Universidad Iberoamericana de Puebla y Universidad de Guadalajara.
Las finanzas públicas de México han mostrado debilidad por decenios. Por muchos años su estabilidad recayó en los ingresos petroleros y los abusos que se hizo de ellos por el gobierno federal y por el sindicato de Pemex, en una mancuerna cuyo vehículo de adhesión era la preservación de privilegios a cambio de apoyo político al partido en el gobierno, bañado por corrupción.
La debilidad crónica de la hacienda pública radica tanto en su estructura de ingresos como en sus políticas de gasto. Los ingresos son insuficientes, con una base gravable especialmente baja por la informalidad, y con inequidades en la carga fiscal. Los egresos tampoco son suficientes para proveer los servicios públicos de calidad que requiere la población. Su estructura refleja prioridades políticas y poca previsión hacia el futuro, escasa transparencia y rendición de cuentas que asegure que cada peso de gasto público está bien gastado, y que haya escrutinio público suficiente. Finalmente, el financiamiento del gobierno está en su límite y existen focos rojos de su sostenibilidad en el mediano y largo plazos de seguir la política presupuestal actual.
La apertura de la economía mexicana, con un tipo de cambio flexible, ha obligado al gobierno mexicano en los últimos 25 años a privilegiar una estabilidad macroeconómica razonable que limitó excesos del gobierno que los mayores de 60 años sufrimos en carne propia en las crisis de 1976, 1982 y 1994-1995. Desde entonces, los déficits públicos han fluctuado en un máximo anual de 3.0 - 4.0 por ciento del PIB, lo cual ha sido hasta ahora manejable, con aumentos de la deuda pública año con año. La última ocasión en que el saldo de la deuda pública se redujo fue con la venta de activos y reprivatizaciones durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.
La estabilidad ha sido un objetivo del actual gobierno, lo cual es en principio positivo, pero ha sido a costa de recursos insuficientes para pagar por servicios públicos indispensables. A ello es necesario agregar el uso político del Presupuesto para acotar entidades del Estado incómodas para el gobierno (como el INE, el INAI y hasta el Poder Judicial de la Federación en estos días), al tiempo que otorga recursos ilimitados a las Fuerzas Armadas (además de más atribuciones y control de todo lo estratégico en la gobernanza del país a costa de principios democráticos elementales) y las obras emblemáticas del gobierno, en particular la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya. El abuso de la excepción a rendir cuentas y a la información pública por razones de “seguridad nacional” han colocado un velo de sombra y corrupción que es evidente, pero cuya magnitud desconocemos por la misma opacidad impuesta a la acción del gobierno federal. Con frecuencia nos enteramos de transferencias del gobierno a Pemex por los informes que tiene que presentar Pemex a la Securities and Exchange Commission, como apenas lo reportaron algunos medios.
El actual gobierno había mantenido una tendencia al endeudamiento similar a la registrada los dos sexenios anteriores, pero convirtiendo su deuda en dólares a deuda en pesos para reducir la vulnerabilidad ante choques externos, aunque encarece su servicio por ser mucho más altas las tasas de interés en pesos que en dólares. Por otro lado, el endeudamiento no ha sido acompañado por el fortalecimiento de los ingresos públicos que le permitan aumentar su capacidad de pago. Por ejemplo, en 2023 se requiere prácticamente toda la recaudación del IVA para el pago del servicio de la deuda pública. Además, el gobierno ha utilizado todos los fondos de reserva que se habían acumulado por años, incluidos los fideicomisos más variados y ahora hasta los del Poder Judicial. El monto de la deuda llega ya a cerca del 50 por ciento del PIB, que parece bajo cuando se compara con otros países, pero en realidad es muy alto dada la baja capacidad de recaudación que México tiene. Esta debilidad es conocida por los mercados.
Hasta 2023 había concordancia entre la política fiscal y la monetaria, en cuanto a que la “austeridad republicana” iba aparejada de una política monetaria restrictiva ante los inicios de las presiones inflacionarias. Esa concordancia se ha roto con el Presupuesto de 2024, que busca una expansión del gasto que no habíamos visto en 20 años, con un déficit de 5.4 por ciento del PIB y endeudamiento por casi dos billones de pesos, al tiempo que el Banco de México mantiene altas tasas de interés para paliar las expectativas inflacionarias. Con el Presupuesto aprobado, el gobierno ha mandado la señal de que la estabilidad macroeconómica se sostendrá hasta 2024. Después, ya será problema del nuevo gobierno. Este es un presagio peligroso porque esta película la hemos visto muchas veces los mexicanos.