Mañana tomará posesión Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) como la primera presidenta de México. Esto ocurre tras alrededor de 25 años en que Sheinbaum colaboró estrechamente, en las buenas y en las malas, con el presidente López Obrador. A lo largo de un cuarto de siglo se construyó entre ambos una relación cimentada con base en el respeto y la confianza, el entendimiento político y la comunión ideológica. Eso no debe impedir, como muchos creen, que la próxima presidenta de la República CSP realice cambios significativos, incluso dramáticos, a varias políticas públicas diseñadas e instrumentadas por AMLO. Este deberá ser el caso, me parece, de la nueva política de seguridad.
Tal y como lo señalo –con Eunises Rosillo– en nuestro más reciente artículo en la revista Nexos (septiembre de 2024; nexos.com.mx/?p=81423), la política de seguridad de AMLO tuvo más fallas que aciertos a lo largo de la presente administración.
AMLO acertó en el trabajo que realizó frente a la delincuencia menor, es decir, frente a los delitos callejeros que ocurren en los centros urbanos. Al parecer, la instrucción presidencial de que “las mesas de coordinación regional o mesas para la paz” reunieran diariamente a autoridades de los tres niveles de gobierno para dar seguimiento a los principales indicadores delictivos locales, tuvo un impacto positivo en el desempeño de las policías municipales, ya fuera para contener o disminuir los delitos callejeros más repudiados por la ciudadanía. El impacto más visible fue en la reducción generalizada de varios tipos de robo, especialmente la caída del robo de vehículo a lo largo del país.
Otro dato que llama la atención es que durante los últimos seis años bajaron significativamente los linchamientos (de 548 en 2019 a 165 en 2023). La disminución probablemente está relacionada con la baja de varios tipos de robo, lo cual mencioné previamente.
La estabilización y después caída moderada del homicidio a lo largo de la administración de AMLO puede considerarse un logro. Sin embargo, cuando tomamos en cuenta las ambiciosas promesas del propio AMLO en materia de reducción de la violencia, y el altísimo nivel en que se siguen ubicando los homicidios (en un gran número de ciudades a lo largo del país), la leve reducción de éstos también podría considerarse un sonado fracaso en este renglón.
Sin embargo, el fracaso más notorio de la política de seguridad de AMLO fue la expansión geográfica de las organizaciones criminales y, con ello, su elevada capacidad para lograr y consolidar su control territorial. Con “control territorial” me refiero a un territorio con fronteras delimitadas en el que una mafia es capaz de recolectar diversos tipos de impuestos criminales, tales como “derecho de piso” (cobrado a diversos tipo de negocios e, inclusive, a oficinas públicas), o “derecho de vía o ruta” (cobrado a vehículos de transporte público o de pasajeros y carga), y donde además el crimen es también capaz de seleccionar o vetar candidat@s para ocupar puestos de elección popular a nivel local (presidencias municipales, regidurías y sindicaturas en los ayuntamientos).
Dos consecuencias de este extendido control territorial del crimen han sido el aumento tanto de la extorsión presencial como de la desaparición forzada de personas.
En primer lugar, el notable aumento de la extorsión presencial está documentado tanto por el número de denuncias registradas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como por las respuestas de la ciudadanía vertidas en los cuestionarios de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe).
En segundo lugar, el drástico aumento en las desapariciones está vinculado con la cooptación de las corporaciones policiales locales por parte de la delincuencia, elemento característico del control criminal del territorio. Pueden distinguirse tres vertientes en el fenómeno de la desaparición forzada: reclutamiento para mercados de trata de personas (sobre todo mujeres); reclutamiento forzado para el sicariato (especialmente hombres), y levantamiento de personas para asesinarlas y ocultar sus cadáveres en fosas clandestinas. Esto último supone acuerdos entre las mafias y las autoridades locales para bajar las tasas de homicidio en algunas localidades o regiones.
De lo anterior se desprenden dos recomendaciones generales para la política de seguridad del próximo gobierno: emular algunos elementos de la política de seguridad de AMLO en lo referente a la coordinación y comunicación intergubernamental para enfrentar a la criminalidad callejera (añadiendo recursos para fortalecer policías locales), y descartar por completo la estrategia de AMLO para debilitar al crimen organizado. La política de no confrontación con cárteles y mafias, y su fomento a la construcción de monopolios criminales por zona o región ha propiciado una extraordinaria expansión del crimen y la consolidación de su control territorial. Urge revertir lo anterior.