El asunto va a dictamen hoy, según nuestras fuentes y la aplanadora Morena la llevará a Pleno como el Lobo se comió a la Abuelita en "Caperucita Roja".
Como lo escribimos el lunes Senadores de tres partidos políticos plantean reformas al Código Fiscal de la Federación, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Seguridad Nacional.
Quien venda facturas simulando operaciones será considerado enemigo nacional y la sola presunción de que es delincuencia organizada valdrá para que espere la determinación del juicio privado de la libertad de la que pudiera salir inocente sin que sus activos o propiedades hayan quedado intactas.
La Ley de Extinción de Dominio se encargará del procedimiento.
Se procura combatir la evasión fiscal, el lavado de dinero, la simulación de operaciones empresariales y de paso la corrupción.
Es absolutamente necesario ir tras quienes han hecho de la evasión o elusión de los compromisos ante el fisco un negocio que perjudica a las cuentas nacionales. Ni un paso atrás en el combate de esas prácticas.
En la maniobra se procura que los delitos que propician la evasión (defraudación fiscal, defraudación fiscal equiparada) puedan ser incluidos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Ser evasor, en este contexto no serían tratados dentro de la naturaleza penal común sino como derecho penal dentro de un terreno que los abogados y fiscalistas conocen como "derecho penal del enemigo". (!!)
Estos delitos serían considerados como atentatorios a la SEGURIDAD NACIONAL. Ser terrorista, colocar una bomba con el propósito de crear un daño al patrimonio nacional o matar a ciudadanos inocentes mediante el estallamiento del artefacto sería equivalente a la actividad de vender facturas para propiciar la evasión en el pago de impuestos mediante la mentira de haber desarrollado actividades empresariales.
Vender un arma en el mercado negro sería algo tan grave como vender una factura por una operación de 150 mil pesos por una operación empresarial simulada.
Detectado por la justicia un Ministerio Público pudiera solicitar la prisión preventiva oficiosa aún ante la PROBABILIDAD DE QUE RESULTE CULPABLE.
Ya en la interpretación de la realidad el que vayan a su domicilio para entregarle un requerimiento y que nadie atienda puede significar la posibilidad de que se considere que usted sea un miembro de la DELINCUENCIA ORGANIZADA relacionado con actividades de evasión fiscal.
Pudiera usted reconocer que "le quiso ver la cara al Fisco" y pagar arrepentido y ni aún así se quita la responsabilidad penal.
El asunto se lleva a un exceso que permite temer arbitrariedades terribles que pisarían las GARANTÍAS DE LOS ACUSADOS entre las que se encuentra la PRESUNCIÓN DE INOCENCIA o el beneficio de la aplicación del principio PRO PERSONA (el que más favorezca el imputado) y el resarcir el daño para no ser privado de su libertad.
Y así pudieran anotarse más calamidades.
No se trata de evitar y combatir la práctica inaceptable y tolerada por regímenes anteriores de la venta de facturas simulando actividades empresariales. Se trata de no caer en el otro extremo de considerar la evasión a la que da lugar esa práctica como equiparable al terrorismo por más que el daño que se hace a la Federación es imposible de seguir soslayándolo.
Los legisladores no pueden permitir caer en esos extremos. Las afectaciones que pudieran provocar complicarán más la situación económica de desconfianza que se tiene al actual Gobierno Federal y que no le han ayudado a sacar lo mejor de este territorio y de esta economía.
El UNIVERSO PYME está repleto de casos en los que las empresas tienen que decidir entre pagar impuestos o pagar la nómina. No confundan, no permitan ese golpe a la realidad complique más el hacer negocios y crear empresas en el país.