Escribo estas líneas unas horas antes del tercer y último debate entre las y el contendiente a la presidencia de la República, que, entre otros temas, tratará sobre inseguridad, crimen organizado y migración. Ojalá que el debate que se transmitió anoche haya estado mejor que los dos ejercicios previos, y que hayamos tenido oportunidad de que las candidatas y el candidato se pronunciaran sobre uno de los asuntos más importantes en la materia: cómo será la relación del próximo gobierno con las Fuerzas Armadas.
En este sexenio presenciamos un inesperado ‘romance’ entre Palacio Nacional y las Fuerzas Armadas. Como nunca, al menos desde que el poder volvió a manos civiles con Miguel Alemán, los militares han ocupado un papel protagónico en la vida pública. Recientemente he advertido una gran preocupación, entre actores bien informados y de ámbitos distintos, de que este romance sea irreversible y de que el Ejército se quede por tiempo indefinido como una especie de garante armado del legado del obradorismo. En este supuesto, aunque la cúpula militar mantendría una subordinación formal a la Presidencia, en los hechos podría ejercer un poder de veto sobre ciertas decisiones que rompieran el actual statu quo entre civiles y militares.
Las siguientes son algunas de las decisiones que nos indicarán en qué medida la próxima presidenta estará dispuesta a respetar los actuales cotos de poder de los militares y en qué medida buscará marcar nuevamente límites.
El nombramiento del próximo secretario de la Defensa Nacional. Será la primera decisión que nos permitirá evaluar el grado de distancia que la próxima presidenta marque respecto de la actual cúpula militar. Por un lado, podría seguir la fórmula tradicional de elegir al secretario de una terna propuesta por el secretario saliente (en este caso suenan los nombres de los generales Ricardo Trevilla y Gabriel García Rincón, cercanos al actual secretario Luis Cresencio Sandoval). Por otro lado, la presidenta podría marcar distancia al definir su propio método para la selección del próximo secretario.
El mando sobre la Guardia Nacional. Al desaparecer la Policía Federal y crear la Guardia Nacional, AMLO puso el control del aparato de seguridad, para cualquier efecto práctico, en manos de militares. Sin embargo, López Obrador sólo ha tenido un éxito parcial en sus intentos para blindar legal y constitucionalmente este cambio. Por lo tanto, la próxima presidenta todavía tendría algún margen, si así lo quisiera, para buscar que nuevamente hubiera funcionarios civiles al interior de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con capacidad real de mando sobre elementos de la Guardia Nacional.
El presupuesto y las obras públicas. El dinero público genera adicción. AMLO no sólo ha fortalecido el papel de los militares dentro de tareas de seguridad, sino que también les ha dado un peso inédito en la ejecución de proyectos prioritarios, como el Tren Maya. Según algunas estimaciones, este año una quinta parte del gasto de inversión en infraestructura será ejecutado por las Fuerzas Armadas. Varios de los proyectos asignados a los militares arrojan números rojos (lo cual resulta comprensible, dada la inexperiencia de los militares). La disposición de la próxima presidenta para continuar con la asignación al Ejército de más responsabilidades y obras –y seguir asumiendo pérdidas– será otro indicador claro de su cercanía o distanciamiento con la cúpula militar.
Relación con agencias norteamericanas de seguridad. Por último, será interesante ver cómo evoluciona la relación entre el gobierno y las agencias norteamericanas de seguridad, en particular la DEA, tras la toma de protesta del 1 de octubre. Desde 2020, los militares se sintieron agraviados por la detención del general Salvador Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles. Las presiones del gobierno mexicano bastaron para que Cienfuegos fuera devuelto a México. Sin embargo, el daño a la colaboración binacional en materia de seguridad no se ha corregido. Hace algunos días, por ejemplo, trascendió la molestia de la DEA por la tardanza de las autoridades mexicanas para emitir los visados que sus agentes requieren para operar en México. Nuestro país también sale muy mal librado en el más reciente reporte National Drug Threat Assessment de la DEA, que reseñé la semana pasada. Una señal de que la próxima presidenta quiere recomponer la relación bilateral, a pesar del enojo de Sedena, sería que, a partir de octubre, se retomaran las reuniones de alto nivel entre funcionarios mexicanos y representantes de la DEA y de otras agencias norteamericanas de seguridad.