Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
El evidente curso de colisión entre el presidente de la República (y Morena) y la Suprema Corte de Justicia es inexorable. El tablero está puesto y ya se han dado las primeras batallas que están subiendo de tono, sin fin a la vista. Ante los “decretazos” del presidente evidentemente inconstitucionales, la Corte ha respondido con la ley en la mano. Ante las reformas legislativas aprobadas por la mayoría oficialista en el Congreso y en el Senado en un vertiginoso fast track, la Corte, todo hace prever, echará para atrás la mayoría de estas reformas por problemas de proceso legislativo. La razón es simple: no cumplen la ley al atropellar los más elementales principios democráticos. Y así vendrán otros enfrentamientos, algunos ya anunciados, por la evidente inconstitucionalidad de las reformas aprobadas por la mayoría de Morena y sus aliados en diversos temas.
En estas batallas se necesita agregar un elemento adicional: el Poder Ejecutivo desacata las órdenes judiciales, lo que aumenta la tensión y en los hechos diluye la autoridad y el poder de la Suprema Corte de Justicia, como poder autónomo y parte fundamental del Estado mexicano. ¿Hasta cuándo? Como dijo Mauricio Merino en su columna de esta semana en El Universal (https://www.eluniversal.com.mx/opinion/mauricio-merino/la-solucion-final/): ”Si prospera la ofensiva, no sería necesario desmantelar a la Corte definitivamente. Bastaría con pasarle por encima, dejando en claro que cualquier sentencia que emita en contra de la voluntad del jefe del Estado, será ignorada mediante chicanadas jurídicas o, de plano, desacatada. Como la Corte no tiene el monopolio de la coacción ni la fuerza suficiente para someter al presidente por la vía de los hechos, el Ejecutivo podría seguir simulando el juego de la legalidad —esa que desprecia, mientras no le sea propicia— fingiendo que actúa contra los privilegios. Si aun así la Corte persistiera para hacer valer sus decisiones, el presidente doblaría la apuesta”. Y remata: “Muchas veces he escrito que López Obrador no rectifica. Y estoy convencido de que no se detendrá ahora, hasta humillar a la Corte. Y, entonces, morirá de éxito”.
El único camino que podríamos tener quienes creemos en la división de poderes, en el poder presidencial acotado, en que la ley es la ley, será la elección presidencial y legislativa de 2024. Esa será la oportunidad, quizá la última en una generación, en que podremos tener la posibilidad de defender nuestra democracia “híbrida” tendiendo a un régimen autoritario. Si Morena prevalece en las urnas en 2024, y ya lo amenazó López Obrador, irá por la Suprema Corte para tenerla bajo su manto y por el INE para controlar las elecciones. Y de pasada, al nuevo jefe del Ejecutivo. De ahí, pueden imaginarse lo que quieran sobre el futuro del país.
Y si en el mejor de los casos la oposición, entendida como ciudadanos contrarios al régimen, logra vencer a la maquinaria oficial, López Obrador doblará la apuesta. No aceptará los resultados de la elección y desacatará cualquier acto de la autoridad electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pretenda hacer valer la ley y con ella los resultados electorales. Es un escenario de confrontación total con el Poder Judicial y con muchos ciudadanos, por un lado, y el Ejecutivo, la actual legislatura y los ardientes seguidores de López Obrador por el otro. Y en esta confrontación, que seguramente llegará a las calles, las preguntas que siguen son: ¿dónde estarán los militares? ¿En qué bando se ubicarán? ¿Del lado de la ley o del lado del caudillo?
Por lo que hemos visto en este sexenio, abrigamos dudas fundadas que las Fuerzas Armadas vayan a estar con la Constitución, con el Estado mexicano. Este gobierno les ha dado dinero, mucho dinero, y negocios de toda índole y en cuantías inimaginables. Les ha dado atribuciones y control sobre los puntos neurálgicos y estratégicos del país. Y sobre todo, les ha dado total impunidad y protección, les ha permitido a las élites castrenses servirse con la cuchara grande (basta el caso de Luis Cresencio Sandoval como muestra) y violar la ley sin recato (como el espionaje ilegal, no sólo de ciudadanos defensores de los derechos humanos y periodistas sino también de altos funcionarios de la administración). La élite militar, cada vez definida de manera más amplia pues las prebendas son cada vez mayores, estará ante un dilema constitucional que, lamentablemente, quizás a esas alturas ya ni siquiera represente un dilema. Su decisión podría ser, muy probablemente, la de respaldar a López Obrador hasta el final. Y entonces, como dice el profesor Merino, morirá de éxito.