Hace ocho años dos mujeres saltaron a la infamia como las "ladies" de Polanco. A sabiendas de que las filmaban, agredieron a un elemento de la policía capitalina. Hubo distintas versiones sobre el origen de la furia de las ladies (que si venían escapando de un alcoholímetro, que si antes las intentaron asaltar). Sin embargo, lo que se ve y se escucha en el video es inequívoco. Hay un policía que permanece casi inmóvil, y que se deja maltratar, humillar y hasta golpear por dos mujeres violentas y clasistas. El entonces secretario de Seguridad Pública del DF excusó la pasividad del elemento. Las ladies no pisaron la cárcel.
Hace ocho meses en Tlahuelilpan, Hidalgo, una toma clandestina de combustible atrajo a multitudes, que por horas llegaron a llenar bidones. En el lugar de los hechos había 25 soldados. Los soldados alertaron del riesgo, pero a la gente se le hizo fácil ignorarlos. El propio Presidente defendió la pasividad de los militares: "hubiese estado más complicado posiblemente si hubiesen tratado de impedir a la multitud lo que se estaba haciendo."
Anteayer, en una localidad del municipio de Acajete, Puebla, algunas decenas de personas agredieron a elementos de Sedena que resguardaban bodegas clandestinas donde se almacenaba gas. Las agresiones de este tipo se han vuelto casi cotidianas, pero ésta se viralizó porque quedó registrada en varios videos. Lo pobladores aventaron piedras. Los soldados les regresaron las pedradas. Luego dispersaron a la gente con tiros al aire. No se vio la acción contundente que se espera de una autoridad, sino una respuesta timorata donde los soldados se pusieron al tú por tú con los agresores.
Por supuesto, hay protocolos para el uso de la fuerza y presupuestos para capacitación. Desafortunadamente, una cosa es lo que se discute en la estratósfera del debate legislativo y en los foros de seguridad. Otra cosa es el día a día del Ejército y los policías. En las calles, la idea de cumplir las normas suena a ingenuidad. Los mandos simplemente no conciben que se pueda exigir a los elementos que actúen con frialdad y que de verdad apliquen lo que establecen los protocolos para el uso legítimo de la fuerza. Cuando hay incidentes, y no se hace nada, la reacción invariable es solapar y justificar.
La principal diferencia entre nuestras fuerzas de seguridad y las de otros países es que aquí resulta fácil ignorar las órdenes de una autoridad, o atacarla incluso, y luego salir caminando como si nada. En los videos de las ladies de Polanco, en Tlahuelilpan y en Acajete, la autoridad no intentó someter ni arrestar a nadie. Los soldados y los policías saben que resultaría peor detener a quienes los ignoran, los insultan o los golpean.
El problema de fondo está en la corrupción de los ministerios públicos. Sin embargo, no ayuda que agredir a la fuerza pública no sea delito grave. Claudia Sheinbaum anunció en mayo, después de que un grupo de policías fueran atacados a cuchillazos, que se buscaría incluir este tipo de agresiones en el Código Penal de la CDMX. Al final, lo que el Congreso capitalino aprobó –en el ánimo buena onda de la 4T– fue reformar la Ley de Cultura Cívica local para clasificar como una infracción "tipo E" cualquier conducta que implique "vejar, intimidar, maltratar físicamente o incitar a la violencia contra un integrante de las instituciones de Seguridad Ciudadana". La misma ley prevé una draconiana sanción de hasta 36 horas, (inconmutables, eso sí) de trabajo en favor de la comunidad.
No hay una salida ni elegante ni barata ni definitiva a la tensión entre el combate a la delincuencia y el respeto a los derechos humanos. En Estados Unidos, los departamentos de policía anualmente gastan millones en indemnizaciones para las víctimas de abuso policial. Sin embargo, la solución no se reduce a una disyuntiva simplona entre no hacer nada y "matarlos en caliente" (como efectivamente ocurrió, con una frecuencia aterradora, en tiempos de Calderón y Peña Nieto).
Claudicar al principio de autoridad es el peor camino a seguir pues irremediablemente pone en ventaja a los delincuentes y lleva a un escalamiento de la agresividad hacia la autoridad. Esto es lo que hemos visto en los últimos meses. Abogar por la prudencia extrema en el uso de la fuerza, o apelar al "fuchi, guácala" o a las madres de familia (como si lo delincuentes fueran todos niños malportados o manipulados, y nunca adultos responsables), suena garantista. Sin embargo, supone un riesgo para los ciudadanos, para los policías y soldados, y para los propios delincuentes.