En su lucha contra el crimen, nuestra clase política ha cometido grandes errores. Se trata de yerros estratégicos que continúan vigentes, sin atenderse, y que resultan, por su efecto acumulado, altamente onerosos en términos de daños institucionales y sociales. Los cuatro “tipos de error” (pues, en realidad, cada uno de ellos abarca una lista larga de vicios y equivocaciones) han sido cometidos durante las tres últimas administraciones. ¿Por qué y cómo se gestaron estos errores colosales? Múltiples factores se han combinado para que cada uno de estos errores sea una realidad que perdure. Ahora me conformaré con apuntar brevemente algunos de ellos. Los cuatro tipos de errores son los siguientes: i) sobreestimación de las capacidades del gobierno; ii) subestimación de las capacidades del crimen; iii) subestimación de la base social del crimen, y iv) subestimación de la colusión entre los liderazgos políticos y los criminales.
El primer tipo de error lo cometió con magnificencia el presidente Calderón cuando emprendió una guerra contra el crimen de carácter nacional. Éste fue un error estratégico crucial. Después de su éxito inicial en Michoacán, durante 2007, cuando logró debilitar el crimen y reducir la violencia en esa entidad con una acción militar sorpresiva y contundente, Calderón se engolosinó y pensó que podría debilitar a las principales organizaciones a lo largo del país. La sobrevaloración de sus propias capacidades fue tal que el Ejecutivo federal emprendió tal guerra sin cimentar siquiera una alianza mínima con las autoridades subnacionales y locales. Calderón pensó que sería suficiente robustecer a la Policía Federal, pero su estrategia de fortalecimiento institucional no fue integral, y en el caso de otras agencias esenciales, como las fiscalías, ni siquiera se intentó mejorar su desempeño. En 2011 la estrategia de Calderón había triplicado la tasa nacional de homicidios.
El segundo tipo de error lo cometió, paradigmáticamente, la administración de Peña Nieto. En lugar de acotar geográficamente la guerra, y continuar con brío y mejor rumbo los esfuerzos de fortalecimiento institucional de Calderón, Peña arrancó su gestión con una decisión que lo condenó al fracaso: fusionó la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de Gobernación, la cual encabezaría un funcionario con aspiraciones presidenciales. Esto ocasionó que en la conducción de la política de seguridad prevalecieran criterios políticos (sobre los de carácter técnico) en coyunturas clave. La prudencia y cautela políticas se convirtieron en las marcas de la gestión de Osorio en materia de seguridad. El menosprecio político a las alertas de riesgo que emitieron las agencias de inteligencia, tanto al interior de Gobernación como de la Policía Federal, propiciaron una exorbitante expansión del Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual creó, a una velocidad récord, el segundo mercado criminal más lucrativo del país: robo de combustible.
Finalmente, los errores tres y cuatro han sido como nunca visibles en la administración actual. En el caso del tercer error, “subestimar la base social del crimen”, resulta sorpresiva la miopía al respecto de una administración considerada de izquierda y encabezada por un líder social que, por sus frecuentes recorridos en todos los rincones del país, posee aparentemente conocimiento directo, de primera mano, sobre las vastas redes del reclutamiento criminal (tanto para elevar sus capacidades operativas, como para participar en mercados como el de trata de personas). Al arranque de su administración, la estrategia de seguridad que anunció López Obrador fue de corte social, pues el perfil del primer titular de la reestablecida Secretaría de Seguridad, Alfonso Durazo, era el de un experto en política social. Como en su momento lo intentó infructuosamente Peña Nieto con una modesta y politizada “estrategia de prevención social del delito”, Durazo también propuso algunos programas sociales, en especial Jóvenes Construyendo el Futuro, dirigido a reducir el reclutamiento de jóvenes por parte del crimen –sin que hasta ahora haya sido demostrado su impacto en este rubro–.
Un año después de anunciar los programas sociales, Durazo anunció también que el gobierno combatiría la colusión de políticos y funcionarios públicos con el crimen, pero, a diferencia de los programas sociales, no fue anunciado ningún programa específico para combatir la colusión político-criminal, con lo cual la administración de López Obrador cometió el cuarto tipo de error. Esta omisión programática, por una parte, y el abierto apoyo del crimen a algunos candidatos a puestos de elección en 2021, por el otro, sin que ningún tipo de autoridad reaccionara (ni la Segob ni el INE ni el TEPJF), ha facilitado una impetuosa incursión del crimen organizado en los procesos electorales. ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de este fenómeno? En Guerrero, por ejemplo, donde la colusión político-criminal muestra el mayor avance, se ha propiciado un fenómeno no previsto: la progresiva eliminación (a través de la violencia) de la clase política tradicional, y su sustitución gradual por liderazgos provenientes de las filas del crimen organizado.