La DEA (Drug Enforcement Agency) acaba de publicar su nuevo reporte anual titulado National Drug Threat Assessment (NDTA, 2024), el cual busca difundir ampliamente las amenazas que enfrenta la salud pública de Estados Unidos asociadas con el consumo de diversos tipos de drogas. El reporte cumple con objetivos formales relativos al establecimiento de prioridades por parte de las agencias de seguridad y justicia; al diseño de políticas públicas antidrogas, y a la asignación de partidas de varios presupuestos públicos. Sin embargo, el informe es también un vehículo útil para enviar mensajes a diversos actores políticos, tanto afuera como adentro del país.
Entre los actores externos, el gobierno mexicano es, sin duda, el más relevante, pues es el encargado de aplicar la ley en el país que alberga actualmente a dos organizaciones criminales “de carácter global”, según la DEA, que han desarrollado amplísimas redes de cadenas de suministro para producir drogas sintéticas, especialmente fentalino, la cual causa decenas de miles de muertes cada año por sobredosis (el reporte nos indica que, durante el primer semestre de 2023, fueron 38 mil las muertes por fentanilo en Estados Unidos). Según la DEA, ambas organizaciones (Cártel de Sinaloa y Cártel Jalisco Nueva Generación) dependen de las empresas químicas y de las “prensas” de pastillas de China, tanto para el suministro de precursores como para la fabricación de pastillas de fentanilo. También, de acuerdo con la DEA, ambos cárteles operan laboratorios clandestinos en México donde fabrican fentanilo y metanfetaminas, y luego utilizan redes de distribución para transportarlas a Estados Unidos.
Los dos cárteles mexicanos, abunda la DEA, cuentan con socios en Estados Unidos para distribuir el fentanilo al menudeo en las calles y en las redes sociales. Finalmente, los cárteles utilizan agencias chinas para el lavado de dinero y para trasladar sus ganancias de Estados Unidos a México. “Las organizaciones de narcotráfico con sede en México y América del Sur están utilizando cada vez más los sistemas bancarios clandestinos con sede en China como su principal mecanismo de lavado de dinero”.
Ahora bien, como decía, el reporte anual de la DEA puede leerse tanto en clave oficial (como una valiosa fuente de información sobre los esfuerzos antidrogas de las autoridades norteamericanas), como en clave política (como una colección de mensajes a diversos actores que fungen formalmente como aliados de los estadounidenses en la interminable lucha para reducir la producción, la distribución y el consumo de enervantes). En este segundo tipo de lectura, el socio mexicano sale muy mal librado, pues, casi de modo explícito –sin acudir a metáforas u otros tipos de lenguaje figurado–, el reporte está plagado de señalamientos graves sobre la actuación de las autoridades mexicanas, los cuales pueden agruparse en tres dimensiones.
En primer lugar, el reporte es claro en subrayar la pérdida de control territorial que ha experimentado el Estado mexicano, y cómo tal control ha pasado a las manos de los principales cárteles. Por ejemplo, el reporte indica que el Cártel Jalisco Nueva Generación mantiene completo control sobre los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico, y también de los puertos de Veracruz y Matamoros en la costa del Atlántico. En el caso del Cártel de Sinaloa, el reporte menciona que mantiene control total sobre el puerto de Mazatlán. El informe señala también que los cárteles mantienen control sobre diversas rutas carreteras para transportar mercancías ilícitas, y enfatiza que varias zonas fronterizas del norte están controladas por el crimen (por ejemplo, “el Cártel de Sinaloa controla casi toda la región fronteriza al sur de Arizona”).
En segundo lugar, el reporte de la DEA también es muy directo en señalar la existencia de una corrupción generalizada de diversas burocracias públicas en los tres niveles de gobierno. Por ejemplo, el informe de la DEA menciona que la “gran facilidad y bajo costo para producir drogas en México” es resultado de la corrupción que corroe a los cuerpos militares, policiales y de procuración de justicia del país. El informe también señala, sin rodeos, las extensas redes de corrupción entre las más altas autoridades políticas y policiales, y señala particularmente el caso de Genaro García Luna como ejemplo de estas últimas, pues “apoyó al Cártel de Sinaloa en el tráfico de drogas, principalmente cocaína y heroína, a cambio de sobornos de millones de dólares”.
Finalmente, el reporte también señala las bajas capacidades institucionales del gobierno mexicano, el cual (de acuerdo con la DEA) no ha podido frenar en lo más mínimo el flujo de precursores chinos para la fabricación de pastillas de fentanilo y metanfetaminas.
Un par de asuntos en los que la argumentación y la evidencia empírica contenida en el informe es claramente insuficiente para sustentar los dichos son los relativos, primero, a la presunción de que los cárteles mexicanos desempeñan un papel clave en la distribución y venta de drogas sintéticas en territorio estadounidense (cuando parecería, más bien, que en este renglón el actor clave es un conglomerado de bandas estadounidenses donde cada célula opera con cierta autonomía) y, segundo, en la afirmación ligera de que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación mantienen operaciones en 47 y 40 países, respectivamente, alrededor del mundo.