Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
En un trabajo reciente sobre los ingresos por remesas a México, Signos Vitales (https://signosvitalesmexico.org.mx/economia/euforia-de-las-remesas-exodo-lavado-de-dinero-y-auge-economico/) puso sobre la mesa una serie de datos que no son fácilmente explicables y que, una fracción de ellos, podrían atribuirse a operaciones ilícitas. Esta hipótesis, apenas una hipótesis, con una estimación en todo caso aproximada, provocó diversas reacciones. Algunas personas querían saber un poco más sobre el fundamento de esa estimación y las preguntas que no se alcanzaban a contestar, otros rechazaron tajantemente la mera posibilidad que algunos de los fondos que llegan a México pudieran ser de origen ilegal.
La estimación de posible dinero ilegal se basa en el estudio de los municipios que reciben remesas en el país. Signos Vitales detectó que existen 227 municipios en México cuyos hogares (TODOS los hogares) recibieron más de una remesa por mes en 2022. Tomando solamente el monto recibido por esos municipios, encontramos que recibieron 4.4 mil millones de dólares (mmd) adicionales a lo que implicaría recibir una remesa al mes. Esta cifra es sólo una estimación gruesa de lo que podría ser excesivo y por tanto no explicable por factores sociales como la pobreza en el país o la ayuda que los paisanos recibieron durante la pandemia en Estados Unidos, parte de la cual mandaron a sus familiares en México.
Algunas de las personas que han cuestionado el reporte de SV argumentan que en México a los hogares que reciben remesas, 4.9 millones de hogares, les llegan poco más de dos remesas mensualmente, implicando que no es raro que haya municipios que reciban una remesa mensual. El detalle es que en esos 227 municipios referidos por SV son el 100 por ciento de sus hogares los que reciben más de una remesa cada mes. Si en esos municipios se recibieran dos envíos por mes y dado el número de remesas que reciben actualmente, implicaría que 72.7 por ciento de los hogares de esos 227 municipios reciben dos remesas mensualmente. Ese porcentaje de cobertura es tres veces más alto que lo registrado en la región Occidente y Bajío (región que recibe más remesas en el país), y más de cinco veces que el promedio nacional (ENIF 2021). Es decir, lo que sucede en esos 227 municipios está fuera de lo normal y hay mucho qué explicar.
Otros expertos han mencionado que es prácticamente imposible realizar operaciones ilícitas en el envío de las remesas debido a los estrictos controles administrativos establecidos en ambos lados de la frontera, que se requiere identificación plena de quien envía y quien recibe, y que hay vigilancia estricta de las autoridades. De acuerdo con los reportes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), existen 47 transmisores de dinero que operan actualmente en México. En 2017 se hicieron revisiones a 24 por ciento de esas entidades financieras (https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Transparencia-Focalizada/Documents/Informe%20Anual%202017.pdf), pero desde 2018 la tendencia fue a la baja. Así, en 2021 solo dos de ellas fueron supervisadas. En ese año fueron sancionadas 25 conductas indebidas por las cuales se pagaron multas por 11.2 millones de pesos (poco más de medio millón de dólares) (https://www.cnbv.gob.mx/TRANSPARENCIA/Documents/CNBV_Informe_Anual_2021.pdf), un monto insignificante en relación a los flujos de remesas (51 mil seiscientos millones de dólares).
Por otra parte, las instituciones financieras en nuestro país están obligadas a reportar al Banco de México los montos, el estado de procedencia (sólo si provienen de Estados Unidos) y el lugar de cobro. Estas instituciones dejaron de reportar el estado de procedencia por un monto de 927.1 mdd en 2022. Este fenómeno aumentó 332.5 por ciento entre 2018 y 2022, lo que implica que, a pesar de estos “controles estrictos”, no ha habido consecuencias para las instituciones que han incumplido con la normativa. De hecho, por retrasos en la información, proporcionar información incompleta o de plano no reportar, las instituciones transmisoras de dinero han sido acreedoras a sanciones que han sumado solamente 18.8 millones de pesos (menos de un millón de dólares) entre 2019 y 2023 (https://sanciones.cnbv.gob.mx/).
Finalmente, se ha argumentado que, si hubiera lavado de dinero vía las remesas, el gobierno de Estados Unidos ya lo habría reportado. Pues bien, en su último informe sobre evaluación de amenazas de la Comunidad de Inteligencia norteamericana, la oficina del director de Inteligencia Nacional del gobierno de Estados Unidos señaló que las organizaciones del crimen organizado “mueven y lavan ganancias ilícitas a través del contrabando de efectivo en grandes cantidades, la explotación de canales legítimos de remesas, compra de bienes raíces en Estados Unidos, depósitos estructurados, lavado de dinero basado en el comercio y transferencias electrónicas” (https://www.dni.gov/index.php/newsroom/reports-publications/reports-publications-2023/item/2363-2023-annual-threat-assessment-of-the-u-s-intelligence-community). Como puede observarse, el gobierno norteamericano, ahora sí, incluye en la lista de fuentes de lavado de dinero el envío de remesas a México. Ojalá nuestras autoridades expliquen lo que está pasando. Como diría Shakespeare, “algo está podrido en Dinamarca”.