El año cierra con una oscura tragedia. Una aeronave más que se desploma con políticos a bordo. Es perfectamente plausible que la muerte de los Moreno Valle se deba a un accidente. Sin embargo, no habrá investigación transparente ni caja negra que aplaque completamente las sospechas. Las versiones más perversas apuntan a la Presidencia de la República. Para quienes quieren ver en AMLO a un dictador en ciernes, el desplome del helicóptero en el que viajaban la gobernadora Erika Alonso junto con Rafael Moreno Valle es muestra inequívoca de que empezó la persecución política. Esta hipótesis es casi inevitablemente por la terrible coincidencia de que Alonso fue la única candidata de oposición que le ganó a Morena una partida decisiva (no sólo en las urnas, sino también en los tribunales) y Moreno Valle era, al momento de su muerte, uno de los liderazgos más prominentes del PAN. Sólo con los meses y los años AMLO podrá disipar el halo de la duda y demostrar que no es su estilo recurrir a la violencia, ni a ningún tipo de persecución, contra sus adversarios.
Sin embargo, las coincidencias que envuelven al trágico accidente van más allá. Por Coronango, el municipio donde cayó el helicóptero en el que viajaban los Moreno Valle, pasa el poliducto Minatitlán-México. En los últimos años la zona ha sido un campo de batalla entre grupos de huachicoleros y autoridades, con numerosas ejecuciones y enfrentamientos. No se puede descartar que los huachicoleros estén involucrados de alguna forma con la muerte de la gobernadora, ya sea como represalia o como advertencia. Tampoco sería la primera vez que la delincuencia organizada ataca una aeronave en México (en mayo de 2015, el Cártel Jalisco Nueva Generación derribó un helicóptero militar).
Hasta que no haya una versión oficial todo son especulaciones. Lo que es un hecho es que el fallecimiento de la gobernadora de Puebla enrarece el clima político y también genera alarma sobre los alcances de los grupos delictivos que se dedican al robo de combustible. Este último aspecto es muy relevante, pues 2019 se perfila como el año en el que el gobierno de México finalmente hará un intento serio por combatir este enorme mercado ilegal.
El propósito es atinado. De hecho, el gobierno pasado nos hubiera ahorrado mucha violencia y un inmenso quebranto presupuestal si hubiera tomado algunas medidas hace seis años, cuando el problema era todavía incipiente y casi nadie en México pensaba que se podía comprar gasolina a un precio menor al que establecía el gobierno (por supuesto, ayudaba que hace seis años el litro de Magna se vendía 10 pesos con 79 centavos). Desafortunadamente se dejó que el fenómeno creciera de forma exponencial y acabar con el robo de combustible no será cuestión de algunos días. Tampoco bastará con algunos despidos de funcionarios de Pemex Logística ni con mandar tropas a vigilar refinerías y ductos.
El mercado ilícito de combustible es un fabuloso negocio en el que participa mucha gente. En 2018 le habrá costado a Pemex unos 50 mil millones de pesos y causó de forma indirecta varios cientos de homicidios. Algunos grupos criminales obtienen ganancias millonarias ordeñando ductos y robando pipas. Sin embargo, el huachicoleo también se ha convertido en una actividad de subsistencia para miles de personas, en algunos casos comunidades enteras. Por supuesto, otra arista central del robo de combustible es la corrupción interna en Pemex, mediante una sorprendente variedad de trampas (de las que sólo se han dado a conocer a la opinión pública algunas de las más gastadas).
Sin embargo, los huachicoleros chicos y grandes, y la corrupción en Pemex, son sólo una cara de la moneda, la de la oferta. El problema más grave probablemente esté en el lado de la demanda: la enorme clientela del huachicol. En los tiempos postgasolinazo, el combustible barato se ha convertido en una sustancia altamente adictiva para un gran número de consumidores, a los que probablemente no les salga la cuenta llenar el tanque a 20 pesos el litro. Estos consumidores incluyen desde transportistas de todo tipo (taxis, mototaxis, autotransporte de pasajeros y de carga), hasta productores agropecuarios. El consumo de combustible robado probablemente sea muy importante en pequeñas localidades rurales.
Sobre los consumidores, el presidente sólo dijo que "se va a castigar tanto al que vende como al que compra". Francamente dudo que el Estado mexicano tenga las herramientas para identificar, ya no digamos sancionar, a la gran mayoría de los compradores. Ojalá me equivoque. Si algo nos enseña el fracaso de la guerra contra las drogas es que, cuando hay demanda, la oferta encuentra sus caminos.