El miércoles de la semana pasada el gobierno capitalino convocó a una conferencia de prensa. El tema eran las nuevas reglas para taxis y para servicios de transporte en Apps, como Uber, Didi o Beat, que habían sido publicadas ese mismo día en la Gaceta Oficial. La jefa de Gobierno y el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, explicaron que el objetivo de estas nuevas reglas es erradicar la corrupción que los taxistas padecen al realizar ciertos trámites, así como nivelar la competencia entre taxis y Apps. Por ejemplo, de ahora en adelante los conductores de las segundas deberán tomar un curso y sus vehículos tendrán que pasar la revista en condiciones equiparables a los taxis. Estos anuncios se envolvieron en otras medidas amables que el gobierno capitalino había comunicado en días previos (como la digitalización del trámite de la licencia para conducir y el fin de las fotomultas). Hasta ahí las cosas no sonaban tan mal.
Sin embargo, la regulación que se publicó el pasado miércoles es, en lo sustantivo, algo completamente distinto al mensaje amable que se transmitió en la conferencia de prensa. De hecho, las dos medidas de más impacto que se contemplan en la nueva normativa, lejos de nivelar las cosas, son un esfuerzo descarado por proteger a los taxistas de cualquier competencia real. De paso, estas dos medidas podrían afectar seriamente el servicio por medio de Apps, que permite que decenas de miles de capitalinos se ganen la vida y que cientos de miles se transporten de manera segura. Estas dos medidas ni siquiera se mencionaron en la conferencia de prensa. Sheinbaum aventó la piedra y escondió la mano.
La primera medida grave es que en la nueva regulación se insiste en prohibir que las Apps reciban pagos en efectivo. La SCJN ya ha considerado inconstitucional esta prohibición (por discriminatoria), que a puerta cerrada es la verdadera exigencia de los taxistas en muchos estados (pues saben que no son competitivos frente a las Apps cuando estas participan en el segmento de pago en efectivo).
La segunda medida es la restricción para que las Apps sólo presten servicio en vehículos de más de 200 mil pesos (un monto caprichoso, que ya se había planteado en el gobierno de Mancera). De forma inexplicable, en las nuevas reglas se plantea imponer este valor mínimo a las Apps, pero no a los taxis. Al parecer el gobierno capitalino considera que, independientemente de lo que quieran o necesiten los usuarios, las Apps están obligadas a ser premium, mientras que a los taxis se les puede permitir seguir prestando un servicio de tercera.
La imposición del valor mínimo de 200 mil pesos es grave. Dejaría sin poder manejar en las Apps a miles de conductores que tienen vehículos más baratos. Si se aplicara esta medida, la ley de la oferta y la demanda se impondría, y el servicio de las Apps se haría más caro y más tardado.
En resumen, la prohibición del pago en efectivo y el valor mínimo de los vehículos son restricciones absurdas, que no benefician en nada a los usuarios (al contrario, sólo limitarán la disponibilidad y accesibilidad del servicio). Estas restricciones también son injustas, pues se le imponen a las Apps, pero no a los taxis. El mensaje de 'piso parejo' que las autoridades capitalinas quisieron dar resulta francamente hipócrita. Lo que se busca es convertir a las Apps en un servicio de nicho para la gente fifí (actualmente los usuarios provienen de segmentos amplios de la población, incluyendo a personas que no tienen ingresos elevados, pero que ocasionalmente utilizan Apps para realizar viajes indispensables en horarios o zonas inseguras).
No me explico por qué funcionarios sensatos y modernos –como son Sheinbaum y Lajous– doblaron las manos ante los taxistas. O en realidad sí me lo explico, aunque no deja de decepcionarme: los taxistas, en la CDMX como en muchos estados, son una mafia temible. Ante la competencia de las Apps no buscaron incorporar tecnología y jamás se plantearon mejorar su infame servicio; los malos modos, el descuido de los vehículos y los cobros abusivos siguen siendo frecuentes. En cambio, la violencia ha estado a la orden del día. En repetidas ocasiones grupos de taxistas montoneros han agredido a conductores de Apps. A algunos los han amenazado por 'entrar a su territorio'. A otros les han destrozado sus vehículos a pedradas o batazos. A muchos otros los han golpeado y han mandado a varios al hospital.
No sólo los choferes son víctimas de la violencia de los taxis. En la CDMX y en varios estados hay un gran cúmulo de casos que involucran a taxistas en la comisión de delitos graves. Aunque las Apps no están exentas de este fenómeno, el modelo de operación hace que el riesgo sea mucho menor (todos los viajes quedan registrados, lo que hace difícil cometer delitos graves de forma impune). Hablo con conocimiento de causa. En el último año he colaborado con Uber en la revisión de sus procesos de monitoreo y seguridad, que son francamente impresionantes. La seguridad es, a fin de cuentas, la principal razón por la cual la gente prefiere utilizar Apps siempre que tiene la alternativa.
Por otra parte, los taxistas descubrieron que también era muy efectivo movilizarse para intimidar a las autoridades. Se convirtieron, por así decirlo, en la CNTE del transporte de pasajeros. A fuerza de amenazas y bloqueos han logrado que se prohíban las Apps en destinos como Campeche y Cancún (donde cobran una fortuna por los traslados al aeropuerto, justo como pasaba con los taxis de sitio en el AICM antes de que hubiera Apps). Casualmente, desde hace un par de meses, los taxistas de la capital empezaron a presionar fuerte a la jefa de Gobierno y a Semovi. El 20 de febrero desquiciaron el Zócalo y a fines de marzo amagaron con más movilizaciones y paros si las autoridades no atendían sus exigencias.
Lo más lamentable es que la regulación ventajosa que el gobierno capitalino concedió a los taxistas no sólo dejará sin ingresos a miles de conductores y hará que los viajes suban de precio. Lo verdaderamente grave es que –en una ciudad con una crisis severa de delincuencia en el transporte– la seguridad que ofrecen las Apps será prohibitiva para la gente menos privilegiada, aquélla que Morena prometió proteger y ayudar.