Hace no tanto tiempo Guanajuato era uno de los estados más atractivos para invertir. Muchas multinacionales, especialmente empresas automotrices de origen asiático, decidieron aprovechar la infraestructura y la ubicación estratégica del Bajío para instalarse. El crecimiento en los últimos años fue tan importante que Guanajuato actualmente es el núcleo del clúster automotriz más productivo de América Latina.
Sin embargo, pareciera que todo el empeño que el gobierno estatal puso en atraer inversión, lo dejó de poner en materia de seguridad. Durante las administraciones de los panistas Miguel Márquez y del actual mandatario, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la violencia del crimen organizado ha aumentado de forma espectacular. En 2012 Guanajuato no figuraba como un lugar violento (por el número absoluto de homicidios reportado por el Inegi ocupaba la decimocuarta posición entre las 32 entidades federativas). Para 2018 Guanajuato ya era el estado con más asesinatos del país.
Todo indica que en 2019, y en la primera mitad de 2020, la violencia en Guanajuato siguió en vertiginoso aumento. Sin embargo, ni siquiera tenemos una idea clara de cuántos homicidios se cometieron. La fiscalía del estado insiste, desde hace años, en emitir cifras a todas luces manipuladas. La trampa consiste en clasificar como culposos –es decir, accidentales– un alto número de homicidios intencionales. Desde agosto de 2018 denuncié esa trampa estadística en este espacio. En el tercer trimestre de cada año, cuando el Inegi publica las cifras de defunciones del año previo, se confirma que la fiscalía de Guanajuato no cuenta bien los homicidios dolosos. Ya ni hablar de que los investigue.
El miércoles de la semana pasada trascendió el asesinato de 26 personas en un anexo en Irapuato. Se trata de la peor masacre que se ha registrado en el país en lo que va del año. Sin embargo, los episodios de violencia extrema se han vuelto casi cotidianos en varios municipios de Guanajuato. Ataques a bares, balaceras, incendios de vehículos, asesinatos de candidatos. En los últimos meses van varias veces que Celaya 'arde' ante los ataques de la gente de El Marro. Desafortunadamente, me temo que la masacre de la semana pasada será uno más de los muchos hechos violentos que son olvidados, sin que la fiscalía o el gobierno estatal averigüen e informen lo que realmente ocurrió.
Hasta ahora las empresas más golpeadas por la violencia en Guanajuato han sido los comercios locales, que antes de la cuarentena ya veían caer sus ventas hasta en un 45 por ciento por la necesidad de cerrar o por el miedo de la gente a salir de casa. Sin embargo, es sólo cuestión de tiempo antes de que las multinacionales se planteen seriamente mover su producción a destinos de menor riesgo (más en un año negro para la industria automotriz, en el que los pedidos de autos caerán en picada y a las armadoras les sobrarán opciones para sacar adelante la mínima producción que requieren). Poco importa que la incidencia de delitos menores no sea tan alta. El daño y el miedo que causan los incidentes de violencia armada bastan para ahuyentar a cualquiera.
Las causas de la crisis en Guanajuato no se reducen a una 'guerra' entre el CJNG y El Marro, o a la maldición de tener en el estado una refinería y una densa red de ductos y de terminales de almacenamiento y reparto. En casi todos los estados hay grandes negocios ilícitos y grupos criminales en conflicto. Lo que verdaderamente distingue a Guanajuato es que, desde hace años, los criminales se sienten en completa libertad para cometer todo tipo de tropelías, no sólo contra sus rivales, sino también contra autoridades y contra la población. Saben bien que en la mayoría de los casos los alcaldes, el fiscal y el gobernador prefieren no meter las manos.
El fenómeno de la violencia criminal no sigue líneas partidistas. Hay gobiernos de oposición, como los que encabezan Enrique Alfaro, en Jalisco, y Francisco García Cabeza de Vaca, en Tamaulipas, que le plantan cara a los criminales. La violencia descontrolada tampoco es consecuencia inevitable del huachicol. En Puebla (un estado que, al igual que Guanajuato, hace frente a un problema grave de robo de combustible) los homicidios dolosos se han mantenido en niveles comparativamente moderados y muestran una ligera tendencia a la baja.
Cuando las peores expresiones de violencia criminal se instalan de forma sistemática en una entidad federativa, lo que suele haber es una profunda negligencia, y muy probablemente complicidad, de las autoridades estatales y municipales. Fue lo que pasó en Michoacán, en tiempos de Fausto Vallejo, y en Guerrero, durante la administración de Ángel Aguirre. Ninguno de los dos gobernadores pudo terminar su mandato.
Pacificar Guanajuato debería ser ya una prioridad nacional. Es indispensable para llevar un mínimo de tranquilidad a seis millones de habitantes y para evitar que colapse el complejo industrial más dinámico del país (que además de Guanajuato involucra cadenas de producción que se extienden por Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí). La crisis de violencia en Guanajuato es ya un problema de seguridad nacional y exige una solución.