La prohibición de la mariguana, como la prohibición del alcohol en Estados Unidos o la prohibición del divorcio en casi todo el mundo, pasará a la historia como una mala idea. Está de sobra demostrado que el cannabis tiene propiedades medicinales y que, por el lado recreativo, es relativamente inocuo, sobre todo si se le compara con otras drogas. La mariguana no merece estar en el mismo cajón con la cocaína, los derivados del opio y las drogas sintéticas. La prohibición, además, no abona en nada a la salud pública y sí implica que cientos de miles de personas (sobre todo jóvenes en condiciones de relativa vulnerabilidad) todos los años sean detenidas, y en muchos casos violentadas, por la policía.
En México ya vemos la luz al final del túnel. Tenemos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que obligan al Congreso a legislar en la materia, y desde 2016 se han presentado una decena de iniciativas para legalizar el cannabis y sus derivados. También es bien sabido que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es partidaria de la legalización. La pregunta en México ya no es si legalizar o no. La pregunta es cómo.
Desafortunadamente, después de medio siglo de guerra contra las drogas, llevamos muy arraigado el espíritu prohibicionista. La mayoría de la población se sigue manifestando en contra del consumo para uso recreativo y los políticos le entran con miedo al tema. Saben que es inevitable alguna forma de legalización. Sin embargo, al leer las iniciativas (incluyendo el anteproyecto que recientemente dio a conocer el Senado) pareciera que los legisladores están pensando en la producción y el consumo legal de cannabis, no como un derecho, sino como si se tratara de un experimento de alto riesgo, que debe desarrollarse bajo estricto control del Estado.
En el anteproyecto sobran las reglas, los procesos y las restricciones. Para todo se necesita una licencia o permiso especial, hasta para tener una planta en casa (considerando, además, que deberán demostrar el origen lícito de la planta). Escribir normas es fácil. Lo difícil para la autoridad es hacer que se cumplan. Lo que también es difícil, para los particulares, es poder cumplir. Cumplir con reglas complicadas –y esto lo sabe cualquier persona que haya declarado impuestos– es tardado y caro. Ése es precisamente el riesgo que veo en la dirección que está tomando la legalización del cannabis en México.
El problema con la sobrerregulación es que hará muy difícil que, en lo hechos, desaparezca el mercado negro. Sí, existirán algunas asociaciones cooperativas en las grandes ciudades. También habrá uno que otro entusiasta que obtenga el permiso para cultivar en casa. Sin embargo, el producto de venta legal en anaqueles –ése que verdaderamente podría reemplazar a las narcotienditas– será difícil de conseguir, o muy caro, para la mayor parte de los usuarios.
Por décadas se ha hablado de los riesgos de legalizar la mariguana. Que si va a aumentar de forma dramática el consumo. Que si el crimen organizado va a reaccionar con más violencia (algo que veo improbable), o va a ingeniar alguna forma de adueñarse del mercado legal. A estas alturas, el verdadero riesgo es tener una legalización de papel, que no cambie en nada la situación del grueso de los usuarios. Algo similar ocurrió en Uruguay, que en diciembre de 2013 se convirtió en el primer país del mundo en legalizar completamente el cannabis, pero que eligió un modelo de regulación sumamente restrictivo. Seis años después la mariguana legal sigue siendo un lujo en Uruguay, donde dos de cada tres usuarios compran en el mercado negro.
En nada es más claro el afán de control de nuestros legisladores que en la intención de crear un "Instituto Mexicano de Cannabis". De acuerdo con el más reciente anteproyecto, este organismo descentralizado participará en el control sanitario de los productos derivados del cannabis (una actividad que bien podría dejarse en manos de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios). También será el responsable de emitir las numerosas licencias y permisos que se contemplan en el anteproyecto. Es bien sabido que las burocracias tienden a perpetuarse. En el largo plazo, este nuevo instituto podría convertirse en un verdadero lastre. Tendrá instalaciones, personal y un director, quienes de alguna forma tendrán que justificar su presupuesto. Incluso si nos damos cuenta que el modelo de regulación que elegimos no funciona, habrá una burocracia de la mariguana siempre dispuesta a defenderlo.