La próxima semana es la toma de protesta de Claudia Sheinbaum. México se adentra en territorio inexplorado. Tendremos una coalición gobernante sin contrapesos; un ex presidente que, por primera vez en cien años —desde el Maximato— se va sin irse del todo; y una reforma judicial que es un desastre anunciado.
La semana pasada apunté los riesgos a los que hará frente la nueva Presidenta en materia de violencia criminal y expansión territorial del crimen organizado. Quedó pendiente la vertiente de conflictividad social. En este rubro me atrevo a decir que, para bien o para mal, el gobierno de AMLO fue tranquilo. Los actores que históricamente han tenido una mayor capacidad de movilización, como el magisterio, mantuvieron un perfil bajo. Los conflictos más estridentes de los últimos años fueron aquellos vinculados a las propias iniciativas de Palacio Nacional: la extinción de la Policía Federal y la construcción de mega proyectos a marchas forzadas. Ninguno se encontrará en un momento álgido después de la toma de protesta.
Sin embargo, hay una gran interrogante: el descontento a raíz de la implementación de la reforma judicial. Los trabajadores del Poder Judicial se seguirán movilizando y las impugnaciones a la reforma irán acompañadas de presiones en la calle. Me temo que los dolores de cabeza que vienen por esta desastrosa reforma podrían distraer a la Presidenta de otros desafíos urgentes, en particular en materia de seguridad.
Es una lástima. A pesar del difícil panorama que describí la semana pasada, hay algunas razones para esperar que, con el relevo de gobierno, se diera un giro hacia una política más asertiva en contra del crimen organizado. La llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana genera expectativas en ese sentido.
En fecha reciente ha circulado en medios y redes sociales un documento de ‘Estrategia de seguridad para los primeros 100 días’ que fue filtrado y que al parecer generó el equipo de García Harfuch. Esta estrategia propone una serie de pasos en el camino correcto. De entrada, lo más relevante es que evidencia el interés en retomar el trabajo de fortalecimiento de las policías estatales en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La solución al dilema de la ‘militarización’ pasa precisamente por ahí: contar con policías locales fuertes, que se hagan responsables de la delincuencia común, de forma que la Guardia Nacional, adscrita a las Fuerzas Armadas, se enfoque en hacer frente a las organizaciones criminales de mayor peligrosidad.
La estrategia de los 100 días incluso plantea una iniciativa que podría resultar controversial, pero que en mi opinión sería positiva, la ‘aprobación de los secretarios de seguridad pública estatales por parte del gabinete nacional de seguridad’. Es algo que de manera informal ya ocurría en algunos estados, pero que, de forma generalizada, contribuiría a superar la desconfianza que ha prevalecido entre las Fuerzas Armadas y las corporaciones policiales de los estados.
En el citado documento también se bosqueja un ‘modelo unificado de atención a los delitos de alto impacto’ que incluye acciones que serían clave para avanzar hacia la pacificación del país, tales como el análisis de redes criminales (incluyendo sus estructuras jerárquicas y logística operativa); un programa de atención a la extorsión y cobro de piso; un programa de desarme; y la reactivación de la inteligencia en penales. La idea es ir más allá de las detenciones casuísticas y operativos reactivos, y avanzar hacia una verdadera estrategia, que contribuya a disminuir el poder de fuego y la capacidad corruptora del crimen organizado. Creo que hay buenas razones para pensar que, esta vez, las acciones que se enlistan en el documento son más que buenos propósitos. En la Ciudad de México, Sheinbaum y García Harfuch ya lograron resultados importantes con base en un planteamiento similar, de énfasis en la inteligencia y la investigación criminal.
¿Hay alguna omisión importante en la estrategia de seguridad de los primeros 100 días? Sí, si bien de forma atinada se identifican como prioridades las crisis en Michoacán y en Chiapas, no hay mención alguna al conflicto entre las familias Zambada y Guzmán. Los estudiosos de las organizaciones criminales lo advertimos desde que se dio a conocer el arresto de El Mayo: habrá guerra.
Como mencionaba la semana antepasada, se debería priorizar la contención de este conflicto, que podría rápidamente desbordar Sinaloa y llevar a un escenario como el que tuvimos en tiempos de Calderón con el rompimiento de la Organización de los Beltrán Leyva; o con la ruptura de Los Zetas y el Cártel del Golfo (que causaron, cada uno, no cientos, sino miles de muertes). Me temo que el rompimiento del Cártel de Sinaloa, sumado a la posible parálisis del Poder Judicial, van a hacer muy difícil que, al menos en los primeros dos años del sexenio, la dupla Sheinbaum-García Harfuch replique los buenos resultados que se obtuvieron en la capital.