"No son buenos los resultados en cuanto a la incidencia delictiva, es nuestro principal desafío". Así resume el propio Informe de Gobierno la situación en materia de seguridad. Por lo menos hay que reconocer que no hay autoengaño. AMLO tuvo la estatura de no minimizar el desastre. Tampoco recurrió a la salida fácil de echarle la culpa a los demás; esa eterna "falta de coordinación" que por años resultó tan conveniente invocar, porque no responsabilizaba directamente a nadie. La escapatoria del Presidente es otra: la idea dogmática de que el combate a la pobreza permitirá recuperar la paz.
En el resumen del Informe de Gobierno también se dice –primera noticia que tengo– que ya hay un mando único, y que quien ejerce ese mando es, ni más ni menos, que el Presidente de la República (el artículo 21 de la Constitución dice otra cosa, pero ya sabemos que la 4T no es muy afecta a los formalismos). El Presidente va más allá. Agradece el apoyo de los gobernadores y sentencia: "no tenemos diferencias en este tema". El ánimo de AMLO de hacerse personalmente responsable de la seguridad del país, desde sus reuniones de las 6 am, se pasa del exceso y llega al franco delirio.
Una cosa es que los gobernadores en alguna medida se hayan cuadrado. Con el nuevo gobierno, por ejemplo, las secretarías de seguridad de varios estados han recibido a una nueva camada de secretarios y altos funcionarios de origen militar. Desde Palacio Nacional estos nombramientos pueden parecer un triunfo político, al igual que la creciente presencia de la Guardia Nacional (que, de acuerdo con el informe, ya tiene a 58 mil elementos desplegados en 150 coordinaciones).
Otra cosa muy distinta, sin embargo, es que el Presidente y la Guardia Nacional vayan a poder con el paquete. Como siempre, los gobernadores están dispuestos a deslindarse de su responsabilidad constitucional, y les viene muy bien que la Federación entre al rescate cada vez que la violencia se salga de control. También han terminado por aceptar el esquema de coordinaciones para la paz que AMLO impuso y que operan con distinto grado de efectividad (aunque en algunos estados hay un franco divorcio entre las coordinaciones y el gabinete del gobernador). Sin embargo, los gobernadores y los alcaldes son los que conservan el aparato que de verdad importa: el grueso de los policías y de las agencias del ministerio público. Si ese aparato no colabora, no habrá Guardia Nacional que alcance. Será imposible recuperar el control del territorio de manos de los criminales.
Y es ahí, no tanto en la incidencia delictiva, donde radica el fracaso del primer año de gobierno. Los grupos criminales, lejos de apaciguarse, parecen estar más envalentonados que nunca. Así lo han demostrado en Coatzacoalcos, en Irapuato y en Uruapan, entre muchos otros lugares. Valdría la pena preguntarse si los ataques y las masacres que vemos serían posibles si los criminales no se supieran cobijados por la protección o la negligencia de las autoridades estatales y locales. Aun así, nos dice el Presidente, no hay diferencias.
El Presidente reconoció el fracaso en materia de seguridad. Sin embargo, no renunció del todo a las cifras alegres. En el Informe se jacta de que "prácticamente se ha eliminado" el robo de combustible, y reporta una reducción del 94 por ciento en dicho ilícito (una reducción con un valor estimado de 50 mil millones de pesos). Tal vez se haya avanzado algo o mucho con relación al año pasado en la materia. También parece haber mayor determinación para investigar y castigar a los huachicoleros (ayer mismo se anunció la detención de tres marinos, acusados de sustraer combustible de la refinería de Salina Cruz).
Sin embargo, el robo de combustible y la venta de combustible robado siguen siendo un negocio boyante. Sólo así se puede explicar que las ventas de Pemex no hayan crecido a un ritmo considerable. Sólo así se explica también que en Guanajuato, donde la disputa criminal es casi exclusivamente por el huachicol, de enero a julio de este año la fiscalía estatal haya reportado mil 685 homicidios dolosos (la cifra es 5 por ciento mayor a la del mismo periodo de 2018 y casi el cuádruple de lo que se registró en 2015). El robo de combustible, junto con la violencia que genera, seguirá hasta que el gobierno no tome las decisiones difíciles que son necesarias, en particular poner fin a la informalidad que actualmente predomina en la industria del transporte, que es donde se concentra la demanda de combustible robado.
El Presidente reconoce el fracaso. Es un primer paso. Sin embargo, todavía no parece decidido a corregir el rumbo.