Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara
En su columna del pasado 13 de marzo (https://www.milenio.com/opinion/rogelio-ramirez-de-la/columna-rogelio-ramirez-de-la/la-politica-economica-en-esta-administracion), el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, describió su política económica y sus logros. De su lectura, se pueden destacar varias imprecisiones o incluso contradicciones con la realidad.
Primeramente, el secretario califica de exitosa la política económica de este gobierno basando su afirmación en que, a pesar de los embates externos como la pandemia y la guerra de Ucrania, el PIB en 2022 aumentó 3.0 por ciento. Es verdad que el año pasado el PIB continuó su recuperación de la caída del 8.0 por ciento que sufrió en 2020 por la pandemia y su pésima gestión pública, pero al final de 2022 su nivel sigue 1.0 por ciento por debajo del que había al iniciar el sexenio. El dato per cápita es todavía más serio, pues en 2022 es de 142 mil 30 pesos de ingreso nacional por habitante mientras que en 2018 era 147 mil 844 pesos anuales. Es decir, la producción de bienes y servicios por habitante es hoy 4.0 por ciento menos que al recibir el gobierno López Obrador.
El secretario afirma en su columna: “Aun con estos choques, los compromisos del presidente López Obrador se han mantenido firmes: reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables; no aumentar la deuda del sector público sobre el PIB, no incrementar impuestos o crear nuevos, limitar al aumento de la gasolina, a la tasa de inflación, reconstruir el sistema de salud, detener y revertir el debilitamiento del sector energético y aumentar la inversión pública…”. Algunos ejemplos de sus “imprecisiones”:
Con los datos disponibles de la ENIGH, sabemos que los programas sociales, fuera de la pensión universal, apenas se han mantenido en los niveles de otros sexenios y su distribución ha empeorado por la falta de focalización adecuada. En 2020, el 10 por ciento de los hogares con menores ingresos dejó de percibir el 32 por ciento de los ingresos por programas sociales que recibía en 2018, y el 80 por ciento de los ingresos adicionales fueron a parar al 50 por ciento más rico de la población.
El secretario Ramírez de la O presume, de nuevo, que el gobierno no ha aumentado la deuda del país al afirmar que “mantener a lo largo de estos años la deuda como porcentaje del PIB fue un primer acierto”, lo que contradicen fehacientemente las cifras publicadas por la propia Secretaría de Hacienda. En 2018 era el 44.9 por ciento, en 2022 llegó a 48.9 por ciento y se estima que en 2023 llegará a más de 50 por ciento del PIB. Sigue siendo una proporción manejable en comparación de muchos países, pero no es verdad que no haya aumentado, y cada vez más se acerca al récord que tuvo el gobierno de Peña Nieto en su endeudamiento. De hecho, ya el costo del financiamiento de la deuda llega a 3.1 por ciento del PIB, poco más de lo que se gasta en salud. En términos de billones de pesos, el saldo de la deuda pública pasó de 10.55 billones de pesos (bdp) en diciembre de 2018 a 14 bdp en enero de 2023. Sólo para este año el Presupuesto de Egresos contempla un aumento de 1.17 bdp.
El secretario alude con satisfacción la “contención” de la inflación mediante el aumento de los subsidios a la gasolina, que costaron 396.6 mil millones de pesos y que, por cierto, absorbieron los ingresos excedentes de petróleo por el aumento en sus precios internacionales (394.5 mil millones de pesos). ¿Cómo medir la efectividad y conveniencia de esa política económica cuando se sabe que el subsidio beneficia a la población con mayores ingresos, pues son asimismo los mayores consumidores de gasolina? El secretario afirma que ello impidió que la inflación fuera 4 puntos porcentuales más elevada. ¿Será cierto?
En cuanto al sistema de salud, y de acuerdo con los datos de Coneval, entre 2018 y 2020 casi 16 millones de personas adicionales perdieron acceso a los servicios de salud. Del 2020 a la fecha la apuesta gubernamental ha ido hacia IMSS–Bienestar, aún con dudosos resultados. Y la inversión pública que tanto se presume, de acuerdo con el INEGI, al tercer trimestre de 2022 (último dato disponible), la Formación Bruta de Capital Fijo Pública se encontraba en 433.4 mil millones de pesos (mmdp), mientras que ésta fue de 505.9 mmdp en el último trimestre de 2018. La inversión pública en capital fijo ha disminuido (–14.3 por ciento en términos reales) en lo que va de la reciente administración federal.
Por lo corto de este espacio no fue posible cubrir los demás dichos del secretario en su columna, pero estos ejemplos muestran que la realidad es diferente a la que plantea el gobierno. Es una pena que desde la secretaría de Hacienda se emitan versiones contrarias a la realidad, con sus propios datos. Pareciera que el deporte de decir mentiras o medias verdades del presidente López Obrador ya alcanzó a otros de sus altos funcionarios que se consideraban como los más serios.