Comenzaron las campañas y los debates. Prometer no empobrece, y a los políticos les encanta prometer cosas tangibles: patrullas, cámaras, estaciones de policía. En cierta medida lo hacen para mandar un mensaje claro. Es más fácil decirle a la gente que se instalarán cámaras (aunque luego no sirvan o no se usen), que hacer malabares para explicarle en lenguaje sencillo cómo se logrará que los policías no terminen en la nómina de los grupos criminales, o que sean capaces de hacer arrestos conforme a derecho (y no, la solución no es prometer que tomarán un curso más, ni que harán sin falta el polígrafo una vez al año).
Sin embargo, el simplismo de las promesas de los políticos no refleja exclusivamente criterios comunicacionales. Hay otro problema de fondo que tiene que ver con el verdadero objetivo de un político cuando promete más cámaras o más patrullas. De la gente que está en campaña, y que tiene posibilidades reales de ganar, muchos ansían una sola cosa: ejercer el presupuesto para asignar contratos (o bien nombrar a los funcionarios que asignarán contratos) en beneficio de las empresas vinculadas a sus compadres, sus parientes o sus 'operadores'. Cuando un político propone o anuncia que va a poner cámaras, hay que preguntarse si verdaderamente llegó a la conclusión de que las cámaras van a servir para evitar ciertos delitos, o si simplemente es eso lo que un proveedor amigo le quiere vender al gobierno a precio de oro.
La opinión pública sabe muy poco sobre cómo se gasta el presupuesto del sector seguridad. Sin embargo, las estafas maestras abundan. El año pasado distintos medios de Nuevo León reportaron que el alcalde de Cadereyta autorizó 21 millones de pesos para la compra de 32 cámaras —que en el mercado tenían un valor real de menos de un millón de pesos. La situación no es muy distinta en el ámbito nacional. En numerosos reportes periodísticos se ha señalado que Seguritech, una de los principales empresas que vende sistemas de videovigilancia y de tecnología para la seguridad, no sólo ha obtenido contratos con sobreprecios millonarios, sino que en algunos casos las cámaras que vendió ni siquiera se encuentran operando. En una investigación publicada en febrero pasado se señalaba que Seguritech ha recibido en los últimos años contratos por más de 22 mil millones de pesos. Sólo en el Estado de México, la administración de Eruviel Ávila le otorgó a Seguritech un contrato de seis mil millones para la instalación de 10 mil cámaras.
En cierto sentido, la corrupción rampante es comprensible. Por tradición política, los mexicanos vemos los cargos en el gobierno como una oportunidad para hacer negocio. Este problema se ha complejizado con la democracia, pues las elecciones no se ganan con los recursos públicos que fiscaliza el INE, sino con carretadas de efectivo que aporta una voraz maquinaria de operadores (que apuestan fuerte y que esperan un altísimo retorno en caso de ganar). Sin embargo, el juego es demasiado perverso para ser sostenible, particularmente porque algunos de los negocios más rapaces se están haciendo en el sector seguridad, es decir, ahí donde peor estamos y donde el hartazgo de los ciudadanos es mayor. Con la justificación —completamente absurda en la mayoría de los casos— de que la información es sensible y podría afectar la seguridad pública y nacional, las autoridades compran por adjudicación directa e intentan clasificar los contratos como información reservada. En el manual no escrito de la política mexicana, hacer negocio con las partidas de seguridad, más que con ningún otro presupuesto, es considerado fair play.
Por eso me parece pertinente una propuesta que ya se ha mencionado en algunas discusiones (de especialistas, no de candidatos), de establecer un sistema de compras consolidadas para el sector seguridad. En lugar de que cada quien negocie y contrate por su cuenta con el proveedor, se hace una gran licitación pública auditada por algún organismo multilateral donde participen, por un lado, todas las instituciones que hacen compras de insumos y equipamiento de seguridad y, por el otro, todos los proveedores. De esta forma se reduce enormemente el margen para los sobreprecios y los favoritismos en la asignación de contratos. Sabemos que un mecanismo así tiene potencial porque se ha puesto en práctica con relativo éxito en el sector salud desde 2014, donde la OCDE reconoce que se han logrado ahorros de varios miles de millones de pesos. La idea es relativamente sencilla y, si hubiera voluntad, el nuevo gobierno la podría poner en práctica para el ejercicio presupuestal 2020, al menos en las instituciones federales. Luego sería cuestión de comprometer a los gobernadores a participar, lo que no debe ser tan difícil tomando en consideración la enorme dependencia que muchos tienen de la presencia de elementos federales de seguridad.
