La reasignación del Presupuesto a los proyectos prioritarios del presidente de la República, en un contexto de finanzas públicas muy comprometidas, no es gratis, tiene costos, y uno de ellos es la posposición o cancelación de proyectos estadísticos en el Inegi, en un momento en el que si algo requerimos es información.
No es difícil argumentar acerca de los beneficios económicos de invertir en información. Es claro que la información de los censos, las encuestas o la estadística derivada tienen un impacto positivo en tanto son usadas para tomar decisiones de política pública, sea en materia de prevención de la delincuencia o de evaluar la política de precios de garantía, por ejemplo.
Pero los retornos también pueden ser sociales o ambientales, como reconocer el trabajo familiar no remunerado realizado principalmente por las mujeres, impulsar la lectura o el ejercicio físico, o proponer medidas a los hogares para proteger el medio ambiente.
Por ello resulta penoso que el Inegi haya sido uno de los sacrificados de la reasignación del Presupuesto.
Lo más preocupante de los proyectos pospuestos, para no decir cancelados, y mantener la esperanza de que la sensatez llegue a los que deciden sobre el Presupuesto, es la no realización de los censos agropecuarios. Si con algún sector de la economía el Estado mexicano está en deuda en materia estadística es con este sector. Para el resto de los sectores económicos se hacen censos cada cinco años. En teoría los censos agropecuarios se hacían cada 10 años, se hizo en 1970, del correspondiente a 1981 solo se publicó una muestra, después tuvimos el de 1991 y tocaba el siguiente en el 2001, pero se realizó hasta el año 2007; el siguiente debería haberse realizado diez años después, en el 2017, pero tampoco fue posible por motivos presupuestales y ahora tampoco. Creo que su oportunidad será en el 2021, cuando el Inegi tenga la cartografía actualizada y recursos humanos capacitados por la realización del Censo de Población y Vivienda 2020 e información fresca de los Censos Económicos 2019. No se puede posponer más.
La segunda gran pérdida me parece que está en la cancelación o posposición de la Encuesta Nacional de Hogares. Por muchos años se busco tener una encuesta continua en hogares, aparte de la Encuesta sobre Ocupación y Empleo (ENOE), que permitiera captar información sobre la características de la vivienda de manera continua, pero también que facilitara la captación de información sobre temas en los que estábamos prácticamente a obscuras en el país.
La encuesta se había utilizado para captar información sobre activación física y deporte, lectura, eventos culturales, movilidad social, bienestar subjetivo, prácticas relacionadas con el medio ambiente en los hogares, o para la actualización de la encuesta demográfica retrospectiva, que busca recabar información sobre la vida de las personas de 20 a 54 años. Información valiosa para el análisis, la investigación y la toma de decisiones.
Otra área con pérdidas es la correspondiente a seguridad y gobierno. En los últimos años se han estado realizando esfuerzos muy importantes en nuestro país para entender mejor el fenómeno de la inseguridad y la injusticia. La no actualización de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad y de la Encuesta Nacional de Cohesión Social para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia, cuyo primero y único levantamiento se realizo en el 2014, y el no levantamiento de la Encuesta Nacional de Consumidores de Sustancias Psicotrópicas, nos retrasan en uno de los asuntos de mayor relevancia para el país.
En muchos otros temas la información ya es muy antigua y requiere de actualización; la ultima Encuesta de Uso del Tiempo, que sirve para estimar el valor del trabajo familiar no remunerado, realizado principalmente por mujeres, data del 2014. La ultima Encuesta Nacional de Micronegocios, que es la única forma de entender el funcionamiento de estas unidades económicas, fue levantada en el 2012.
Otras no son tan antiguas pero el fenómeno que miden es muy dinámico, como los temas que se captan en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad de Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, cuya última edición publicada fue de 2017 o la Encuesta Nacional Agropecuaria, cuyo levantamiento inició al no disponerse de recursos fiscales para levantar los censos agropecuarios.
Julio Santaella, presidente del Inegi, ha preferido utilizar el verbo posponer y no cancelar al abordar este tema, lo cual me parece refleja el interés del Instituto y de los usuarios de la información.
Ojalá que efectivamente se trate de posponer y no cancelar estos ejercicios estadísticos, mucho es lo que pierde el país.