En su último reporte, la organización civil Signos Vitales se hace las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los problemas esenciales que enfrenta México sin cuya solución es imposible avanzar a futuro? ¿Cuáles son aquellos problemas que, de no resolverse, entorpecen gravemente la solución de otros problemas que nos aquejan? Al hacer el diagnóstico del país, Signos Vitales encontró siete tumores que están haciendo metástasis (https://signosvitalesmexico.org.mx/reportes/). Estos son los siguientes:
Primero: Desprecio por la ley. La violación sistemática de la ley por parte del presidente y de numerosos altos funcionarios del gobierno federal rompe el Estado derecho indispensable para el funcionamiento ordenado del país, destruye las necesidades básicas de seguridad jurídica para ciudadanos, inversionistas y gobiernos, y ciudadanos de otros países.
Segundo: Debilitamiento de contrapesos democráticos. En las democracias modernas existen contrapesos entre los diversos poderes para evitar su acumulación en sólo uno de ellos. El presidente actual ha acumulado más poder que ninguno otro en décadas y ha eliminado, debilitado o neutralizado varios de los órganos constitucionalmente autónomos, e incluso la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este proceso socava los pilares de la democracia en México para dar lugar a un gobierno netamente autoritario. Esto permite, por ejemplo, realizar una elección de Estado en 2024 (utilización de todos los recursos del gobierno para ganar las elecciones).
Tercero: Militarización y apuntalamiento del autoritarismo. La concentración del poder en una sola persona ha sido acompañada de la cesión de poder del ámbito civil al castrense, entregándole funciones estratégicas para el control de la población, las entradas y salidas de personas y mercancías, el manejo de crecientes cantidades del presupuesto público e incluso la operación de negocios redituables. Esto pone en entredicho la gobernabilidad democrática debido a la opacidad en que actúan las fuerzas armadas (FFAA) y su escasa rendición de cuentas.
Cuarto: Política hacendaria y desmantelamiento de las capacidades del Estado. Al subordinar la política económica al equilibrio macroeconómico para mantener el tipo de cambio estable sin importar las consecuencias de los recortes presupuestales en la dotación de servicios básicos, este gobierno ha profundizado los problemas estructurales de las finanzas públicas (pocos recursos para necesidades crecientes), y las ha agravado aún más al inyectar recursos a Pemex y la CFE para paliar sus pérdidas. A pesar de la supuesta austeridad, la deuda sigue creciendo: 4.1 billones de pesos de 2019 a 2023.
Quinto: Precariedad de servicios de salud y educación. Los sistemas educativos y de salud han acumulado rezagos muy graves que afectarán a las siguientes generaciones. Si no se resuelven en el corto plazo, el daño será irreparable para millones de mexicanos. En salud, por ejemplo, la esperanza de vida disminuyó casi cuatro años, un retroceso de 30 años, y la falta de vacunación de niños y niñas anuncia el regreso de enfermedades que estaban ya eliminadas o al menos controladas. En educación, la pérdida de aprendizajes por el cierre de escuelas por la pandemia, su deterioro y el abandono escolar marcan ya a toda una generación de jóvenes que tendrá consecuencias de largo plazo para ellos y el país.
Sexto: El sector energético se está convirtiendo en un cuello de botella que pone en riesgo el futuro económico y ambiental del país. La producción petrolera seguirá disminuyendo a menos que se permita la inversión privada en aguas profundas cuya tecnología no existe en Pemex, al tiempo que su carga administrativa y estrategia hacia la refinación aumenta sus pérdidas. Para resolverlo, el gobierno en turno se enfrentará al dilema de racionalizar la estructura y operación de Pemex (y CFE) o enfrentar una crisis energética, ambos caminos con serias consecuencias políticas y económicas.
Séptimo: La crisis medioambiental. El estrés hídrico agudo, la mala calidad de los suelos y del aire, así como las consecuencias del cambio climático ponen en alto riesgo el presente y el futuro del país, y de amplios grupos de la sociedad. Por ejemplo, cada año mueren más de 30 mil personas por problemas relacionados con la mala calidad del aire, más de 85 por ciento de las ciudades sufren estrés hídrico y 10 millones de mexicanos no tienen acceso a agua.
Estos siete “tumores” se entrelazan entre sí y tienen implicaciones severas que impactan a la población. Un botón de muestra: el desacato a la ley ante resoluciones judiciales coloca a ciudadanos, empresas y al medio ambiente en la indefensión jurídica. Derechos de la población, como a una buena educación, queda lacerada por el desacato de las autoridades a la restauración de las escuelas de tiempo completo, el entrenamiento docente y un largo etcétera. Las pérdidas de inversión por el incumplimiento de la ley provocan pérdidas económicas y destruyen empleos que contribuyen a la perpetuación de la pobreza.
Quien sea que gobierne México a partir de 2024 tendrá que abordar estos siete problemas con decisión.