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Aquí sí te valoramos

08/07/2019
Actualización 08/07/2019 - 12:13

El año pasado, después de su arrollador triunfo, AMLO se tardó en anunciar lo que sería su plan de seguridad. La presentación se pospuso en varias en ocasiones. Había algo que no terminaba de cuadrarse en el equipo cercano del entonces presidente electo. Finalmente, el 14 de noviembre, a escasos 17 días de la toma de protesta, el equipo de transición presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad.

Este plan era un texto de tinte ideológico, plagado de lugares comunes y errores. Sin embargo, en él se dio a conocer una de las decisiones más radicales de la nueva administración. En aquel entonces lo describí de la siguiente forma: “El próximo gobierno optará por poner la seguridad del país en manos de las Fuerzas Armadas… no se escatimaron elogios para el Ejército… en contraste, a la Policía Federal se le regatea cualquier mérito”.

Desde esa fecha, la cursilería de decir que las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado se incorporó al repertorio básico de consignas presidenciales. AMLO habrá repetido la frase algunos cientos de veces. Más allá de la retórica, tampoco se ha perdido oportunidad para asignar obra pública a Sedena y los militares son, junto con el magisterio, el único gremio que parece exento de cualquier medida de austeridad.

La veneración de la cuarta transformación al Ejército resulta particularmente enigmática porque no tiene antecedentes claros, ni en la campaña de 2018, ni en los largos años de gestación política del lopezobradorismo. Una tarea pendiente para el periodismo de investigación es averiguar cuál fue la promesa o la amenaza, quién o qué llevó al presidente electo, entre julio y noviembre de 2018, a esta inesperada alianza con las Fuerzas Armadas.

La devoción por el Ejército claramente vino aparejada a un profundo desprecio hacia la Policía Federal. Este desprecio ha quedado profusamente documentado en todo el proceso de integración de la Guardia Nacional, e irremediablemente explotó en las protestas de la semana pasada. No se trató de un error o un descuido del gobierno, sino de la consecuencia de un plan, que hoy parece inamovible, para desechar sin miramientos todo lo que tenga que ver con la Policía Federal.

A lo largo de mi carrera he conocido a muchas de las personas que en algún momento formaron parte de la Policía Federal. Algunos ciertamente son impresentables. Sin embargo, hay muchos otros que fueron funcionarios ejemplares, tanto por su capacidad como por su honestidad. No deja de sorprenderme que el nuevo gobierno nunca intentara contactarlos para rescatar aquello que fuera rescatable de la corporación, y para ganar algo de la confianza de los miles de elementos que la integran.

La crisis que vivimos es, pues, resultado del dogmatismo y la arrogancia. El control de crisis ha sido incluso menos afortunado. Desde los intentos por minimizar las protestas, o atribuirlas a una maquinación de los adversarios políticos del gobierno (como si de verdad cupiera alguna duda razonable de que el descontento de los policías es genuino y generalizado), hasta los intentos burdos de represalias (un oficio pidiendo los nombres de los policías inconformes, firmado por el inspector general de la PF, es sólo uno de varios). Hasta ahora, el único gesto hábil ha sido la determinación para evitar la desbandada de las divisiones científica y de inteligencia (sobre todo de esta última, que es la responsable de intervenir teléfonos y genera buena parte de la inteligencia a disposición del Estado mexicano).

A la luz de los acontecimientos, la gestión de Alfonso Durazo y su equipo parece desastrosa. Sin embargo, no creo que el secretario haya tomado las decisiones que condujeron a la crisis de la semana pasada. Él sólo cumple con la ingrata labor de asumir el desgaste político (por la cual, sospecho, será recompensado en otro ámbito). En abril pasado escribí respecto al diseño de la Guardia Nacional: “El mando ‘administrativo’ civil; es decir, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, será un amortiguador útil… Sin embargo, todas las atribuciones relevantes de la operación de la Guardia Nacional correrán a cargo del comandante (el general Rodríguez Bucio) y su equipo”. Sólo así se explica que Rodríguez Bucio, que desde junio está formalmente al mando de la Policía Federal, haya permanecido al margen de los reflectores en los últimos días.

Sin embargo, me temo que nadie, ni en la Guardia Nacional ni en el gobierno, podrá evitar el costo de desbaratar a la mala la Policía Federal. Las protestas de la semana pasada apenas fueron el primer episodio de los dolores de cabeza de los años por venir. Viene una lluvia de demandas y amparos de policías (que se sumarán a los que ya se han presentado contra el aeropuerto y el recorte a las guarderías, entre otros temas). Vienen también más abusos y más conflictos laborales en la naciente Guardia Nacional. El encono entre expolicías y exmilitares estará al rojo vivo, sobre todo porque los primeros piensan, con toda razón, que los segundos tendrán toda clase de privilegios.

Finalmente, vienen las consecuencias de dejar ir de golpe a cientos o miles de personas capacitadas para el uso de armas y la organización de operativos. No es casualidad que muchos de los principales liderazgos criminales de los últimos tiempos fueran precisamente expolicías federales (al igual que exmilitares). Inevitablemente, algunos de quienes abandonen la Policía Federal se sumarán a las filas de la delincuencia organizada. El Cártel Jalisco Nueva Generación no pierde el tiempo. Desde hace algunas semanas inició su propia campaña de reclutamiento en redes sociales. El CJNG ofrece hasta 35 mil pesos mensuales a los policías federales que hayan sido discriminados y asegura: “Aquí sí te valoramos”.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.