El Plan Nacional de Desarrollo (PND) debe ser la visión de conjunto, articuladora y coherente, de las políticas públicas nacionales; no obstante, y como se ha discutido ampliamente, el PND que se presentó no fue un plan sino dos planes o un plan y un anexo, con el agravante de que no se complementan el uno al otro.
No recuerdo un documento de esta naturaleza que haya recibido tantas criticas como el presentado por el Ejecutivo federal el pasado 30 de abril y creo que se las ganaron a pulso. No cuidaron ni la edición del documento.
Se dice que la causa de tener dos planes es que al Presidente y a su grupo cercano no les gustó el proyecto elaborado por el equipo hacendario, lo cual puede ser cierto; sin embargo, lo opuesto también es una posibilidad, como se muestra en este artículo.
Para efectos prácticos denomino Plan A al elaborado por el equipo cercano al Presidente y Plan B al coordinado por el equipo de la Secretaría de Hacienda.
Se ha dicho que el Plan A, a diferencia del Plan B, no cumple con lo establecido por la Ley General de Planeación, que se trata más bien de una declaración de principios, lo cual es cierto; sin embargo, es posible extraer de su texto objetivos concretos y metas específicas en aspectos esenciales para el desarrollo, que muestran claramente a lo que aspira el Presidente durante su sexenio. Aspiración que no parece realista para los miembros de su equipo. Estoy seguro que comparten su sueño, pero me queda claro que no lo consideran viable.
En materia de crecimiento económico el Plan A plantea el objetivo de crecer a una tasa de crecimiento promedio anual de 4 por ciento, lo cual no parece muy utópico si consideramos que en esta década (del 2010 al 2017) ocho estados de la república han crecido a una tasa promedio anual superior al 4 por ciento que propone el Presidente.
Aunque es cierto que la meta se vuelve cada vez más difícil de alcanzar dado como arranca el sexenio, llama mucho la atención que el Plan B no presente ninguna meta de crecimiento económico, signo inequívoco de que la administración pública federal está del lado de los escépticos. En un plan que tiene más de 60 indicadores con sus respectivas metas, no presentar la meta de crecimiento económico planteada en el Plan A no parece un descuido, sino la manifestación de un desacuerdo.
En materia de inseguridad el Plan A plantea el objetivo de disminuir los índices delictivos de -homicidios dolosos, secuestros, robo de vehículos, robo a casa habitación, asalto en las calles y en el transporte público y otros- en 50 por ciento respecto al 2018. Si tomamos solo homicidios, las cifras del Secretariado de Seguridad Pública muestran que los homicidios por cada 100 mil habitantes en el 2018 ascendieron a 23, con lo que la meta sería alcanzar 11.5 homicidios por cada 100 mil habitantes en el año 2024. Nuevamente, no parece muy utópico considerando que nueve estados registraron en el 2018 una cifra menor.
A pesar de no parecer una meta muy fuera de rango, los funcionarios que elaboraron el Plan B propusieron una meta significativamente inferior: disminuir en 15.6 por ciento el índice de incidencia delictiva, mostrando nuevamente un desacuerdo con lo planteado por el equipo cercano al Presidente.
En materia de pobreza extrema en el Plan A se establece, implícitamente, también un objetivo. Se plantea erradicar la pobreza extrema, es decir, llevar su tasa a cero. El estado de la república que más se ha acercado a esa meta es Nuevo León, que en el 2016 registró una tasa de 0.6 por ciento de la población en situación de pobreza extrema.
En el Plan B, por su parte, se presenta como meta que 5 millones de personas salgan de la situación de pobreza extrema. Aunque todavía no tenemos las cifras del CONEVAL para el 2018, la meta establecida significa reducir en más de la mitad la población en pobreza extrema, lo que puede considerarse muy ambicioso (la meta establecida por los ODSs es reducir la tasa a la mitad entre 2015 y 2030). El problema es que la meta se queda corta respecto de lo planteado por el Presidente.
En síntesis, en el Plan A se establece con claridad cuáles son los objetivos del Presidente, sin embargo, esas aspiraciones no parecen realistas para los funcionarios de la administración pública, si se consideran las metas establecidas en el Plan B. Muchos piensan que se trata de un problema de comunicación, yo creo que es la manifestación de algo más serio que requiere de atención para no abonar a la incertidumbre.