Es inevitable, incluso sano, que el gobierno tenga alguna forma de comunicación con las organizaciones criminales. 'Vínculos' o 'relaciones' existen siempre. Esas palabras en sí no quieren decir mucho. Lo importante es la naturaleza de esos vínculos y esas relaciones. Una cosa es que los funcionarios aprovechen su relación con la delincuencia para enriquecerse; otra cosa es que busquen imponer límites a la violencia y la capacidad corruptora de los delincuentes. Otra cosa más es que los capos, como muchas personas influyentes, constantemente buscan propiciar encuentros y mandar mensajes para hacer todo tipo de solicitudes (o exigencias, dependiendo de la relación de poder). A veces piden que les cambien al director de tal penal, a veces que se hagan de la vista gorda en equis carretera o que les devuelvan un inmueble que les confiscaron.
También hay treguas. El Estado simplemente no tiene capacidad para combatir a todos los grupos delictivos de forma simultánea. Actuar de forma selectiva y secuencial es la única alternativa sensata de combatir al crimen organizado. Sin embargo, mantener una tregua sería prácticamente imposible sin un canal confiable de comunicación (al menos en México, donde las organizaciones criminales son enormemente sofisticadas y las capacidades de inteligencia del gobierno son limitadas).
La relación entre la gran delincuencia y el gobierno es, pues, inevitable. Todos asumimos o al menos intuimos que existe. Sin embargo, ni el sistema legal, ni las oficinas de comunicación social tienen forma de procesar, encauzar y transparentar esa realidad. No se pueden firmar convenios de colaboración ni difundir los acuerdos en boletines de prensa. Por lo tanto, la inevitable relación entre el crimen organizado y las autoridades sólo puede desenvolverse en el ámbito de las sombras y las simulaciones.
Lo curioso es que –tratándose del Chapo– el Presidente deja la simulación a medias. Si siempre hay relaciones entre la delincuencia organizada y el gobierno, la 4T ha dejado muy claro que con el Cártel de Sinaloa hay una relación especial, que intencionalmente se publicita. Desde que estaba en campaña AMLO tuvo gestos públicos de apoyo y simpatía muy significativos con la cúpula de dicha organización. Ahora llama la atención que, en medio de una emergencia sanitaria, decida viajar en persona a Badiraguato, dizque a supervisar la construcción de una carretera (cuando este viaje al terruño del Chapo Guzmán, como los otros que ha hecho, sólo puede interpretarse como una iniciativa de acercamiento hacia el Cártel de Sinaloa).
En el marco de la relación especial, las visitas personales de AMLO a Badiraguato probablemente tengan que ver con su determinación de no delegar las decisiones y las gestiones clave en materia de seguridad. Aun así, fue una decisión insensible. Con toda razón, las atenciones personales del Presidente con Consuelo Loera, al hacerse públicas, ofenden a las familias de decenas de miles de víctimas de la violencia y de presos que no tienen ni la riqueza y ni la influencia del Chapo. Este exceso podría salirle caro.
Sin embargo, lo verdaderamente interesante son los posibles objetivos que llevaron a AMLO a aceptar ese costo político. No seamos ingenuos. El Presidente va seguido a Badiraguato y tiene atenciones 'humanitarias' con la señora Loera por la misma razón por la que frecuenta a los grandes empresarios mucho más que al común de los mexicanos, le caigan bien o mal. Badiraguato, el Cártel de Sinaloa y la familia Guzmán Loera son poder real. En este momento, por alguna razón, ese poder le resulta importante al gobierno.
Hay varias hipótesis sobre el propósito concreto de la visita presidencial a Badiraguato del domingo pasado. Que es una señal de que hay cordialidad hacia el Cártel de Sinaloa, y que en los próximos meses las acciones del gobierno se enfocarán en otras organizaciones más nocivas (ya sea el CJNG o el Cártel de Santa Rosa de Lima). Que fue una visita de cortesía para ablandar al Cártel de Sinaloa justo antes de que la Unidad de Inteligencia Financiera anunciara el congelamientos de varias cuentas vinculadas con dicho cártel. Que el viaje fue una solicitud o sugerencia de mandos militares, interesados en una reconciliación con la tropa del Chapo tras el fallido intento de captura de su hijo Ovidio y la batalla campal en Culiacán, ocurrida en octubre del año pasado.
Sospecho que nunca sabremos si estas u otras hipótesis más oscuras son las buenas. Los que saben dentro del círculo cercano de AMLO difícilmente hablarán con franqueza. Tampoco sabremos quiénes son los diligentes operadores, militares o civiles, que fungen como enlaces entre Palacio Nacional y la familia Guzmán Loera. La relación especial existe, pero no conocemos su naturaleza.
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En otros temas, la semana pasada describía en este espacio la primera ola de saqueos que se vivió ante la contingencia por coronavirus. De acuerdo con el monitoreo de Lantia Consultores, en la semana del 23 al 29 de marzo los medios reportaron un total de 36 saqueos que lograron consumarse (excluyendo las convocatorias e intentos que no prosperaron). En contraste, la semana pasada sólo se reportaron un total de tres casos de saqueos consumados: uno en el Puerto de Veracruz, otro en la alcaldía Gustavo A. Madero y otro más en Almoloya de Juárez. Además, las autoridades en distintos estados lograron detener a varios delincuentes que en días previos promovieron o participaron en saqueos. No se puede bajar la guardia (el fenómeno probablemente se reactive cuando se sienta de lleno el impacto económico de la contingencia). Sin embargo, por lo pronto, los saqueos están bajo control.
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Por último, cada vez resulta más claro que el crimen organizado será un actor decisivo durante la pandemia. El viernes pasado se registró un enfrentamiento en Madera, Chihuahua, con saldo de 19 muertes. En mi próxima entrega escribiré más sobre el comportamiento de las ejecuciones. Por el momento, basta decir que la violencia no ha entrado en cuarentena. Por otra parte, el crimen organizado también ha desplegado su faceta benefactora. El fin de semana un grupo de alcaldes de municipios rurales de Tamaulipas urgían al gobierno estatal a no olvidarlos durante la contingencia. Decían que no han recibido "un solo cubrebocas", a pesar de que la federación entregó al gobernador 760 millones para hacer frente al coronavirus. Al mismo tiempo, en la capital de dicho estado se repartían despensas a nombre del Cártel del Golfo y de un tal "Señor 46 Vaquero". Muy preocupante que Señor Vaquero, y otros líderes criminales, busquen llenar los vacíos que deja el gobierno y de paso aprovechar la emergencia para ganarse a la gente.