Los últimos días no han sido fáciles para el general Luis Cresencio Sandoval. El secretario de la Defensa Nacional enfrenta el caso de mayor impacto mediático, en lo que va de su gestión, en el que se evidencia una ejecución extrajudicial cometida por soldados. Me refiero al video en el que se escucha la orden de matar a un civil, que al parecer fue grabado durante una supuesta agresión al Ejército que tuvo lugar en Nuevo Laredo, el 3 de julio pasado.
Este caso resonó por varias razones. Por un lado, poner fin a los abusos militares era un aspecto medular de la política de 'no balazos' de AMLO. Por otro lado, lo ocurrido en Nuevo Laredo tiene como contexto un repunte de los abatimientos registrados en la región. El pasado 19 de agosto se reportó un enfrentamiento en el municipio de Miguel Alemán, también en Tamaulipas, en el que murieron nueve civiles. Por último, la noche del 20 de agosto hubo un nuevo enfrentamiento en Nuevo Laredo, esta vez con saldo de ocho civiles abatidos. La letalidad de estos hechos pareciera sugerir que, al menos en la lucha contra la 'Tropa del Infierno' del Cártel del Noreste, el grupo criminal de mayor peligrosidad de Tamaulipas, el Ejército ha optado por retomar algunas de las peores prácticas del pasado.
Como si la sombra del exterminio militar no fuera suficiente, el diario El País reveló la semana pasada que, durante el sexenio de Peña Nieto, Sedena hizo pagos por más de 2 mil 300 millones de pesos a compañías que posteriormente han sido declaradas empresas fantasma o 'factureras' por el SAT. La acusación es gravísima. Sugiere que la corrupción en Sedena no era algo ocasional, sino una práctica generalizada. De acuerdo con la investigación de El País, el Ejército hizo no menos de 11 mil 175 pagos a empresas fantasma, que involucran decenas de instalaciones y proyectos (el H. Colegio Militar, un parque eólico y el malogrado Nuevo Aeropuerto Internacional de México, por mencionar sólo algunos). Va a ser muy difícil que Sedena convenza a alguien de que no hubo irregularidades en estas contrataciones millonarias. Como dice Raúl Benítez Manaut, las factureras no son empresas, sino intermediarias para robar dinero.
Las cosas se ponen cada vez más pantanosas. En la mañanera del jueves pasado AMLO afirmó que, a más tardar en una hora, daría a conocer el informe sobre los pagos a factureras que Sedena ya le había entregado. No me queda claro si se hizo lo que el Presidente prometió. Busqué una y otra vez. Hasta ayer no encontré el informe por ningún lado. Lo que aparece en internet son una serie de notas, en distintos medios y portales –todas similares y todas con un tono favorable al Ejército– en las que se cita un supuesto comunicado. Sin embargo, el comunicado como tal tampoco aparece (en el portal de Sedena sólo encontré cuatro comunicados fechados el 27 de agosto; uno sobre aseguramientos y detenciones, dos relativos a la aplicación del Plan DN-III y uno más sobre acciones en materia de combate al robo de combustible).
En todo caso, en las notas que hacen referencia al supuesto comunicado no se aclara nada sobre la contratación de las factureras. Sólo se dice que, a la fecha, no se tienen observaciones de los órganos fiscalizadores competentes. El único argumento que se ofrece para responder a los señalamientos de El País es que, en el momento en el que Sedena contrató a las factureras, éstas "estaban debidamente constituidas y sin ningún impedimento para llevar a cabo la contratación y prestación de servicios". La excusa es pésima. Es como si Emilio Lozoya y compañía nos dijeran que no hace falta investigar sus corruptelas porque, cuando ellos hicieron sus negocios, Odebrecht todavía no había sido sancionada.
Imagino que los mandos de Sedena le apuestan a no hacer olas y dejar que el tema se pierda en medio de la guerra de lodo que libran Morena y la oposición. En el corto plazo es la salida más fácil. Sin embargo, me parece que en este tema el general Sandoval podría ser más estratégico. No hay que olvidar que su nombramiento como secretario de Defensa implicó un rompimiento con la plana mayor que dominó el ámbito militar durante los gobiernos previos, y que la investigación de El País se centra en hechos que ocurrieron en tiempos de Peña Nieto. Si la actual cúpula de Sedena no tiene nada que temer, haría bien en impulsar una investigación a profundidad. Ellos, más que nadie, deberían estar empeñados en demostrar que no hay pacto de impunidad y que la frase "no somos iguales", que tanto le gusta repetir al Presidente, tiene un mínimo de sustancia.