Hasta ahora el Covid-19 no ha generado situaciones dramáticas de ingobernabilidad, incluso en los lugares donde la epidemia ha golpeado con más fuerza. En Wuhan, lo peor de la crisis transcurrió en una paz casi fantasmal. Tal vez el propio miedo al virus, junto con las medidas de distanciamiento social, inhiban los disturbios espontáneos.
En muchos países, la preocupación más severa en términos de seguridad nacional es que la pandemia alcance tal intensidad que amenace la operación de actividades e infraestructura crítica (agua, energía o comunicaciones indispensables para mantener el abasto de alimentos y del sector salud). Este escenario tampoco se ha materializado. Sin embargo, lo anterior no quiere decir que la epidemia no sea una amenaza para la seguridad nacional. El riesgo es particularmente alto en países como México, que ya hacían frente a situaciones críticas, incluso antes de que iniciara la pandemia.
Por su intensidad, por la facilidad con la que ocurre el contagio, y por la rapidez con la que el virus se ha propagado por todo el mundo, el Covid-19 es algo inédito para todas las generaciones en vida. Hace falta volver atrás más de un siglo, a la influenza española que se cobró millones de víctimas al final de la Primera Guerra Mundial, para encontrar un virus que tuviera una afectación económica y social así de fulminante. El mundo era muy distinto en aquel entonces. Por lo tanto, son inciertas las disrupciones sociales que en el mediano plazo tendrán el Covid-19 y el bajón económico que se avizora.
Sin embargo, en el corto plazo los gobiernos harían bien en prepararse para que no se incrementen algunos de los riesgos que ya estaban presentes antes de la contingencia. Los individuos y los colectivos tienden a reaccionar a una situación de estrés, aunque ésta sea novedosa, participando y promoviendo cierto tipo de acciones que ya conocen. En países donde, por ejemplo, se han registrado saqueos generalizados en años recientes, la probabilidad de que este fenómeno se repita es relativamente elevada (de hecho, en Argentina y en Venezuela ya se registraron de forma incipiente algunos saqueos).
En México, uno de los riesgos más inmediatos tiene que ver con los penales. Es bien sabido de las críticas condiciones en las que operan varias de nuestras cárceles, tanto por la insuficiencia de recursos como por el autogobierno. Hace una década los penales ya hicieron frente a una crisis que dejó varios cientos de internos heridos, muertos y fugados. En el Cereso de Apodaca, Nuevo León, 44 internos murieron en una riña que se desató una noche de febrero de 2012. Ante el Covid-19 (y el miedo comprensible a que los penales se conviertan en trampas letales para los internos) el riesgo de que se registre una nueva ola de fugas y motines aumenta de forma exponencial. Ojalá los titulares de los sistemas estatales de readaptación social estén bien preparados para la contingencia.
En otros asuntos…
El hostigamiento del gobierno contra los funcionarios que hicieron carrera en instituciones de seguridad en sexenios previos no termina, y amenaza con convertirse en una verdadera cacería de brujas. La 4T, tan generosa para exonerar a algunos de los grandes villanos del ámbito sindical y político, parece obsesionada con llevar a sus últimas consecuencias la purga del sector seguridad. Varios de los funcionarios más destacados de la antigua Policía Federal han sido sistemáticamente bloqueados. Otros todavía desempeñan hoy una labor importante en corporaciones estatales y, hasta hace poco, también en el ámbito federal. Sin embargo, su posición es cada día más precaria. Mientras tanto, los enormes vacíos que ha dejado la purga han sido ocupados, en la mayoría de los casos, por personal de origen militar.
En su momento aplaudí en este espacio la detención de Genaro García Luna. Independientemente de si son ciertas todas las acusaciones en su contra, hay demasiados indicios de las tropelías del exfuncionario, en particular en lo relativo a su prodigioso enriquecimiento. Sin embargo, tendría cautela al incluir en la misma canasta de García Luna a todo aquel que trabajó con él.
Al respecto, el actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que tiene el propósito de que "ninguna persona vinculada al exsecretario de Seguridad Pública" forme parte de su equipo. Sería un error lamentable. A pesar de la cultura patrimonialista de nuestra clase política, las secretarías de Estado no son meros clubes de compadres. Me consta que en la Secretaría de Seguridad Pública, en la Comisión Nacional de Seguridad y en la Policía Federal hubo también funcionarios ejemplares, lo mismo en tiempos de Calderón que con Peña Nieto. Esos funcionarios eran quienes hacían el trabajo difícil en áreas sumamente especializadas. Ni García Luna, ni ningún otro secretario de Seguridad, podían prescindir de su experiencia. Tampoco el actual gobierno debería hacerlo. Eso, por supuesto, a menos que lo que se busque de forma deliberada sea dejar exclusivamente en manos de militares todo el aparato de seguridad del gobierno federal.