La extraordinaria concentración del poder político que amasó Morena durante los últimos años y que seguirá acumulando en el futuro próximo, una vez que tomen posesión sus nuevos gobernadores, se implemente la reforma judicial y se vuelva una realidad el plan C (i.e., la desaparición de las agencias con autonomía constitucional como el INE y el Inai) va en detrimento de nuestra joven democracia liberal, de nuestra frágil división de poderes y del incipiente sistema de pesos y contrapesos que creamos gradualmente desde fines del siglo pasado, en un contexto de creciente competencia político-electoral. De esto no hay duda.
Además, tal como lo anuncia la configuración del escenario político nacional en el futuro próximo, le tomará varios años a la oposición recuperarse del nocaut electoral que le propinó Morena el 2 de junio pasado, y retomar la senda del triunfo. Esa recuperación implicará, entre otras cosas, el relevo de un alto número de liderazgos políticos al interior de sus filas, lo cual no parece que ocurrirá en el corto plazo. Esos nuevos liderazgos deberán mostrar, además, suficiente solvencia moral, sensibilidad social y creatividad política para convertirse en una nueva opción que sea atractiva para la mayoría de los votantes. Y esto no sucederá de la noche a la mañana.
Además, la probabilidad de que la oposición reemerja en el corto plazo disminuye aún más si tomamos en cuenta que con sus hipermayorías legislativas y con su enorme legión de jueces ‘simpatizantes’ (i.e., alineados a los intereses de Morena, una vez que este partido ponga al servicio de sus candidatos favoritos a ministros, magistrados y jueces su poderosa maquinaria de movilización electoral), el Ejecutivo federal será capaz de sesgar la competencia política a favor de Morena, tal como lo hizo el PRI por décadas.
Ahora bien, en el ámbito de la administración y la gestión públicas, la centralización política no necesariamente representa un obstáculo o una restricción para el diseño e implementación de una política pública. Por el contrario, la centralización del mando (político y administrativo) puede convertirse, bajo ciertas condiciones, en una palanca útil para lograr un desempeño ágil y eficaz de las comúnmente letárgicas agencias burocráticas. Esto sucede por dos razones: primero, en un contexto de centralización política, el número de actores políticos y burocráticos involucrados en la formulación y aprobación de una política pública disminuye drásticamente, lo que implica menos tiempo en labores de negociación y convencimiento por parte de la agencia responsable de echar a andar esa nueva política.
Asimismo, la probabilidad de que algún actor relevante vete el proyecto de política es cercana a cero. Segundo, en un contexto de centralización política, hay poderosos incentivos para la coordinación y cooperación entre autoridades políticas y administrativas, y de los tres ámbitos de gobierno, pues en este escenario las autoridades de diversas esferas competenciales comparten intereses y objetivos de carácter partidista, lo que suprime escenarios de retraso o estancamiento deliberado.
Lo anterior sucede siempre y cuando se cumplan los siguientes tres supuestos: el mando de la agencia administrativa responsable guarda una muy estrecha relación con la autoridad política (forma parte de su primer círculo); el mando burocrático cuenta con la experiencia suficiente y el conocimiento especializado y técnico requerido para realizar reformas que mejoren el desempeño de la tarea sustantiva de la que es responsable, y tanto la autoridad política como la administrativa gozan de estabilidad en su cargo.
Estos tres supuestos al parecer se cumplirán en México a partir del próximo 1 de octubre. Tendremos un secretario de Seguridad ampliamente acreditado en la reducción de la violencia criminal, el debilitamiento de organizaciones criminales y el fortalecimiento de la institución policial. En contraste con las dos últimas administraciones, el responsable de la seguridad pública será una figura altamente especializada en esa materia. Además, por primera vez en décadas, el responsable de la seguridad formará parte del primer círculo presidencial, lo que le permitirá participar en el nombramiento de los titulares de las otras carteras relevantes del mismo sector. Finalmente, salvo que algo excepcional ocurra, es de esperarse que el secretario García Harfuch permanezca en su cargo al menos durante la mayor parte de la siguiente administración.
Entre los males crónicos que la centralización política podría remediar, o al menos atemperar, durante la siguiente administración figuran la desconfianza entre las esferas civil y militar, la gran dispersión de agencias que deberían estar conectadas unas a otras en todo momento, la intervención sistemática de actores políticos que utilizan la seguridad para jalar agua a su molino, la preeminencia de criterios políticos sobre los técnicos en la toma de decisiones de alto nivel, la ausencia de un ente coordinador del trabajo entre las agencias (que evalúe su desempeño y tenga la autoridad y la capacidad para realizar correcciones e introducir mejoras al sistema) y, finalmente, la rijosidad entre las agencias de seguridad y procuración de justicia de los tres niveles de gobierno.