Como bombas cayeron en las oficinas de gobierno de la capital una serie de anuncios por parte del próximo gobierno (que ya se siente más como el gobierno en funciones). En primer lugar, el proyecto de descentralización de la administración pública federal el cual supondrá que, de forma paulatina, la mayor parte de las dependencias (y miles de servidores públicos) se trasladen a distintas regiones del país. En segundo lugar, el plan de 50 puntos para la austeridad republicana. El planteamiento es ambicioso. Algunos puntos son retóricos, pero otros son sumamente concretos. Queda la duda de cuál fue el análisis que se hizo para sustentarlos, si de verdad se tiene el propósito de ejecutarlos todos, o si más bien es un saque, que después se reformulará en una propuesta más acotada. A continuación, mi reflexión sobre los puntos que me parecen más relevantes.
Lo bueno. El recorte del gasto en propaganda. En México –como en pocos lugares del mundo– los gobernantes y funcionarios abusan del presupuesto para su autopromoción. Cada informe de gobierno se aprovecha para repetirnos hasta el hartazgo mensajes huecos. Que el gobierno da resultados; que lo bueno casi no se cuenta; que estamos decidiendo juntos. No sé si alguien todavía se crea esta propaganda, lo que me queda claro es que el jugoso presupuesto en publicidad es un excelente negocio para algunos, y que también es un riesgo para la integridad y la independencia de los medios de comunicación (que en algunos casos viven de la publicidad oficial, y que seguramente callan algunos datos y algunas críticas para no incomodar a su principal anunciante).
También es positiva la abolición de algunos de los privilegios y excesos más hirientes. La venta del avión presidencial y la devolución del enorme predio en el Bosque de Chapultepec que ocupa la residencia oficial de Los Pinos, son gestos que contribuirán a reducir la imagen de la presidencia como una institución faraónica y desconectada de la población. También podemos celebrar que se proscriba el uso que muchos funcionarios hacen sin mayor recato de choferes, vehículos y otros recursos del Estado, para sus actividades personales. O que se termine la arrogante práctica de cerrar calles o detener el tráfico sólo para la comodidad de algún alto funcionario.
Asimismo, son interesantes algunas de las propuestas de fondo para racionalizar el gasto, en particular la compactación de estructuras del gobierno (se mencionan las oficialías mayores y las unidades de comunicación social), así como la realización de compras consolidadas. En realidad es en estas medidas donde están los mayores ahorros potenciales. Si se diseñan con base en un buen diagnóstico, y se monitorea de cerca su ejecución, estas medidas de fondo nos pueden ahorrar miles de millones de pesos que actualmente se despilfarran en funciones triviales o duplicadas y en malas adquisiciones.
Lo malo. Se percibe un ánimo revanchista contra los funcionarios públicos, sobre todo contra los mandos medios y la alta burocracia. Es claro que en las oficinas de gobierno abundan los vividores, los aviadores, los cuates y parientes de secretarios, o los políticos rescatados de derrotas electorales. Sin embargo, junto a ellos también hay un cuerpo de funcionarios de excelencia. Mujeres y hombres que se prepararon y especializaron, y que después de muchos años de carrera alcanzaron un puesto directivo. Tienden a ser transexenales (sobre todo en Hacienda y en el Banco de México, pero también en algunas áreas de otras dependencias) y no están ahí por sus palancas o sus simpatías políticas, sino por su capacidad.
Estos funcionarios de excelencia son quienes sí dan resultados. Son quienes han logrado aumentar de forma sustancial la recaudación fiscal; quienes hace años contrataron coberturas para el precio del petróleo (antes de que cayera estrepitosamente) y salvaron las finanzas públicas de una crisis mayúscula; quienes ganan algunos litigios de la mayor importancia para el Estado mexicano. Ahora se propone, de forma indiscriminada, reducir sus sueldos a la mitad y quitarles sus principales prestaciones.
Los actuales sueldos de estos funcionarios son buenos, más no exorbitantes. Muchos podrían ganar mejor en un banco o un despacho de abogados, donde los horarios y la cultura laboral también son más amables. Sin embargo, se quedan en el gobierno por amor a su trabajo o porque creen en el servicio público. Muchas y muchos sostienen a sus familias (tendrán un estilo de vida medio 'fifí', pero que es producto de un trabajo honesto y es congruente con el valor de su aportación).
Lo feo. Para añadir insulto al agravio, se propone –no entiendo con qué lógica– que todo el personal de confianza trabaje como mínimo ocho horas diarias, de lunes a sábado. Esta ocurrencia demuestra una profunda ignorancia y desdén por el servicio público. Quienes hemos trabajado en el gobierno, o tenemos familiares que trabajan en el gobierno, sabemos de sobra que los horarios ya son demasiado largos. Para muchos funcionarios será demasiado. Además de ganar la mitad, perder prestaciones e irse a vivir lejos (en los casos de las secretarías que serán descentralizadas), también tendrán que trabajar obligatoriamente todos los sábados. Fuera de los oportunistas y corruptos, y de algunos pocos funcionarios sin mayores gastos o responsabilidades familiares, no sé quién vaya a aguantar. Ojalá AMLO y su gabinete reconsideren.