Hace un año se presentaba Jóvenes Construyendo el Futuro. Encabezaron la presentación, muy sonrientes, María Luisa Alcalde y Alfonso Durazo. Dicho programa de becas sería el estandarte, no sólo de una nueva política de seguridad, sino del fin de la represión neoliberal. El Presidente y los suyos repetían con orgullo que los programas sociales eran "el 80 por ciento" de la estrategia de seguridad. Nos decían con convicción que todo lo demás era accesorio. Luego se impuso la realidad. Los muchachos malportados, esos a quienes la falta de oportunidades orilla a delinquir, no rectificaron el camino. Las masacres se multiplicaron. Se alcanzó un récord de homicidios (alrededor de 37 mil 500 víctimas, a reserva de lo que diga el Inegi en algunos meses).
Algo se aprendió en doce meses. Algo de ingenuidad se perdió en el camino. Con el año nuevo cambió el discurso. Al programa de becas para jóvenes le recortaron 15 mil millones de pesos (nadie se molestó siquiera en medir su impacto sobre la delincuencia, las evaluaciones son jerigonza neoliberal, pasada de moda). Los programas sociales ya no son el eje central de la estrategia de seguridad. Al menos así lo dieron a entender los miembros del gabinete en la reunión de embajadores y cónsules que se celebró la semana pasada. Alfonso Durazo nos dice ahora que el principal componente de la estrategia de seguridad es el combate a la corrupción (se descarta, por aritmética, que los programas sociales constituyan el 80 por ciento).
Hay un avance. Cambiar las condiciones estructurales que propician la delincuencia (y que, dicho sea de paso, no se limitan a la falta de oportunidades de la población más pobre) es una labor que nos llevará, como mínimo, una generación. Toda estrategia, pero sobre todo la de seguridad, debe atender el aquí y el ahora. Por lo tanto, el combate a la corrupción es un enfoque más aterrizado de la política social para responder a la emergencia en la que vivimos.
También es sano que este gobierno se diera cuenta que la "delincuencia uniformada" (como la llamó Durazo durante su presentación ante el cuerpo diplomático) es la norma, no la excepción, y que no será posible recuperar la paz mientras así sea. El crimen organizado controla corporaciones de los tres órdenes de gobierno. Las Fuerzas Armadas, aunque son menos vulnerables, de ninguna forma están exentas del poder corruptor de la delincuencia. Así que el viraje en el discurso es alentador.
Sin embargo, me preocupa que en el gabinete se tomen demasiado en serio los refranes del Presidente. Pienso especialmente en ése que dice que las escaleras se barren de arriba para abajo y que presupone que las virtudes se contagian en cascada, desde el primer mandatario hasta el más humilde de los servidores públicos. Aunque soy el primero en aplaudir la detención de los funcionarios corruptos, sé que no bastará con exhibir la cabeza de García Luna ni la de sus colaboradores ni las de los expresidentes.
A pesar de lo que diga el organigrama, la realidad es que los guardias, los policías y los agentes del MP ejercen su autoridad con enormes márgenes de discrecionalidad. Hay secretarios y altos funcionarios que, además de honrados, son brillantes e inagotables. Los conozco y sé que han sido fundamentales para evitar una catástrofe todavía mayor. Sin embargo, tampoco basta con ponerlos al mando. Estos secretarios, fiscales y mandos ejemplares libran una lucha diaria contra enormes mafias internas que operan desde la sombra.
Por más reuniones mañaneras que se hagan en Palacio Nacional y en cada una de las 266 regiones del país, sólo los policías de a pie y sus mandos inmediatos tienen una idea precisa de cómo opera el crimen organizado. En las reuniones de mandos sólo se discute el parte oficial, que suele omitir la información más delicada (si llegó de fuera un comando con gente armada, o si están cobrando cuota a los negocios del pueblo). Los policías que patrullan conocen esa información, pero ésta no llega fácilmente a la estadística oficial, ni a las reuniones mañaneras, ni a los escritorios de los funcionarios honestos.
Tener secretarios y mandos honestos es un comienzo. Encarcelar a los grandes corruptos del pasado es una buena señal. Sin embargo, el problema de los acuerdos entre criminales y autoridades es enorme. En muchos lugares la policía trabaja para "la maña" por una cuestión de mera supervivencia. Los criminales son quienes tienen más armas y más vehículos. También se enteran perfectamente de todo lo que ocurre. En muchos sentidos, ellos son el Estado. Recuperar ese control territorial es la labor titánica que ha hecho falta, esa piedra angular que verdaderamente debería ser el 80 por ciento de la estrategia de seguridad.