Esta historia corresponde a la verdad. Trata de un funcionario público que perdió la vida y que durante 40 años previos entregó todo su esfuerzo en favor de la seguridad en la Capital del País.
Luis Hernández fue funcionario público que durante más de 40 años trabajó en la Secretaría de Protección y Vialidad realizando labores importantes de inteligencia.
Falleció el 16 de noviembre del año pasado.
Hombre honesto y previsor, contempló y reservó ahorros para que en caso de faltar su esposa, cercana a los 80 años, tuviera una pequeña empresa en un proyecto interesante que le daría lo suficiente como para no pasar problemas elementales.
Pero no contempló jamás que la negligencia echara a perder sus planes. Su familia solicitó la pensión que le corresponde a la viuda sin que al momento puedan definir ni la cantidad a la que tiene derecho ni cuándo podrá disponerse de ella.
Al solicitar la pensión, dijeron a la familia que esperara hasta enero de 2019 por los cambios que se habían efectuado ante la nueva administración.
El 18 de enero de 2019, las hijas acudieron a hacer los trámites y recibieron la información de que la pensión debería salir de manera retroactiva después de 3 meses más 45 días.
Ha pasado ya el tiempo asignado y la viuda no sabe nada de la pensión a la que tiene derecho y lo que se había dispuesto para aquel negocio que le daría una compensación para su sobrevivencia se ha esfumado.
El padre era el único que podía sostener económicamente a la familia. Hoy por hoy, la viuda ha estado pidiendo préstamos a amigos y parientes para poder comer y solventar los gastos de mantenimiento de su casa. Del negocio solo queda un sueño que en alguna ocasión se pensó posible.
Después de que en el área de pensiones de la Caprepol no resolvieron cuándo salía el famoso dictamen, dieron la extensión de Jurídico.
Durante dos semanas consecutivas la familia ha recibido largas sin que nadie sepa con precisión qué pasará con el asunto. Nadie sabe en qué estadio está el trámite.
Algún día se resolverá el caso pero de la empresa ya se olvidaron y jamás podrá nacer porque nadie pudo cumplir con las obligaciones que la ley establece para las viudas de los servidores públicos.
La viuda comienza a ver el deterioro de su condición como hipertensa ante la ausencia del dinero elemental para alimentarse, ya no digamos para atender una pyme sencilla.
Ya presentaron una queja ante la CNDH por negligencia médica en el deceso del servidor público. No será sin duda una intención de la nueva administración el tratar así a una viuda de un servidor público a lo largo de 40 años de trabajo diario, pero el resultado no es el que nadie puede esperar o incluso imaginar en algún momento.
La negligencia de quien sea demuestra que esta actitud mata más Pymes de lo que alguien puede imaginar.