De un tiempo para acá escucho, cada vez con mayor insistencia, un argumento que tiene mucho punch. Suena bien, es creíble y lo repiten personas bien intencionadas. Algunos funcionarios comienzan a hacerlo suyo. Se trata, sin embargo, de un argumento completamente falaz. Aunque el argumento de moda tiene variantes, la idea central va más o menos como sigue. Se parte de la premisa –correcta– de que la 'delincuencia común' constituye la gran mayoría de los delitos que ocurren en el país. Delitos como los cristalazos, el robo de celulares en el transporte y los interminables engaños telefónicos son, en efecto, los que tienen un mayor número de víctimas. De esa premisa se salta a la conclusión errónea de que lo que 'de verdad preocupa' o 'de verdad jode' a la mayoría de la gente es la delincuencia común. No es así. No porque lo diga yo, sino porque eso se desprende de lo que reportaron los 102 mil hogares que participaron en 2019 en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE).
Es sabido que Yucatán es un oasis de seguridad. De acuerdo con la ENVIPE, el 61 por ciento de los yucatecos se siente seguro en su estado. De lejos es el porcentaje más alto del país (en el ámbito nacional sólo el 19 por ciento de la población se siente segura en su entidad federativa). Se pensaría, entonces, que Yucatán es uno de los estados donde se cometen menos delitos. No precisamente. La incidencia delictiva de Yucatán es moderada, sobre todo en materia de homicidios, secuestros y otros delitos de alto impacto, que en el resto del país se asocian primordialmente al crimen organizado. Sin embargo, si nos vamos a la incidencia delictiva total por cada 100 mil habitantes, nos encontramos con que Yucatán no está entre los tres, ni entre los cinco estados con menor incidencia; ocupa el modesto puesto número 10. De los nueve estados que en 2019 registraron menor incidencia delictiva que Yucatán llaman la atención Michoacán, Tamaulipas y Veracruz. Sorprendentemente, la prevalencia de robo a casa habitación en Yucatán es 60 por ciento mayor a la de Michoacán.
A nadie le gusta que le quiten la cartera en el camión, o que se metan a robar a su casa cuando no hay nadie. Sin embargo, mal que bien, se puede vivir con eso. Otra cosa son los 'brazos armados' del crimen organizado. Aunque no nos maten, ni a nosotros ni a nuestras familias, estos pequeños ejércitos tienen un impacto profundo en nuestras vidas, pues les tenemos miedo, incluso si no los vemos. Por culpa del crimen organizado dejamos de viajar en carretera y nos encerramos en pequeñas burbujas. Por su culpa cierran negocios que ya no pueden pagar la cuota, o dejan de hacerse inversiones que crearían miles de empleos. Pueblos enteros han sido desplazados por la violencia del crimen organizado.
La delincuencia no es un problema monolítico, sino distintos fenómenos que coexisten de manera más o menos independiente (no hay tal cosa como un caldo de cultivo criminal, donde toda la delincuencia se conecte de forma misteriosa). Están, por un lado, los ladrones de poca monta, como los que proliferan en Yucatán y en todo el mundo. Está, por otro lado, el terrible problema de la violencia sexual. En México tenemos, además, un fenómeno excepcional de grupos armados dedicados de lleno a distintas industrias criminales. Cada uno de estos fenómenos demanda atención y estrategias distintas. Cada uno requiere ser atendido. Sin embargo, también debe haber prioridades, y soy de la opinión de que contener la amenaza del crimen organizado debe ser la prioridad del gobierno federal y de todas las autoridades donde éste tiene presencia (más allá de la división formal entre delitos del fuero común y delitos del fuero federal, que no corresponde con una división funcional de la delincuencia).
Desafortunadamente, no hay hasta ahora claridad en la delimitación de los desafíos, mucho menos en la definición de prioridades. Sospecho que el malestar que existe en las policías y las procuradurías respecto al nuevo sistema de justicia penal (y la reacción contra dicho sistema que se dejó entrever la semana pasada) tiene mucho que ver con esa falta de claridad. Lo último que México necesita es reconstruir las prácticas autoritarias del pasado en materia de procuración de justicia, en particular las detenciones arbitrarias y el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Lo que se necesita es priorizar correctamente las investigaciones y desarrollar capacidades para hacer frente, en cada actuación de la policía y en cada agencia del Ministerio Público, a esos grupos armados criminales –que son los que tienen al país de cabeza– y que hasta ahora han sabido utilizar el nuevo sistema a su favor.