No sabemos todavía si en los libros de historia se hablará de una cuarta transformación. Pero la elección del 1 de julio marcará sin lugar a dudas un parteaguas, al menos para nuestro sistema de partidos. Resulta paradójico pero Morena y sus aliados comienzan a reclamar para sí el lugar que alguna vez le correspondió al PRI: un presidente electo que obtuvo más de 30 puntos de ventaja sobre su más próximo competidor, mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso, victorias en cinco de los nueve estados en disputa. Como no había ocurrido en las últimas tres décadas, hoy tenemos una fuerza política preponderante frente a una oposición débil y fragmentada.

La geografía del triunfo de AMLO tiene algunos rasgos reveladores. Si comparamos los resultados de 2012 con los de 2018 la votación por el tabasqueño aumentó en las 32 entidades federativas. Sin embargo, el crecimiento en la Ciudad de México fue marginal (donde tuvo un avance relativamente modesto de cuatro puntos porcentuales). La capital del país, donde AMLO se quedó con 57 por ciento de los votos, ni siquiera estuvo entre las entidades que más lo apoyaron en esta elección. En contraste, en lugares como Baja California Sur y Colima el avance de AMLO fue de más de 35 puntos. Un crecimiento así, en lugares donde Morena no tenía mayor estructura, sólo se explica porque AMLO construyó una coalición amplia, que incluía liderazgos de todos los perfiles y de todo el país.

En muchos casos los nuevos aliados de Morena han construido una base electoral por medio de una labor política legítima. Sin embargo, José Antonio Meade tenía algo de razón cuando en el primer debate señaló que Andrés Manuel, más que una escoba para barrer la corrupción, había estado usando el recogedor. En el afán de sumar fuerzas, Morena no tuvo demasiados escrúpulos. Durante la campaña la atención se centró en algunos personajes de mala fama que fueron postulados al Congreso federal. Sin embargo, el problema podría ser mucho más grave.

En los próximos meses, sobre todo después de las tomas de protesta, es probable que salga a la luz un creciente número de casos escandalosos en los ayuntamientos, sobre todo de alcaldes con alguna vinculación criminal. Este podría ser el talón de Aquiles de Morena durante el primer año: que el gobierno federal, en lugar de enfocarse en su agenda, se la pase interviniendo, cubriendo y justificando las fechorías de alcaldes morenistas.

Ya hay precedentes preocupantes. Está el caso de Rigoberto Salgado, delegado en Tláhuac, quien fue señalado por solapar desde la delegación una red de complicidad y contubernio con el líder criminal conocido como El Ojos. También está el candidato que Morena postuló para la alcaldía de Amacuzac, Morelos, quien es tío de uno de los criminales más peligrosos del estado, y que durante la campaña fue detenido por delincuencia organizada (incluso estando en la cárcel, este candidato ganó con 57 por ciento de los votos).

Morena puede hacer frente a este desafío. A diferencia de lo que ocurre en los otros partidos, a AMLO y al resto de la cúpula de Morena les gusta el trabajo territorial. Por lo tanto, el nuevo gabinete estará bien enterado de cómo operan los alcaldes. Sin embargo, si AMLO no quiere ser rebasado (como le pasó al gobierno de Peña después de la tragedia en Iguala) es necesario que se anticipe.

En primer lugar, sería muy positivo un pronunciamiento claro a todos los intereses criminales que bucarán seguir utilizando a los ayuntamientos para sus fines. Como mínimo, se les debe advertir de ciertas conductas –que hoy en día son frecuentes– y que deberían ser intolerables (por ejemplo, que los grupos criminales se queden con una parte del presupuesto del ayuntamiento, o que manden a la Policía Municipal a secuestrar gente).

Adicionalmente se necesita disciplina interna. Inevitablemente saldrán a la luz pública excesos por parte de los grupos criminales que operaron políticamente en el proceso electoral (y que no renunciarán tan fácilmente a ejercer cierto control sobre las autoridades locales). Es fundamental que AMLO y su gabinete de seguridad tengan bien definido cuál será el protocolo a seguir en estos casos. Por ejemplo, qué pasará si se filtra un video en el que un alcalde de Morena aparezca negociando con un grupo criminal. En este sentido, solapar la colusión con criminales (como al parecer ocurrió en el caso del delegado en Tláhuac) es un pésimo precedente.

Las campañas terminaron. Por un lado, es tiempo para la reconciliación. Para el acercamiento con sectores que no apoyaron el proyecto electoral de López Obrador, pero que pueden sumar al gobierno (como vimos la semana pasada con los empresarios).

Por otro lado, es tiempo de poner orden en casa. De establecer y hacer cumplir reglas mínimas para que Morena sea algo más que un paraguas donde todo cabe, incluyendo los vicios y los cacicazgos de siempre del PRI y del PRD, y las pantallas políticas del crimen organizado.