Eduardo Guerrero Gutierrez

Terror e impunidad en los puertos

La renuncia de Jiménez Espriú y la curiosa conformación que tendrá la Coordinación General de Puertos, son un reflejo del estilo de gestión de AMLO.

Frente al control criminal de los puertos, AMLO dio un manotazo más. El 17 de julio anunció que la operación de los puertos mercantes ya no estaría en manos de la SCT, sino de la Secretaría de Marina. La decisión le salió cara, pues no pudo convencer al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, de tragarse su orgullo y ser un florero más en la mesa de los militares. El Presidente sumó así otra renuncia, con la correspondiente carta abierta en la que se exhibe el desacuerdo de un colaborador cercano. En su carta, respecto a la militarización de las administraciones portuarias, Jiménez Espriú advertía sobre "la grave trascendencia que tiene esta medida para el presente y el futuro de México, tanto en lo económico como lo político".

El sábado pasado AMLO anunció el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez como coordinadora general de Puertos y Marina Mercante. Rodríguez es una de las personas en las que el Presidente tiene mayor confianza. Ella fue la responsable de llevar el pulso de los 71 cuadrantes que se establecieron en el Distrito Federal cuando AMLO fue jefe de Gobierno, una tarea que fue fundamental para recuperar la seguridad y la gobernabilidad en la capital. Sin embargo, como si quisiera dejar claro que no había cambiado de opinión sobre el papel de la Semar, el mismo sábado el Presidente refrendó que al frente de la administración de dos de los puertos clave, Manzanillo y Lázaro Cárdenas, serán nombrados dos almirantes y que, en su momento, el secretario de Marina recomendaría a los titulares del resto de los puertos del país.

La renuncia de Jiménez Espriú (al igual que las renuncias previas), y la curiosa conformación que tendrá la coordinación general de Puertos y Marina Mercante, son un reflejo del estilo de gestión de AMLO. Al Presidente no parece interesarle que haya equipos consolidados en las áreas clave de la burocracia. Coloca en puestos altos a los políticos que le son leales, pero no los deja crecer ni confía en ellos para ejercer recursos. Se trata de un estilo de gestión profundamente autoritario, donde nadie que no sea el Presidente concentra mucho poder. Es por eso mismo que resultan tan útiles las Fuerzas Armadas. Se trata de cuerpos disciplinados, donde los liderazgos no tienen aspiraciones políticas ni mayor peso individual.

El resultado es que, con la excepción de Marcelo Ebrard, en el gabinete no hay ninguna figura de gran talla política. Ebrard, por cierto, tampoco ejerce un presupuesto importante y, aunque tiene peso en las negociaciones, no puede crear su propia estructura al interior de la Cancillería, donde el Servicio Exterior Mexicano inevitablemente ocupa muchos de los espacios más importantes.

Con los puertos pasará lo mismo que con la Guardia Nacional. La toma de las decisiones que importan –el llamado 'mando operativo' y la asignación de contratos– quedarán en manos de militares. Sospecho que, así como pasa con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez y los funcionarios civiles de la SCT fungirán primordialmente como voceros, como enlaces del Presidente o, en su defecto, quedarán relegados a las tareas administrativas más rutinarias.

Desafortunadamente, entregar las administraciones portuarias a la Semar no resolverá el problema del control criminal. Dicho control no sólo se sustenta en la intimidación o colusión de funcionarios durante sus actividades al interior de los recintos portuarios, sino en la capacidad para ejercer violencia en el territorio circundante.

El año pasado, sólo en Manzanillo, el crimen organizado asesinó a más de 300 personas, una cifra brutal para un municipio de apenas cien mil habitantes. La gran mayoría de los asesinatos no se cometieron en las terminales ni en ninguna otra de las instalaciones que estaban bajo resguardo de la SCT. En Manzanillo, los sicarios generalmente 'levantan' a las víctimas en la calle, o van directamente a sus domicilios por la noche. La policía generalmente llega mucho después de que los agresores se hayan retirado. Nadie se da a la tarea de investigar de forma sistemática quiénes eran las víctimas (averiguar, por ejemplo, si eran funcionarios públicos o empleados de las empresas que operan en el puerto). Poco importa que el titular de la administración portuaria local sea militar y que la coordinadora general de Puertos sea del círculo cercano del Presidente. Con un régimen de terror y de impunidad así, es difícil pensar que el Estado mexicano pueda recuperar el control de los puertos.

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