El narcotráfico, el secuestro y también la trata de personas son problemas que arrastramos desde hace décadas. En los 80 ya teníamos capos importantes. En los 90 surgió la infame figura de El Mochaorejas, que logró concretar un centenar de secuestros antes de ser arrestado. Sin embargo, los cárteles y las bandas del siglo pasado eran distintos a los actuales. Eran, a fin de cuentas, negocios familiares. Se enfocaban en una sola actividad y no pensaban en diversificarse. Podían ser despiadados con sus rivales y sus víctimas. Cuando hacía falta corrompían a la Policía o al Ministerio Público. Sin embargo, no aspiraban a mucho más. No les pasaba por la cabeza la idea de reclutar grandes ejércitos, cobrar impuestos (es decir, 'derecho de piso'), y convertirse, de facto, en el gobierno de municipios o estados completos.
Hasta hace no mucho, la trata de personas era operada primordialmente por organizaciones familiares, generalmente desconocidas. Aunque había –y hay– grupos de tratantes de este tipo en varias regiones del país, un sólo lugar acaparó por años la atención de la prensa: Tenancingo, un municipio tlaxcalteca de apenas 12 mil habitantes.
Tenancingo empezó a llamar la atención hacia 2002, a raíz de una serie de denuncias de la Iglesia. Simultáneamente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó a investigar redes de trata operadas por mexicanos. De 2003 a 2013 hubo por lo menos 26 casos de este tipo, varios de ellos vinculados con hombres originarios de Tenancingo (uno de los más importantes fue el de los hermanos Flores Méndez, que operaban en Nueva York). Es en dichos casos donde encontramos la información más detallada sobre el modus operandi de los tratantes de Tenancingo. Por ejemplo, que el medio comisivo predominante para captar a las víctimas no era el secuestro, sino una mezcla de engaño y de abuso psicológico. Finalmente, las referencias al pequeño municipio tlaxcalteca también comenzaron a aparecer en carpetas de investigación de la PGJDF, relativas a casos de trata en las colonias Buenavista y Guerrero, entre otros puntos de la capital. Las repetidas referencias a Tenancingo alimentaron la percepción errónea de que el problema empezaba y terminaba con tratantes de dicho municipio. En alguna nota de la prensa internacional incluso se le llama "capital mundial de la trata".
En 2018 coordiné la construcción de una base de datos en la que se concentraron los casos de trata de personas reportados en medios de comunicación de todo el país a lo largo de tres años. Encontramos en total 229 casos. Había una gran diversidad; desde personas que explotaban a sus propios familiares hasta redes trasnacionales sumamente sofisticadas. En un 30 por ciento de los casos el modus operandi consistía en engañar y enganchar mujeres, siguiendo el patrón de los tratantes de Tenancingo. Sin embargo, la mitad de éstos no tenían ninguna vinculación con Tlaxcala.
También había un 10 por ciento de casos relacionados con redes dedicadas a captar mujeres en el extranjero y traerlas con engaños a México. Estas redes eran las que mostraban mayor sofisticación en su forma de operar y, en el periodo de estudio, ninguna tenía vínculos con Tenancingo o con Tlaxcala. También encontramos una incipiente participación de grupos armados, incluyendo casos en los que las víctimas eran secuestradas, ya no con engaños, sino a punta de ametralladora. Por ejemplo, fue el caso de un bar en Nuevo Laredo, operado por una célula vinculada con Los Zetas.
Desafortunadamente, los casos que hemos visto en los últimos meses confirman que la trata de personas ya no es sólo un problema de redes familiares de tratantes. Como ha ocurrido con otras actividades lícitas, se advierte una creciente participación de grupos criminales con alto poder de fuego. Durante el actual gobierno, el golpe más importante contra la trata de personas fue la clausura del portal Zona Divas, donde se estima que fueron explotadas alrededor de 2 mil mujeres, principalmente en la Ciudad de México. La dimensión de la operación era mucho mayor a la de las redes de tratantes más tradicionales que fueron desarticuladas en los años previos. El estremecedor 'éxito' de Zonas Divas sólo fue posible porque el portal operaba bajo la protección de Unión Tepito.
A pesar del caso Zona Divas, y de algunos otros golpes importantes, la realidad es que todas las autoridades del país, en conjunto, apenas rescatan alrededor de 500 víctimas al año (de un universo que no se puede cuantificar, pero que sin duda asciende a varios miles). Las fiscalías de muchos estados ni siquiera participan en operaciones de rescate de víctimas de forma regular. No basta con mirar a un pequeño municipio de Tlaxcala, o uno que otro bar de la alcaldía Cuauhtémoc. Bajo el control de las organizaciones criminales más poderosas, la trata de personas es más amenazante que nunca y se extiende por todo el país.