En las últimas semanas un buen número de conocidos, colegas y clientes me han preguntado cuál de los dos candidatos presidenciales le conviene más a México en lo referente a su seguridad, en caso de que llegue a la presidencia de Estados Unidos. Las respuestas que les he dado han sido apresuradas e insuficientes. Sirva este texto para dar una respuesta un poco más redonda.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué esperamos de Estados Unidos en materia de seguridad? La respuesta obvia debe ser ‘más cooperación’. ¿Qué tanta cooperación? ‘La suficiente para que (por lo menos) no nos sigamos hundiendo en la arena movediza del crimen organizado’, debe ser la segunda réplica. Ahora bien, ¿qué necesitamos en materia de cooperación con nuestro vecino del norte para romper con la prolongada tendencia de deterioro e iniciar un patrón de mejora progresiva de nuestras capacidades de uso de la fuerza (militar y policial), de inteligencia y de investigación criminal (entre otras)?
Dado el alarmante panorama actual de la violencia criminal en México, habría que presentar a la nueva administración estadounidense una propuesta de colaboración bilateral audaz y ambiciosa, que rompa con las inercias y contemple capacitación intensa y rigurosa en las áreas mencionadas, así como provisión del armamento, equipamiento y la tecnología de última generación para lograr avances en el corto plazo. El plan deberá tener una lógica secuencial en lo que toca a los municipios o estados que requieran atención de este tipo, y el orden de las intervenciones debe obedecer una combinación de criterios relativos a la necesidad de la intervención, a la factibilidad técnica y política para implementarla y a la sostenibilidad de su impacto inicial durante fases posteriores.
Las intervenciones que resulten de esta cooperación bilateral deben enfocarse exclusivamente en dos grandes objetivos: pacificación o, al menos, reducción de la violencia, y recuperación del control territorial (que le han arrebatado al Estado las principales corporaciones criminales). Por lo que toca al apoyo que México le brindará a Estados Unidos, éste se enfocaría también el dos amplios objetivos: reducción del trasiego de drogas hacia ese país (con énfasis especial en el fentanilo), y también la contención y/o reducción del flujo migrante hacia su frontera con México.
Dicho lo anterior, retomemos la pregunta que da título a este artículo. ¿Cuál de los dos candidatos favorecería un esfuerzo bilateral como el que acabo de mencionar? La respuesta no es obvia.
Por un lado, la administración de Biden carga actualmente con la cruz de haber impulsado una operación mayor para la captura del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada (a) el Mayo. Esta operación (ya sea por buenas o malas razones) no fue consultada con el gobierno mexicano y ha propiciado la división del Cártel de Sinaloa en dos grandes coaliciones criminales. Esta guerra probablemente se extenderá de manera gradual a lo largo del país, y se convertirá presumiblemente en un foco de discordia y animosidad entre las autoridades de ambos países, espacialmente si una administración de filiación demócrata continúa en el poder. Habría que agregar que, en su relación con México, los gobiernos de filiación demócrata no han colocado hasta ahora los temas de seguridad de México en un lugar prioritario.
En el caso de que Trump sea el nuevo presidente de Estados Unidos, es altamente probable que este país ejerza una presión brutal a México para que eleve sus estándares de actuación contra los cárteles mexicanos. Ya lo anunció Trump varias veces a lo largo de su campaña. Esto no suena tan mal hasta que recordamos cómo ejerce Trump este tipo de presión: con amenazas de carácter comercial que podrían generar considerables daños a la economía mexicana. A fines de 2020, por ejemplo, Trump amenazó a México con elevar los aranceles para la importación de una serie de productos mexicanos, en caso de que México no redujera drásticamente el flujo de migrantes centroamericanos que arribaban a la frontera estadounidense. Las autoridades mexicanas desplegaron entonces alrededor de 35 mil elementos de la Guardia Nacional para frenar a las caravanas de migrantes.
Ese despliegue de la Guardia Nacional se ha sostenido hasta hoy, y su permanencia ha propiciado la generación de un enorme mercado criminal relacionado con la migración ilegal, sumamente lucrativo, que trafica con las personas migrantes para llevarlas a la frontera norte (en el mejor de los casos) o para introducirlas, con engaños, en mercados de trata y tráfico de personas. La crisis de seguridad y gobernabilidad que hoy vive Chiapas tiene sus raíces en la presión que ejerció Trump para ‘sellar’ nuestra frontera sur.
Quizás entonces el escenario en el que México avanzaría más velozmente en su agenda de pacificación y recuperación del control territorial sería, paradójicamente, con una administración republicana encabezada por Trump. Este avance, sin embargo, sería de altísimo costo, dado el estilo autoritario de este personaje. En este escenario será fundamental para México articular una astuta estrategia de negociación que evite la confrontación y procure alianzas con sectores de la economía y política estadunidenses. Lo central será mostrarle a nuestros vecinos lo contraproducente que sería la unilateralidad en materia de seguridad regional.