Problemas de seguridad hay en todo el mundo: carteristas en el transporte público, venta de droga, novedosos esquemas de fraude digital, que son noticia cada semana. Los criminales son furtivos y creativos: saben esconderse y generalmente encuentran la forma de ir un paso adelante de las autoridades. En México las cosas son un poco más complicadas. Junto a la pequeña delincuencia que opera en las sombras, tenemos también criminales que no parecen muy preocupados por esconderse. Por el contrario, les funciona bien que los vean. Operan a la luz del día. Anuncian con mantas su llegada a una nueva ciudad, y tienen vínculos, más o menos del dominio público, con jefes policiales y alcaldes.
Hace un par de años, el Fresa, líder de La Nueva Familia Michoacana, publicó un video para contar su versión de una masacre, ocurrida en San Miguel Totolapan. El capo no tuvo reparo en salir a cuadro y afirmar que ‘todos saben dónde vivo’. La semana pasada describí en este espacio los acuerdos entre distintas mafias, incluyendo a La Nueva Familia Michoacana, para ‘llevar la mano’ en las propuestas de candidatos a las presidencias municipales de Guerrero. La visibilidad, sumada al control sobre las autoridades locales, les permite a estos criminales operar el mejor –y también el más nocivo– de los negocios: el cobro de cuota.
Aunque hay varias actividades criminales que afectan a la población, la extorsión es aquella que evidencia de forma más clara el fracaso de nuestro sistema de procuración de justicia. Hay que estar muy seguro de que nadie va a denunciar, o de que no va a pasar nada si alguien denuncia, para mandar gente a cobrar la cuota cada mes o cada semana.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 del INEGI, menos de una quinta parte de todas las personas que están en prisión fue detenida con una orden de aprehensión. Las cárceles mexicanas están llenas de inocentes, de delincuentes menores que fueron arrestados en flagrancia o de personas que fueron sorprendidas con armas o droga en un retén. En contraste, las detenciones que ocurren como resultado de una denuncia y de una investigación ministerial siguen siendo la excepción.
Las fiscalías son instituciones plagadas de vicios y carencias, como puede constatar casi cualquiera que haya tenido la mala fortuna de pisar una agencia del Ministerio Público. Es necesario invertir mucho más para fortalecer sus capacidades. Aun así, el problema no es sólo de recursos, sino también de voluntad. La estrategia de combate al secuestro que se echó a andar en el sexenio de Peña Nieto es un raro ejemplo que demuestra que, cuando hay voluntad política, nuestra vieja maquinaría de procuración de justicia puede trabajar de la mano con la policía y dar buenos resultados.
El problema es que, aunque la extorsión tiene un enorme impacto económico y social (y financia la operación de mafias que siembran el terror en amplias regiones del país), las víctimas casi nunca la denuncian. El miedo es demasiado y nadie alza la voz para exigir una solución, como sí ocurrió durante la crisis de secuestros. Cuando las extorsiones se vuelven demasiado onerosas, las víctimas cierran las puertas de sus negocios o de plano se van a vivir a otro lado. Por lo mismo, para los titulares de las fiscalías, lo mismo que para los políticos, ha sido fácil voltear para otro lado y dejar por años que el problema siga creciendo.
También hay buenas razones para sospechar que desde las fiscalías de los estados se protege a las mafias criminales, incluso a aquellas que recurren a la violencia para influir en las elecciones. Tras el asesinato de Bertha Gisela Gaytán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, AMLO instó al gobernador de Guanajuato, el panista Diego Sinhue Rodríguez, a proceder a la remoción del fiscal del estado: “... hay un grupo que manda y que tiene más poder que el propio gobernador”, agregó el Presidente. Sin embargo, esta solicitud va cargada de un tinte partidista, que le quita legitimidad.
Para verdaderamente hacer frente a las mafias dedicadas a la extorsión (que son las mismas que en estos meses buscarán imponer a su gente en los ayuntamientos), la próxima presidenta tendría que cambiar de modelo. Debido a que se trata de un delito que rara vez se denuncia, es indispensable generar inteligencia, así como seguir una estrategia proactiva de persecución penal. Sin embargo, lo más importante sería buscar un acuerdo de alto nivel para (i) presionar a todas las fiscalías del país, y no sólo a aquellas cercanas a la oposición, a dar resultados, y (ii) depurar a las que no lo hagan.