Esta semana arranca, por las malas, la liquidación formal de la Policía Federal. Francamente no termino de entender la estrategia del gobierno, o si simplemente no hubo estrategia, sino mera improvisación. Desde el principio era claro que la readscripción de miles de policías a una corporación militar no iba a ser, en ningún escenario, cosa sencilla. Por el contrario, se trata de una labor titánica en lo administrativo, escalofriante en lo financiero y tóxica en lo político. Es también una bomba de tiempo. Los agraviados, no lo olvidemos, tienen adiestramiento y armas, y mal que bien se encargan de varias de las funciones más delicadas para la seguridad del país, desde el patrullaje de las carreteras hasta la intervención de comunicaciones.
Era para que el Presidente estuviera al pendiente personalmente, como está al pendiente de tantas otras cosas, y para que le encomendara a alguien de su entera confianza que se entregara en cuerpo y alma a resolver el conflicto. Eso, por cierto, fue lo que hizo Salinas cuando le estalló el levantamiento zapatista de 1994. Mandó a Chiapas a Manuel Camacho Solís, entonces uno de sus más diestros e influyentes operadores políticos, y lo puso al frente de la Coordinación para el Diálogo y la Reconciliación. Camacho Solís tenía incentivos para sacar la chamba (pues aún tenía aspiraciones presidenciales) y cumplió. Logró la firma de un acuerdo preliminar de cese al fuego y es considerado uno de los principales artífices de la pacificación (aunque se quedó sin la candidatura que buscaba). A Salinas lo podemos acusar de muchas cosas, no de tonto.
Ante el inminente conflicto en la Policía Federal, este gobierno no buscó a un negociador de primer orden ni instaló una mesa de alto nivel. Tal vez el desprecio es demasiado para reconocerlos como contrapartes. El Presidente no baja a los elementos de la Policía Federal de corruptos. Dice que su causa no es justa. Sin dar pruebas afirma que hay "mano negra" en las movilizaciones. Luego se desentiende del asunto.
El secretario Alfonso Durazo rara vez da la cara. El conflicto se advertía desde el periodo de transición. En julio estalló de lleno con movilizaciones en las principales instalaciones de la Policía Federal. Incluso así, fue necesario que pasaran otros dos meses y medio –y un bloqueo de ocho horas en el AICM– para que Durazo se dignara a reunirse con Enrique Carpizo, asesor legal de los inconformes. La cúpula de la 4T decidió pasar del tema y dejarlo en manos de operadores mañosos.
Poco o nada se ha avanzado en las negociaciones. El conflicto sigue su curso entre la presión de los policías en las calles y los litigios en tribunales, donde la solución terminará siendo más cara. Lo peor es que los funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana parecieran tener la consigna de actuar de mala fe, o al menos de hacerla cansada para los policías. Un día sí y otro también, Carpizo denuncia la negligencia y las chicanerías de quienes se ocupan del proceso de liquidación de la Policía Federal. Desde incompetencia y retrasos para el pago de las indemnizaciones, hasta agresiones y amenazas de personajes turbios.
En el fondo del conflicto con la Policía Federal hay una profunda hipocresía y desprecio del gobierno. Se decidió desaparecer a la Policía Federal por considerar que no sirve. Otorguemos sin conceder que así es. Obviamente, no se quiere asumir el monstruoso costo de despedir y liquidar a quienes conforman este cuerpo que ya no sirve. Tampoco se quiere hacer un esfuerzo sincero por reformarlos e integrarlos a la Guardia Nacional. Con tal de no pagar las indemnizaciones, se pretende que muchos elementos de la Policía Federal, después de años de entrenamiento y servicio, se resignen a vigilar museos, parques y oficinas. El lunes se publicó en el Diario Oficial un acuerdo en el que se insiste en esta falsa salida. Sospecho que el acuerdo no llegará ni a la esquina en los juicios laborales que vienen.
A México no le conviene que la liquidación de la Policía Federal quede en pleito. Tampoco le conviene a la Guardia Nacional ni al General Rodríguez Bucio ni a la nueva plana mayor de las Fuerzas Armadas, a la que AMLO le confió la seguridad del país. El martes se manejaba en medios que, dadas las circunstancias, 15 mil elementos de la Policía Federal pedirían indemnización, y que el chiste le costaría al erario no menos de 8 mil millones de pesos. Es decir, una enorme sangría de recursos humanos y financieros que serían necesarios para la Guardia Nacional. Por último, el fracaso tampoco le conviene al secretario Durazo. Al menos no si tiene aspiraciones políticas, como se dice. Sin un golpe de timón, lo que empezó mal terminará peor.