Hace unas semanas escribía en este espacio que la fase 3 suponía un riesgo de primer orden para la gobernabilidad, y anticipaba que muy pocas autoridades se atreverían a imponer medidas draconianas, y asumir el costo político, que tal vez eran necesarias desde un punto de vista de salud pública. En efecto, como país nos resignamos a una fase 3 'light'. A cambio, tenemos una tasa de letalidad mucho más alta que la de otros países latinoamericanos. Colombia, que tiene el 40 por ciento de la población de México, lleva menos del 10 por ciento de defunciones por Covid-19.
Sin embargo, algunas contadas autoridades se atrevieron a actuar de forma distinta. Desde el principio de la pandemia Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, buscó distinguirse. Promovió el uso intensivo de pruebas, lo que lo llevó a confrontarse con el célebre subsecretario López-Gatell. También buscó que en Jalisco el uso de cubrebocas y la suspensión de actividades no esenciales fueran más que meras recomendaciones. Ahí donde los gobiernos de Morena apelaron a la virtud cívica, Alfaro apeló a las sanciones y al uso de la fuerza pública.
El gobierno de Jalisco optó por impulsar un modelo más estricto, más represivo si se quiere, de confinamiento. Ha tenido buenos resultados. En Jalisco las muertes por Covid-19 han sido apenas una fracción de las registradas en otras entidades federativas. Sin embargo, Enrique Alfaro también asumió el riesgo de descansar una estrategia muy intrusiva de vigilancia (que inevitablemente conduce a fricciones y pleitos) en corporaciones policiales desprestigiadas y en muchos casos abusivas. La desafortunada muerte de Giovanni López, ocurrida el pasado 5 de mayo, muy probablemente fue una consecuencia de ese riesgo que asumió el gobierno de Jalisco. De ahí la relevancia de definir si la policía municipal de Ixtlahuacán lo detuvo por no portar cubrebocas –como se establece en el acuerdo publicado por el gobernador Alfaro, en el periódico oficial de Jalisco, el 19 de abril– o por otra causa.
Los abusos policiales son un problema estructural y muy arraigado. Para resolverlo hará falta mucho más que obligar a los elementos a tomar otro curso de Derechos Humanos (como se propone hacer ahora con la policía de Ixtlahuacán). No es, por supuesto, un problema exclusivo de Jalisco. Casos lamentables de represión policial han tenido lugar en muchos otros lugares. Recientemente en Tijuana, hace no mucho en la Ciudad de México (en 2018, por ejemplo, los medios siguieron por semanas el caso de la desaparición del joven Marco Antonio Sánchez Flores, después de ser detenido por elementos de la policía capitalina).
Tal vez el gobierno de Jalisco fue omiso después de la muerte de Giovanni López. Se dejó pasar casi un mes antes de que se tomaran acciones. Alfaro ha sido errático en su manejo de la crisis. Sin embargo, nada justifica la violencia que se ha vivido en los últimos días en las calles de Guadalajara y de la Ciudad de México. Mucho menos cuando esa violencia parece premeditada. En ambos casos sobran razones para sospechar que hubo infiltrados. El mal clima político, incluyendo las graves acusaciones de Alfaro al presidente López Obrador y a Segob, y el golpeteo contra el gobernador por parte de distintos grupos morenistas, tampoco parece explicarse por el descontento legítimo que ocasionó la muerte de Giovanni López.
Todo parece indicar que distintos bandos políticos están aprovechando las protestas para jugar sucio. Tal vez a alguien que opera desde los "sótanos del poder" no le gustó que Alfaro se perfilara como un líder opositor con peso nacional. Tal vez dentro de la propia oposición hay también quienes busquen aprovechar las protestas para golpear la imagen del jefe del Ejecutivo y de Morena.
Enrique Alfaro y Morena representan dos polos de la política mexicana; incluso dos visiones opuestas de país. Ante la pandemia, la distancia ideológica que hay entre ambos se expresó con claridad. Es sano que en democracia se expresen esas diferencias. Sin embargo, el juego sucio que al parecer han iniciado podría salirle muy caro al país. Para empezar, coloca en una posición extremadamente difícil a las instituciones de seguridad pública, que ya bastante tienen con el crimen organizado, y que lo último que necesitan es lidiar con una crisis de violencia política. Peor todavía, en medio de la peor crisis económica de la historia reciente, este juego sucio podría fácilmente salirse de control y acabar por completo con la paz social.