A continuación, mi primer balance de la violencia y la participación criminal en las elecciones.
Lo bueno. La jornada electoral de ayer se desarrolló en relativa calma y en la mayor parte del país la gente pudo salir a votar. No se puede hablar de un saldo blanco: no hubo condiciones para instalar casillas, entre otros municipios, en Chicomuselo y Pantelhó, en Chiapas; y al menos una persona murió como resultado de una riña, que derivó en un ataque armado, en un centro de votación en Coyomeapan, Puebla. Sin embargo, estos incidentes fueron de carácter aislado. Hasta donde sabemos, ninguna organización criminal montó una operación a gran escala (como sí ocurrió, por ejemplo, en Sinaloa, en 2021, cuando varios operadores políticos del PRI fueron secuestrados en las horas previas a las elecciones). Creo que, al menos en el ámbito federal y en la mayor parte de las gubernaturas, los partidos aprendieron la lección del pasado y no le apostaron a una alianza con los criminales, ni para promover ni para inhibir el voto.
Lo malo. En el ámbito municipal la historia es otra. Hay indicios de que la participación de grupos criminales en la política local se ha ido extendiendo y normalizando. Por un lado, la violencia política ha aumentado (y se concentra fundamentalmente en las contiendas municipales). Hay distintas formas de contabilizar los ataques, sin embargo, la mayoría de las mediciones coinciden en señalar que hubo un aumento importante, del 50 por ciento o incluso más, en relación con el número en 2018. El total de candidatos asesinados ronda los cuarenta, una cifra inédita. Junto con los ataques, vale la pena destacar el inquietante fenómeno de las miles de renuncias de candidatos. Asimismo, hemos observado nuevos mecanismos para ‘encauzar’ la participación política del crimen organizado. Al menos en Guerrero, la mediación de la Iglesia católica favoreció que se llegaran a una serie de acuerdos para el reparto de los municipios entre las distintas mafias que operan en el estado. Yo no descartaría que, de forma más discreta, la Iglesia también haya mediado en otros estados para la celebración de pactos similares.
Lo que nos espera. En los próximos días y semanas podremos hacer un balance más completo del impacto que la violencia y la intromisión de los criminales tuvieron sobre la elección. Más que nada, será importante revisar qué ocurrió en los municipios donde se registraron ataques políticos o asesinatos o renuncias de candidatos: quién ganó, y cómo la violencia pudo haber afectado el curso de la elección. También será interesante analizar la forma en la cuál los pactos convocados por la Iglesia en Guerrero se reflejaron en los resultados. Asimismo, podremos evaluar en qué estados hay un mayor riesgo de que el relevo en las gubernaturas pueda dar lugar a una crisis de violencia (al respecto, me parece que esta vez el riesgo será relativamente menor, pues todo apunta a que la alternancia será limitada).
Lo que podemos adelantar desde ahora es que, en estas elecciones, los criminales ganaron terreno. Hace dos sexenios la ‘narcopolítica’ era un fenómeno que sólo se veía en algunos municipios de Michoacán. Este año estuvo presente de forma marcada en una docena de estados, sobre todo en el centro y el sur del país. Guerrero, Guanajuato, Chiapas, Michoacán y Morelos fueron los más afectados.
La participación de la delincuencia en las elecciones locales ha crecido, y seguirá creciendo porque es un negocio redituable y de bajo riesgo. Es redituable porque, una vez que tienen a sus compadres en los ayuntamientos, los criminales, sobre todo los que se dedican a la extorsión, saben que nadie los molestará por tres años. Es de bajo riesgo porque ni la Fiscalía General de la República, ni ninguna otra autoridad, se anima a investigar a fondo los vínculos criminales de los candidatos, mucho menos después de que ganan una elección. Los partidos políticos también se hacen de la vista gorda, principalmente para no meterse en problemas y porque saben que los candidatos de las mafias criminales suelen dar buenos resultados en las urnas.
Sin embargo, me parece que esta situación pronto se volverá insostenible. Tal vez en algún punto del próximo sexenio, la colusión entre los criminales y los ayuntamientos dé lugar a uno o varios estallidos sociales (como fue el alzamiento de los grupos de autodefensa en Michoacán durante el gobierno de EPN), o tal vez veamos una creciente tensión entre las autoridades locales y las Fuerzas Armadas. El caso es que Claudia Sheinbaum, que acaba de ser declarada ganadora mientras escribo estas líneas, no la tendrá fácil con el crimen organizado gobernando en decenas, si no es que en cientos de municipios.