En días pasados, durante una sesión matutina con AMLO, la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, habló con cierto detalle sobre un gran desafío que enfrenta hoy el Estado mexicano: evitar en los próximos meses que las organizaciones criminales, cada vez más agresivas y extensas, se despachen con la cuchara grande en la jornada del 6 de junio, y se lleven una gruesa tajada de las mil 926 alcaldías que estarán en disputa.
Uno de los instrumentos par excellence que utiliza el crimen organizado de gran escala para imponer candidatos o cooptar a los que ya fueron postulados consiste en el uso selectivo de la violencia, ya sea para eliminar o para intimidar a candidatos incómodos. De acuerdo con la secretaria Rodríguez, el "partido de la delincuencia organizado" y sus cómplices "de cuello blanco" son la amenaza que debemos enfrentar. Sin embargo, lejos de integrarse a un partido o confederación única, como pareciera sugerir la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, decenas de organizaciones criminales con ambiciones políticas a nivel local están buscando que cualquier partido, sea de carácter local o nacional, postule a los candidatos de su preferencia. De modo que ningún partido o equipo de campaña estará a salvo en las siguientes semanas de que el recadero de algún capo o banda criminal toque a su puerta para solicitarle, por las buenas o por las malas, que postule a uno o varios de sus candidatos favoritos
El involucramiento del crimen organizado en las contiendas electorales no es algo nuevo, pero por las cifras de incidentes violentos que empiezan a figurar, y que obedecen claramente a una lógica político-electoral, la participación del crimen en las próximas elecciones será de una magnitud nunca antes vista. De acuerdo al monitoreo que, desde junio de 2020, realiza Lantia Intelligence del proceso electoral en curso, febrero pasado ha sido el mes con más eventos de violencia político-electoral (26 en total), lo que representa un incremento del 242 por ciento respecto al mes previo.
Veracruz fue el estado más afectado por el recrudecimiento de este tipo de violencia: de las nueve víctimas, ocho fueron letales y la mitad de ellas fungían como precandidatos a las alcaldías y regidurías de los municipios de Cosoleacaque, San Andrés Tuxtla, Texistepec y Úrsulo Galván. La otra mitad eran exfuncionarios municipales, exalcaldes y familiares. En Veracruz la disputa territorial entre Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Zetas Vieja Escuela ha sido una factor decisivo para detonar el uso de la violencia contra candidatos ajenos a los intereses criminales, o que rechazaron o colaborar con bandas o mafias rivales. La semana pasada el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, abordó el tema de la participación del crimen en las elecciones y apuntó que "las bandas financian candidatos a cambio de que les den la dirección de policía o de obras, cuando comprometieron demasiado al candidato piden la Tesorería, y si son muy descarados postulan al candidato". Además de Veracruz, con nueve incidentes, otros estados que fueron golpeados el mes pasado por la violencia político-electoral fueron Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo y San Luis Potosí, entre otros.
El tiempo se agota, y los partidos no han mostrado una intención seria de frenar la intervención de la delincuencia en las elecciones locales. ¿Qué puede hacer el gobierno federal y el INE ante el desafío? Rosa Icela Rodríguez enumeró nueve líneas de acción, aunque sólo tres me parecen específicas y de alto impacto: 1) establecer mesas de trabajo en las que participen agencias de seguridad federales y locales, fiscalías y partidos políticos para compartir alertas tempranas; 2) aplicar, en coordinación con gobernadores, medidas de protección para candidatos amenazados; y 3) acelerar la conformación de carpetas de investigación de candidatos presuntamente vinculados con –o amenazados por– la delincuencia.
¿Qué añadir? Como he señalado previamente en estas páginas, para no dar palos de ciego y proteger a los candidatos que en verdad están en peligro, además de impedir que compitan quienes han sido cooptados por la delincuencia, debe realizarse un mapeo detallado de los riesgos. Hay ciertos ayuntamientos que son clave para la delincuencia. El crimen organizado necesita controlar a las autoridades en los territorios donde tiene operaciones más visibles, que involucran o afectan a sectores amplios de la población. Por ejemplo, en zonas de cultivos ilícitos o donde operan los mercados de cobro de cuota más importantes. Ahí resultaría imperdonable no actuar.