De lunes a viernes, desde muy temprano en la madrugada, quienes transitan con dirección al centro, sobre la lateral de Reforma, verán, antes de llegar al Ángel, una larga fila formada en la banqueta. La mayoría de las personas formadas son jóvenes. Todos llevan documentos y muchos traen cara de angustia. Van a presentar pruebas al Centro de Control de Confianza que, al menos hasta hace poco, era de la Policía Federal (tal vez a estas alturas haya sido transferido a la Guardia Nacional, pues en los últimos días ya era resguardado por personal militar).
Como la fila que desde hace años se forma a diario en Reforma, hay decenas en todo el país. Las evaluaciones de control de confianza fueron la pieza más emblemática de la política de fortalecimiento institucional que se echó a andar en tiempos de Calderón. Casi como un acto de fe, en la última década el país se dedicó a "acreditar" a destajo policías (y junto con ellos a custodios y a personal del ministerio público). Con esta finalidad se impuso a rajatabla un modelo único de control de confianza para todo el país. Este modelo incluye una tortuosa sesión con el polígrafo, pruebas toxicológicas, psicológicas, médicas y socioeconómicas. El año pasado hubo algunas modificaciones, incluyendo un curioso "análisis de tatuajes". Sin embargo, el proceso sigue siendo fundamentalmente el mismo.
En el caso de la naciente Guardia Nacional, hasta ahora lo que se ha planteado es un mecanismo "fast track". La prueba psicológica y toxicológica de los nuevos elementos correrá por cuenta de las Fuerzas Armadas, que integrarán un expediente que será turnado a los centros de evaluación, donde se realizará la investigación socioeconómica y el temido polígrafo. En sintonía con el mandato presidencial de constituir la Guardia Nacional a marchas forzadas, los centros tendrán la obligación de desahogar ambas pruebas en un solo día. Es decir, los elementos de la Guardia Nacional serán sometidos básicamente al mismo proceso que los policías, sólo que se hará un esfuerzo para que éste no sea tan tardado.
No es una buena noticia. Para empezar, los controles de confianza son caros. "Acreditar" a cada elemento cuesta alrededor de cinco mil pesos y al año se realizan decenas de miles de pruebas. No hay una cifra consolidada del número total de personas que pasa por los controles de confianza. Sin embargo, para dimensionar la magnitud del gasto una referencia útil es que, en el centro de control de confianza que era de la Policía Federal (una corporación donde laboraba menos del 12 por ciento de los policías del país), se llevaban a cabo 60 mil controles de confianza al año.
Este monumental gasto y esfuerzo estaría plenamente justificado... si funcionara. Sin embargo, después de diez años de controles de confianza, los mexicanos siguen sin confiar en sus policías. De acuerdo con la encuesta del INEGI más reciente, dos terceras partes de la población cree que la policía estatal es corrupta. Siete de cada diez opinan lo mismo de su corporación municipal. Esta desconfianza se explica tanto por la experiencia cotidiana, como por las constantes noticias de policías "acreditados" que trabajan para la delincuencia.
Hace apenas unos días, Jesús Orta, Secretario de Seguridad de la CDMX, reconoció que, en los pocos meses que lleva en el cargo, ha tenido que destituir a 200 elementos y mandos de la zona centro de la capital, por presuntos vínculos con grupos delictivos. Este caso ni siquiera es el más dramático. En años recientes, corporaciones municipales enteras en Guerrero, en Jalisco y en otros estados han tenido que ser desarmadas por estar completamente penetradas por la delincuencia.
Sin embargo, el problema va mucho más allá. El modelo único de "certificación" que seguimos en México no sólo es malísimo y carísimo. También está entorpeciendo otros esfuerzos legítimos de profesionalización en municipios pequeños y aislados (ésos que sólo tienen una veintena de policías y un par de patrullas para vigilar docenas de comunidades; y que hacen frente a grupos delictivos que los superan en número y poder de fuego). En esos municipios suelen transcurrir meses entre que el ayuntamiento manda una solicitud para evaluar aspirantes o elementos en activo y que el centro estatal de control de confianza se digna en hacer las pruebas. Al no contar con elementos certificados, los ayuntamientos se quedan sin recibir recursos necesarios para capacitación y equipamiento.
En resumen, los controles de confianza han sido un desastre. Cuando le pregunto al respecto a los secretarios y mandos de seguridad algunos dicen que no están muy convencidos de su utilidad, y otros consideran que son totalmente aberrantes. Nadie o casi nadie cree que cumplan relativamente bien sus objetivos. Sin embargo, como país nos seguimos aferrando a ellos. Ahora se van a aplicar también a los aspirantes a ingresar a la Guardia Nacional.