Hace casi sesenta años el profesor de Harvard, Raymond Vernon, visitó México y escribió un libro que fue realmente incisivo y premonitorio. Su título es “The Dilemma of Mexico’s Development: The Roles of the Public and Private Sectors” (Harvard University Press, 1963, publicado en español por Ed. Diana). En ese libro, Vernon realiza un análisis sobre la interacción entre la política y los políticos, y los grupos de poder económico que agrupaban al sector privado. Destaca que todos los presidentes desde los años cuarenta del siglo pasado se pusieron como objetivo mantener un alto crecimiento económico, en el contexto de un régimen político basado en un partido hegemónico, con poca apertura democrática. En su capítulo final, Vernon señala que para poder mantener un alto crecimiento económico el país enfrentaría un dilema con altos costos políticos: o abría la economía al comercio internacional y permitía la inversión privada, restando prebendas a los grupos consentidos del gobierno y subsidios generalizados, lo cual generaría descontento y oposición de los grupos afectados, o bien el gobierno debería aceptar el menor crecimiento con el costo político que ello implicara. En todo caso, podría permitir mayor apertura democrática para que fuera este mismo proceso el que facilitara el flujo de recursos y la eliminación de trabas que entonces comenzaban a aquejar la maquinaria económica. Esta segunda opción, evidentemente, también tendría una férrea oposición.
Este dilema no lo resolvieron los políticos en algún acuerdo grandioso. Más bien Echeverría y luego López Portillo intentaron evitar la crisis y postergaron el problema lo más posible. El primero utilizó el endeudamiento externo y la impresión de dinero para gastar más y acelerar la economía, mientras que el segundo se valió del auge petrolero y más endeudamiento para mantener un gran dinamismo económico. Ambos sexenios culminaron con una crisis de confianza, la devaluación del peso y, en 1982, también con la crisis de la deuda y la expropiación bancaria.
Sólo debido a la profundidad de esta crisis, que significó un atraso y estancamiento de un decenio completo, fue que las estructuras de poder se aflojaron para poder iniciar los cambios que se requerían. Primero De la Madrid y luego Salinas se embarcaron en un cambio de rumbo que le dio nuevos horizontes al país.
Lo que hoy está ocurriendo en el sector energético me recuerda el dilema que planteó Vernon. De acuerdo con la especialista Rosanety Barrios(*), de seguir la política energética actual en poco tiempo estaremos sufriendo de escasez de energéticos limpios, la mayor parte de los que haya serán de mala calidad, sucios y con fallas en su distribución. En electricidad, la falta de inversión que ha habido en la CFE en los últimos años (menos 83 por ciento respecto de diciembre de 2018, INEGI), aunado a la política de volver a utilizar el combustóleo que tanto contamina y obstaculizar a quienes producen energías limpias y mediante cogeneración, así como despachar primero la energía que produce la CFE aunque sea mucho más cara (la producción de energía eólica cuesta una quinta parte de lo que cuesta la de combustión interna, según información de la propia CFE entregada a la CRE), pone la mesa para una crisis mayor en el sector.
En hidrocarburos, la suspensión de las subastas para los derechos de exploración y explotación de zonas del país para empresas privadas cortó de tajo la posibilidad de incrementar la producción de crudo. La acumulación de problemas de operación y financieros en Pemex, con rendimientos cada vez menores por la decisión de privilegiar la refinación sobre la exploración y producción, coloca a Pemex en una situación de quiebra técnica. Si a ello le aunamos los obstáculos que ha puesto el gobierno para estimular mayor competencia en el mercado energético, lo que deriva en subsidios crecientes, la situación financiera de la CFE y de Pemex es insostenible.
Y aquí viene lo que parece un grave dilema: para evitar el desabasto mediante la dotación de energía limpia suficiente, accesible y sustentable al país (a empresas, familias, gobierno, etc.), el gobierno tendrá que lidiar con Pemex, la CFE y sus sindicatos. Si decide hacerlo, necesariamente habrá una reducción del tamaño y funciones de las empresas “productivas” del Estado y una confrontación con los tres sindicatos (incluyendo al SME que sigue vinculado con la CFE), lo cual tendrá un alto costo económico y político. Si no decide enfrentar la situación, el gobierno en turno tomará tantos paliativos como pueda para evitar una crisis de desabasto energético mientras esté en el poder, pero más temprano que tarde ocurrirá, como sucedió en 1982, con las consecuencias de mediano y largo plazo que conocemos.
No está claro el futuro del abasto de energía, y más con las demandas de Canadá y Estados Unidos a México por presuntas violaciones al T-MEC. Lo que parece ineludible es que habrá una crisis de importancia antes de que el problema de desabasto de energías limpias se pueda solucionar.