibles ataques de las comunidades con las que mantiene conflictos. Las emboscadas y enfrentamientos rápidamente reemplazarían a las movilizaciones y bloqueos. Lo anterior sin mencionar que, en un contexto de alta marginación y bajas capacidades institucionales, como el de la mixteca, será particularmente difícil y tardado recuperar la paz.