La semana pasada estallaron varias bombas mediáticas. Primero, la filtración de la demanda de Lozoya, que no deja títere con cabeza. También circularon los videos de Pío López Obrador, recibiendo dinero para la causa morenista. Una bomba menor, pero que igual resonó fuerte en el ámbito de la academia y la cultura, fue la sanción a la revista Nexos. La sanción, publicada el jueves pasado en el Diario Oficial de la Federación, prohíbe a las dependencias del gobierno contratar servicios de ningún tipo con Nexos. Además, se impone a la revista una multa de casi un millón de pesos.
En el caso del video de su hermano, AMLO argumentó que los montos involucrados eran bastante menores, en comparación con las mordidas millonarias de gobiernos previos. Siguiendo esa lógica, si el dinero recibido por el hermano del Presidente era poca cosa, lo de la revista resulta francamente una nimiedad: un documento irregular dentro del expediente de una venta de publicidad por 74 mil pesos.
Por los tiempos y por lo desproporcionado de la multa, es casi inevitable interpretar la sanción a Nexos como una represalia a las voces críticas y como un ataque poco sutil a la libertad de expresión. Recientemente se filtró una comunicación privada en la que Héctor Aguilar Camín, el director de la revista, se refería en términos altisonantes a AMLO (nada, por cierto, que no hagan desde siempre millones de mexicanos al hablar del presidente en turno).
Más importante, sin embargo, es que en Nexos se han publicado críticas muy severas respecto a la actuación del gobierno ante la actual pandemia. En particular, las entregas de Mario Romero Zavala y Laurianne Despeghel, en el Taller de Datos de Nexos, apuntan a una gravísima manipulación de las cifras de defunción por Covid-19. Por último, Aguilar Camín, junto con un grupo de intelectuales de primer orden (que incluye nombres plenamente identificados con la izquierda), publicaron en julio un desplegado en el que denunciaban la preocupante centralización, y el desmontaje de instituciones y contrapesos de nuestro sistema político que ha tenido lugar durante el actual gobierno. En ese contexto, es muy difícil pensar que la sanción que la Secretaría de la Función Pública impuso el jueves pasado a Nexos no lleve dedicatoria.
Me parece lamentable la práctica de los funcionarios que abusan de su autoridad, mucho peor cuando al hacerlo intentan amedrentar voces críticas. En el caso de Nexos –una revista con vocación crítica y plural, donde se han publicado textos fundamentales para la vida pública del país en las últimas cuatro décadas– el ataque me resulta todavía más desafortunado.
Me consta que en tiempos de Calderón y de Peña Nieto, lo mismo que ahora, Héctor Aguilar Camín y su equipo se esmeraron en dar un espacio a los críticos del poder. Incluso a quienes poníamos el dedo en la llaga. En mi caso, publiqué una serie de textos en los que argumentaba que la política de captura y abatimiento de capos de Calderón era directamente responsable del aumento de la violencia en el país. Se trataba de una hipótesis sumamente incómoda para el Presidente y varios de sus funcionarios.
Es justo conceder que el gobierno de Calderón tuvo una respuesta más elegante que el actual ante las críticas incómodas que planteamos algunos de los colaboradores de Nexos. Alejandro Poiré y Teresa Martínez, que en aquel entonces eran, respectivamente, secretario Técnico y directora de Estudios del Secretariado Técnico, en el Consejo de Seguridad Nacional, publicaron en el número de mayo de 2011 de Nexos un artículo titulado "La caída de los capos no multiplica la violencia". No coincido con los argumentos de Poiré y Martínez, pero su texto demostraba voluntad y capacidad para debatir con los críticos del gobierno.
Desafortunadamente, la reciente sanción a Nexos confirma que algunos en la 4T han optado por lidiar con la crítica siguiendo el camino de la hostilidad burocrática y la amenaza implícita. Al menos eso se advierte en el mensaje que dio la Secretaría de la Función Pública, en respuesta a los cuestionamientos por la sanción a Nexos. Desde su posición de autoridad, Irma Eréndira Sandoval no tuvo empacho en dejar ver su desagrado hacia la que considera es la ideología de Nexos. Queriendo ser irónica dijo que sus editores han sido de los más "férreos propulsores y defensores del Estado mínimo" y que la revista bien puede prescindir de recibir fondos públicos. No sé qué entienda Sandoval por Estado mínimo, pero me pregunto si está enterada de que Andrés Lajous, el actual secretario de Movilidad de la Ciudad de México (a quien yo calificaría como un férreo defensor del transporte público), se formó trabajando en el equipo editorial de Nexos.
Lo que Sandoval no ha explicado, y es el asunto medular, es de quién o de dónde surgió la iniciativa de revisar con lupa hasta las últimas minucias de las contrataciones previas de Nexos. A los mexicanos, de todas las corrientes ideológicas, debería preocuparnos saber si esa misma exhaustividad y rigor a la hora de investigar y sancionar se siguen con todos los proveedores del gobierno, incluyendo a los que son cercanos a la 4T. Hasta que no se demuestre que así es, la sanción a Nexos sólo sugiere que algunos en este gobierno no tienen escrúpulos para amedrentar a las voces críticas y para utilizar el aparato del Estado con fines partidistas.
En entrevista con Ricardo Rocha, Héctor Aguilar Camín dijo que la sanción de la Secretaría de la Función Pública podría estigmatizar a la revista. En este punto difiero con Héctor. Los colaboradores, los anunciantes y los lectores de Nexos habremos de asumir este embate como una represalia poco sútil que, lejos de estigmatizar, reafirma a Nexos como la revista crítica, incómoda e indispensable de la vida pública mexicana.