Hace poco más de un año escribí en este espacio sobre la decisión del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, de armar y entrenar en Estados Unidos a un grupo de élite al interior de la Policía Estatal, conocido como Grupo de Operaciones Especiales (Gopes) con "la instrucción inequívoca de usar toda la fuerza que consideren necesario contra los criminales". Al respecto señalaba que "...esta estrategia le ha funcionado relativamente bien al gobierno de Tamaulipas. La mayor parte de la población parece respaldar la decisión de combatir con mano dura a los delincuentes y el gobernador trae buenos niveles de aprobación". La política de seguridad en Tamaulipas continuó dando resultados a lo largo de 2020. El año pasado se contabilizaron 293 homicidios vinculados con el crimen organizado, lo que implica una disminución de 46 por ciento respecto a 2019.
Sin embargo, desde hace un año ya advertía que la estrategia de mano dura en Tamaulipas tenía un talón de Aquiles "...es preocupante, por decir lo menos, que algunos elementos de la Policía Estatal se presenten como una especie de escuadrón de la muerte, y que se les conozca en redes sociales como fabricantes de viudas". Con el hallazgo de los cuerpos de 19 migrantes en el municipio de Camargo, y la presunta responsabilidad de integrantes del Gopes, parece confirmarse, de la peor manera, que dicho grupo policial participa en violaciones graves a los derechos humanos.
Sin embargo, en mi artículo del año pasado también destacaba un precedente importante. El despliegue del Gopes en Tamaulipas fue necesario, en parte, por el retiro previo de elementos de la Secretaría de Marina, el cual se debió, a su vez, a la desaparición de varias decenas de personas, las cuales fueron detenidas por marinos en 2018 y jamás fueron remitidas al Ministerio Público. Los abusos graves a los derechos humanos en la frontera norte son un problema estructural, no un vicio de tal o cual institución. Sin embargo, la tragedia de Camargo ha generado precisamente la demanda de desaparecer al Gopes. Así lo ha solicitado, por lo pronto, la Federación de Cámaras de Comercio de Tamaulipas, quienes también han sido víctimas de abusos por parte de dicho grupo.
No hay solución fácil al dilema del crimen organizado, especialmente en lugares como Tamaulipas. La policía local civil, con un modelo de proximidad y una relación de colaboración estrecha con la comunidad, es un ideal al que no debemos dejar de aspirar. Sin embargo, en el corto plazo no es una alternativa viable en lugares como la Frontera Chica de Tamaulipas. La operación de una policía de esa naturaleza presupone condiciones de normalidad (es decir, que no circulen por las calles comandos criminales con equipo y adiestramiento militar).
Mientras esa normalidad no sea una realidad, retirar a las Fuerzas Armadas o a los grupos policiales de corte militar como el Gopes, equivale a darse un balazo en el pie. Algunas de las peores tragedias de nuestra historia reciente ocurrieron precisamente en Tamaulipas, en casos como el registrado en Mier en 2010, donde la Policía Municipal fue arrasada, y las fuerzas con capacidad para hacer frente a los criminales simplemente no actuaron o no se hicieron presentes.
A lo que no nos debemos resignar en el corto plazo es a que se repitan hechos como los registrados en Camargo. Es innegable que en México hay una tradición de corrupción policial que no va a desaparecer por decreto. Desde siempre, los mexicanos estamos acostumbrados a que los uniformados en algunos casos nos perdonen ciertas faltas a cambio de una mordida, y a que en otros casos nos extorsionen. Los mandos policiales y las autoridades electas a veces se benefician enormemente de estas prácticas; a veces hacen como que no se enteran y se resignan a su existencia como un mal necesario; casi nunca se han propuesto seriamente erradicarlas. Sin embargo, incluso dentro de la tradición nacional de corrupción hay ciertos límites. Lo ocurrido en Camargo sugiere que al menos una parte del Gopes rebasó esos límites y que efectivamente opera con una lógica de exterminio.
No coincido en que la respuesta correcta a la masacre de Camargo sea simplemente desaparecer el Gopes. A lo largo de los últimos años los gobiernos y las legislaturas, tanto en el ámbito federal como en los estados, se han dedicado a mangonear las instituciones de seguridad. Inventar, decretar y desaparecer corporaciones, mandos únicos y mandos unificados. Peña Nieto quiso inventar una Gendarmería. AMLO decidió liquidar la Policía Federal y poner en su lugar una Guardia Nacional. Fuera de estas reformas pomposas, poco se ha hecho para entender y modificar el día a día de la labor policial en campo. Todo aquello que tiene muy poco que ver con lo que dicen las leyes y los protocolos, o lo que se enseña en la academia de policía; y mucho con la realidad que se impone cuando 10 o 20 camionetas de sicarios se cruzan con la fuerza pública en una brecha.
Ojalá que el gobernador García Cabeza de Vaca no se vaya por la salida fácil: decir que va a desaparecer al Gopes (lo que muy probablemente implicaría, en los hechos, un mero cambio de nombre). Por lo pronto, es un buen indicio que se haya detenido a elementos de la Policía Estatal, incluyendo mandos. Ojalá que se busque investigar y hacer justicia, pero también entender y comenzar a corregir las causas profundas que, una y otra vez, han llevado al Ejército y a los grupos policiales 'de élite' a perpetrar masacres.