Otro sexenio, otro andamiaje legal para la seguridad. Es bonito dar discursos, crear instituciones y aprobar leyes. Aunque en las calles y en las agencias del MP las cosas sigan para llorar. El sector seguridad que tenemos es un camión viejo que ya no camina. Sin embargo, hasta ahora Morena sólo le ha cambiado de nombre a las cosas y creó una Guardia Nacional con retazos de otras corporaciones. El viejo camión sigue sin caminar, pero ya lo pintaron de flamante color vino tinto y le pusieron un chofer con uniforme militar.
Lo que no ha empezado es la labor ardua del mecánico. Esa que se necesita para arreglar el motor y para que el camión avance nuevamente. Hace una semana hablaba sobre los controles de confianza, que han demostrado ser inútiles pero que, por pura inercia o por interés del gremio de poligrafistas, se aplicarán, prácticamente sin cambios, a los elementos de la Guardia Nacional.
La semana pasada se aprobó un paquete de leyes reglamentarias de la Guardia Nacional. El paquete incluía, en primer lugar, la propia Ley de la Guardia Nacional. No hubo mayores sorpresas en lo aprobado. Como ya se perfilaba, la Guardia Nacional será una institución eminentemente militar por su estructura (y porque los elementos transferidos de Sedena y Semar conservarán varias de sus prerrogativas laborales). La Guardia Nacional también tendrá, como se esperaba, facultades amplísimas. Lo más importante, y lo verdaderamente negativo de esta ley, es que se mantendrá un esquema opaco para financiar las intervenciones. La presencia de la Guardia Nacional se cobrará a los estados según lo establezca el convenio correspondiente (es decir, a veces sí y a veces no, según convenga al Ejecutivo federal).
También se aprobó una Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Suena bien. Suena progresista incluso. En realidad, ya se tenían normas en la materia, que casi siempre fueron letra muerta. La nueva ley contempla un modelo gradual, con una serie de 'niveles' para el uso de la fuerza, mismos que deberán agotarse de forma ordenada (son cinco niveles, que inician con la mera presencia de la autoridad, pasan por la persuasión verbal y terminan en la utilización de armas de fuego). Este modelo puede ser sensato para hacer frente a un delincuente común. Sin embargo, pierde todo sentido en un contexto en el que las emboscadas y agresiones, por parte de grupos armados, son cada vez más frecuentes.
De lo aprobado la semana pasada, tal vez el mayor avance esté en la Ley Nacional del Registro de Detenciones. También es algo que será muy difícil de implementar, sobre todo en el caso de los criminales de mayor peligrosidad que casi siempre son detenidos con alguna irregularidad y que rutinariamente son 'trabajados' por el Ejército antes de ser presentados ante el Ministerio Público. Sin embargo, esta ley sí trae una novedad importante, pues plantea que parte del registro será de acceso público.
Si se cumple con esta disposición, tendremos al menos una herramienta para ubicar a los detenidos –desde cualquier dispositivo con Internet– y para evitar así la inmensa angustia que cada año padecen miles de mexicanos que no saben a dónde fueron remitidos sus familiares. En este punto, desafortunadamente, se deja pasar una gran oportunidad. El registro se concibe exclusivamente como un instrumento de localización de individuos, que aportará cuatro datos: 1) autoridad que efectuó la detención; 2) autoridad que tiene a su disposición al detenido; 3) domicilio donde se encuentra el detenido; 4) y lugar y fecha donde se realizó la detención.
Sin embargo, el registro público de detenidos podría ser mucho más. Podría, por ejemplo, incluir la publicación de información estadística sobre las conductas que motivan las detenciones en cada colonia, y si estas se producen en flagrancia o como resultado de una orden de aprehensión. Así, los mexicanos tendríamos una idea mucho más clara de qué hacen los policías que trabajan en nuestras comunidades.
Por otra parte, cumplir de forma puntillosa y a tiempo (es decir, antes de que acabe 2019) con el Registro de Detenciones, sería también una excelente señal que el general Luis Rodríguez Bucio podría mandar a los escépticos de la Guardia Nacional. Es bien sabido que los militares han sido reacios a responder ante los sistemas de procuración de justicia y ante el Poder Judicial por las detenciones que realizan (lo que se conoce legalmente como la función de 'primer respondiente').
Aunque los militares son quienes detienen a muchos de los delincuentes de mayor peligrosidad, el protocolo nacional de actuación del primer respondiente establecía que sólo podían actuar como 'coadyuvantes' y que la presentación ante el Ministerio Público la tenía que realizar un policía. Este procedimiento se prestó a un sinnúmero de arbitrariedades y simulaciones, y a que muchos asesinos, extorsionadores y secuestradores quedaran libres. Si la Guardia Nacional corrige esta deficiencia, si comienza a registrar correctamente las detenciones y a acreditar que estas se hicieron conforme a derecho, entonces sí podremos hablar de un avance.